El plan secreto de Primo de Rivera para parar la Guerra Civil que rechazó la República y ocultó Franco

A José Antonio Primo de Rivera , uno de los principales artífices de la violencia política de los años treinta, la rebelión militar de 1936 le sorprendió entre rejas. Para ser más concretos, en la cárcel de Alicante, donde había acabado acusado de múltiples cargos como la posesión ilegal de armas. La sublevación fue para él un golpe durísimo, ya que aspiraba a encaramarse al poder como una suerte de salvador y a ocupar un lugar central en el nuevo proyecto de gobierno surgido tras el derrumbe de la Segunda República. Casi nada. En consonancia con esos planes, la inminente Guerra Civil representaba para él una catástrofe en todos los planos: político, social y humano. Quizá por ello, el líder de la Falange intentó mover los hilos que tenía a su disposición y valerse de su popularidad para detener la Guerra Civil que se barruntaba. Todo ello, mediante un plan tan curioso como práctico: mediar entre ambos bandos y formar un Gobierno de concentración en el que estuvieran representados la mayor parte de los partidos políticos de la época. La propuesta fue rechazada por la Segunda República , que le impidió reunirse con los generales sublevados. En honor a la verdad, tan real como que no se le permitió salir de prisión es que sus intentos habrían sido en balde. Así lo confirma su biógrafo más famoso, Joan María Thómas, en ' José Antonio. Realidad y mito ' (Debate). En primer lugar, por la mala relación que mantenía con Francisco Franco, pero también por el interés que había demostrado parte de la oficialidad sublevada en hacerse con el poder. Aunque, como se suele decir, nunca lo sabremos. Lo que sí cuentan los libros de historia es que, cuando plantaron al dictador los documentos escritos por el mismo Primo de Rivera, impidió su publicación. Pero vayamos paso a paso. Primo de Rivera diseñó su propuesta entre finales de julio y principios de agosto de 1936 , cuando entendió que el golpe de Estado no iba a dar sus frutos y que el país se dirigía a una extensa Guerra Civil . En palabras de Thomás, el líder de la Falange siempre había abogado por un impacto directo que obligara a la República a renunciar. Un 'crochet' a la mollera: «Quería evitar el ahondamiento de la fractura entre españoles que estaba representando el inicio de la contienda. Esto era lo contrario de lo que predicaba su fascismo: la reunión y unificación de todos los españoles para dejar de lado los partidos políticos divisores y la lucha de clases». En esencia, y tal y como se supo años después, José Antonio Primo de Rivera proponía la creación de un gobierno de concentración formado por políticos e intelectuales que hiciese guiños a 'hunos' y a 'hotros', que diría Unamuno . «Su idea era viajar a Burgos con el objeto de convencer a los generales golpistas de la necesidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la República tanto para el cese de las hostilidades, como para la constitución de un nuevo gabinete», añade el experto en su obra. Como garantía de que no se fugaría, tenía pensado dejar en prenda a varios de sus familiares directos, capturados poco antes del comienzo de la Guerra Civil. Como si algo tenía era tiempo, José Antonio dejó sobre blanco su propuesta en una serie de folios que todavía se conservan y que Jorge Trías Sagnier dio a conocer en este mismo diario hace algunos años. Su ofrecimiento comenzaba con una amnistía general para ambos bandos. A continuación, planteaba la «reposición de los funcionarios declarados cesantes a partir del 18 de julio»; en la práctica, un tirón de orejas a la Segunda República por haber apartado a muchos trabajadores bajo la sospecha de tener unas ideas similares a las de los sublevados. El tercer punto era el más controvertido para el Gobierno: «Solicito la disolución y desarme de todas las milicias. La existencia comprobada de grupos organizados militarmente hará recaer la responsabilidad sobre las asociaciones o partidos con los que se mantengan relación notoria». A continuación, incidía en la necesidad de