El escándalo de las viviendas VPP de Alicante mueve al Gobierno a una inspección de datos en toda España

El escándalo por las adjudicaciones de Viviendas de Protección Pública (VPP) a cargos públicos y sus familiares en Alicante ha movido al Gobierno central a realizar una especie de inspección general en toda España de expedientes similares con el fin de prevenir otros fraudes. El caso de la polémica ya está bajo investigación judicial . La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez , ha anunciado que pedirá a las administraciones públicas su implicación para contar con datos públicos sobre la vivienda, como los de registros de fianzas, de demandantes y de la situación del parque público, con el fin de que no ocurra de nuevo lo acontecido en Alicante. «Ante el mayor problema que tiene la ciudadanía, ustedes construyen para repartirse sus casas», ha reprochado la titular de Vivienda al diputado del Partido Popular (PP) Sergio Sayas durante una interpelación en el Congreso de los Diputados este martes. Así, la ministra ha avanzado que de manera «inminente» constituirá una comisión técnica, solicitada por el Consejo Asesor de Vivienda, para contar con datos públicos en materia de vivienda, una demanda que, ha recalcado, también forma parte del Plan Europeo de Vivienda Asequible. Rodríguez ha afirmado que ya se ha dirigido a la Generalitat Valenciana para trasladar su «absoluto» rechazo a esta forma de proceder en la adjudicación de vivienda pública en Alicante y para exigirle «absoluta transparencia » en los procedimientos de adjudicación. También ha apuntado a la responsabilidad del expresidente de la Generalitat Valenciana por propiciar el caso alicantino. «Se preguntarán ustedes cómo ha podido ser esto, pues tampoco es casualidad: Mazón derogó una normativa que estaba para prevenir el fraude, precisamente para que estos chanchullos fueran posibles en la Comunidad Valenciana«, ha acusado. En concreto, se ha referido a que en estas promociones se eliminó la obligatoriedad de constar como demandantes en el registro de la Generalitat, es decir, no era necesario constar como demandante y bastaba con presentar una declaración responsable.