El guardia civil acusado de fisgar en la base de datos policial la situación de su inquilino alega que lo hizo con su «autorización»

El agente de la Guardia Civil M.V.M. acusado de husmear en el fichero INTPOL datos personales de la persona a la que había arrendado un piso en Valladolid capital y del tío de éste, quien figuraba como avalista en el contrato, ha alegado este jueves que su entrada en la base informática la hizo con total «autorización» de ambos, que le habían dado su beneplácito para que hiciera las comprobaciones oportunas para cerciorarse de que eran personas de bien y solventes. El funcionario del Instituto Armado, destinado en Medina de Rioseco, se ha declarado inocente del delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos que le imputa el fiscal del caso--ha mantenido su petición de tres años y medio de cárcel e inhabilitación profesional por espacio de nueve años--al mantener que la consulta de datos de ambas personas en el referido fichero policial con carácter previo a la formalización del alquiler de la vivienda de su propiedad, sita en la calle Jacinto Benavente de Valladolid, como a posteriori, dos años después de que expirase el contrato, contó con la aquiescencia expresa de los investigados. De hecho, el guardia civil, en declaraciones recogidas por Ep, se ha referido al encuentro mantenido con su arrendatario y el tío de éste, a su vez avalista de la operación, varios días antes del 19 de julio de 2021, día de la firma del contrato, en el que las partes suscribieron un contrato de arras en el que el agente dejó reflejada dicha condición de servidor público. «Tanto Rubén como su tío Andrés me dijeron ya entonces que como era guardia civil podía hacer las comprobaciones necesarias para certificar que eran gente de fiar y que estaban garantizados los pagos», ha insistido M.V.M, quien incluso ha apuntado que su inquilino le pidió un día expresamente, poco antes de que venciera el contrato, que entrara en la base de datos para comprobar si contaba con alguna denuncia tras verse implicado en un accidente de tráfico. En el caso de su arrendatario, el agente consultó sus datos en cinco ocasiones, una de ellas ya expirado el contrato tras dejarle una serie de impagos y entonces descubrió que contaba con una denuncia por el hurto de teléfonos móviles en el Mediamarkt, mientras que respecto de su tío y avalista las entradas se elevaron a casi una decena, en todos los casos, como así ha insistido el funcionario, con el consentimiento de los dos. En ausencia en el juicio del denunciante, en paradero desconocido y posiblemente en EEUU, el tribunal tan sólo ha contado con la versión de los hechos facilitada por el tío del desaparecido, Ricardo Amador, quien ha corroborado el alegato exculpatorio del guardia civil al asegurar que desde un principio tanto él como su sobrino facultaron al funcionario husmear en sus datos personales para asegurarse de que eran fiables. «Soy fontanero, tengo clientes guardias civiles y no pongo ningún problema para que hagan las consultas que quieran porque no tengo nada que ocultar», ha explicado el avalista, quien, notablemente molesto con su sobrino, del que asegura no tener ya relación alguna, le ha calificado de «sinvergüenza» e incluso le ha reprochado haber denunciado al encausado. Pese a las versiones coincidentes del agente y del referido testigo y la petición absolutoria de la defensa, el fiscal del caso ha mantenido invariable su petición de condena al considerar acreditado que el primero realizó «accesos no justificados, un uso completamente ilegal de la base de datos reservados, sensibles y protegidos por la Constitución, vulnerando la intimidad informática de los dos perjudicados», prevaliéndose además de su condición de servidor público y sin que ninguno de ambos estuviera siendo investigado por la comisión de un delito.