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Estas son las ayudas que el Gobierno prepara para los jóvenes ante la imparable subida de los precios del alquiler

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El mercado del alquiler en España sigue presionando los bolsillos de los jóvenes. Tras años de incrementos continuos, el año 2025 cerró con un aumento interanual del 5,8% en los precios del alquiler, lo que supuso un nuevo récord en el encarecimiento de la vivienda. Según explican los analistas, aunque la tendencia al alza parece moderarse ligeramente, la carga económica para los inquilinos sigue siendo muy elevada y amenaza la capacidad de emancipación de quienes buscan independizarse. Este contexto genera preocupación entre familias y jóvenes, que ven cada vez más difícil planificar su futuro sin asumir sacrificios financieros importantes.

En enero de 2026, el Índice Inmobiliario de Fotocasa registró un incremento del 5,3% interanual, la subida más baja de los últimos 21 meses, situando el precio medio en 14,38 euros por metro cuadrado al mes. Sin embargo, esta desaceleración no significa alivio para los jóvenes. Expertos señalan que los precios han alcanzado niveles inasumibles para gran parte de la población y que esta moderación refleja simplemente la falta de capacidad de pago, no un equilibrio entre oferta y demanda. La consecuencia directa es que muchas personas retrasan su emancipación o se ven obligadas a compartir vivienda durante más años, aumentando la presión sobre los hogares familiares. Según Eurostat, la edad media de emancipación ya supera los treinta años de edad.

Ante esta situación, el Gobierno ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 medidas específicas para apoyar a los jóvenes y facilitar su acceso a la vivienda. Dentro de estas medidas destaca la nueva ayuda al alquiler con opción a compra, diseñada para incentivar a promotores y propietarios a ofrecer viviendas protegidas bajo este régimen. El plan busca que las personas jóvenes puedan acceder de forma progresiva a la propiedad, acumulando lo pagado en alquiler para descontarlo del precio final de compra. Esta medida también pretende dinamizar el mercado de vivienda protegida y ofrecer una alternativa más segura frente a los precios elevados del alquiler libre.

La ayuda de alquiler con opción de compra

La ayuda está destinada a viviendas de protección permanente y se concede a la persona propietaria de la vivienda, no directamente al inquilino. El contrato de alquiler con opción a compra debe incluir que todas las rentas abonadas durante el periodo de alquiler se descuenten íntegramente del precio final de la vivienda dentro de los límites fijados para las viviendas protegidas. Los inquilinos beneficiarios deben tener un máximo de 35 años al firmar el contrato, y si el inmueble se ocupa por dos personas, ambas deben cumplir este requisito. La norma también excluye a quienes ya poseen una vivienda en España, asegurando que la ayuda se dirija a quienes realmente necesitan acceder a una primera residencia.

Los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar los máximos establecidos para cada tipo de vivienda protegida y se verifican en el momento en que se ejerce la opción de compra. El contrato debe definir el precio final de la vivienda, la cuantía del alquiler y el plazo para ejercer la opción, que puede estar comprendido entre uno y tres años desde la firma del contrato. La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta 28.800 euros equivalentes a las rentas de alquiler pagadas, con un incentivo adicional máximo de 25.290 euros por vivienda. Esta doble ayuda busca hacer que el acceso a la propiedad sea viable incluso para jóvenes con ingresos modestos, combinando estabilidad y ahorro.

¿Cómo se concederá este apoyo económico?

Cada comunidad autónoma gestionará las convocatorias y podrá establecer requisitos concretos de ingresos y precios máximos. El propietario deberá presentar la solicitud junto con la documentación que acredite que los jóvenes cumplen los criterios de edad, ingresos y situación residencial. Esta ayuda permitirá a los jóvenes avanzar hacia la propiedad de manera progresiva y segura, ofreciendo un alivio concreto frente a los precios cada vez más elevados del alquiler y promoviendo un acceso más estable a la vivienda. Además, se espera que la coordinación entre Estado y autonomías facilite una distribución más eficiente de los fondos y aumente la cobertura de la ayuda.