levantar el estado de alarma; revisar las incautaciones hechas desde el estallido de la Guerra Civil; «suprimir toda intervención política en la administración de Justicia» y redactar un programa político «reconstructivo y pacificador». Los puntos más controvertidos fueron la autorización de la enseñanza religiosa (suprimida desde las reformas de Manuel Azaña años atrás) y la implantación de la ley de Reforma Agraria. En esencia, y tal y como él mismo escribió en los múltiples documentos que se hallaron en su celda, Primo de Rivera pretendía iniciar una etapa «de reconstrucción política y económica nacional sin persecuciones, sin ánimo de represalia» y que hiciera de España «un país tranquilo, libre y atareado». Sorprende la máxima, ya que, aunque él lo negó hasta el mismo instante en el que fue fusilado, la Falange había sido una de las organizaciones que más habían trabajado para construir un clima de violencia en la etapa previa a la Guerra Civil. Hecho que han corroborado hispanistas como el mismo Stanley G. Payne en sus muchas obras sobre el conflicto. La segunda columna sobre la que se sustentaba su propuesta era la creación de un gobierno de concentración que, según Thomás, «aplicara un programa que reforzara el estado de derecho». La idea era que estuviese formado por políticos de toda ideología: varios republicanos, un socialista, un catalanista, un conservador y dos intelectuales de reconocido prestigio entre la sociedad. También pensó en los nombres de los protagonistas, los cuales dejó escritos en un folio aparte, y en el cargo que ocuparía cada uno. Los más destacados eran Martínez Barrio como presidente; Melquíades Álvarez en justicia; Miguel Maura en marina; Ortega y Gasset en obras públicas o Marañón en trabajo y sanidad. La mayoría eran republicanos templados. Con todo, Thomás es partidario de que faltaban algunos miembros de la CEDA y del Partido Republicano Radical. Ambos, en palabras del autor, por la imposibilidad de hallar un moderado en sus filas. Lo que tampoco incluyó Primo de Rivera en el gobierno fue un solo militar sublevado. Y no por evitar tiranteces, sino porque estaba convencido de que eran «personajes de desoladora mediocridad política» y «reaccionarios». De hecho, en las bases de su propuesta especificaba de forma expresa que era necesario mantenerles al margen: «Hay que excluir, por razón histórica, a los nostálgicos de formas caducas y a los reaccionarios en lo económico social». Una vez bien atada, Primo de Rivera elevó su propuesta hasta las instancias más altas de la Segunda República en agosto, apenas un mes después del golpe de Estado. La solicitud la hizo por carta al entonces presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, mediante un sencillo mensaje: «Después de una detenida deliberación en conciencia y con la mira en el servicio de la España de todos, tan gravemente amenazada en los presentes días, me decido a solicitar una audiencia con usted. No sería difícil llevarla a cabo; podría trasladárseme una noche al Gobierno Civil, como si fuera a ser interrogado por el gobernador, y allí ser recibido sin que se enterase nadie». Hay constancia de que Martínez Barrio recibió la carta y de que, tras leerla, la comentó con el presidente del Consejo de Ministros, José Giral . Ambos se mostraron de acuerdo en que debían entrevistarse con Primo de Rivera, aunque ya por entonces no tenían claro si para poner o no en marcha aquella rocambolesca idea. Al final, seleccionaron al subsecretario Leandro Martín para la tarea. Este departió de forma extensa con el líder de la Falange el 14 de agosto. El barco no llegó a buen puerto; más bien se hundió sin haber llegado siquiera a aguas profundas. «Aunque no tenemos detalles del encuentro, sabemos que posteriormente el gobierno rechazó el plan y la proposición de acuerdo nacional de José Antonio», añade el historiador. Tiempo después de que José Antonio pasase por un juicio frente a los nuevos Tribunales Populares y fuese fusilado en el patio de la prisión de Alicante, el bando franquista tuvo constancia de su plan de concentración nacional. Huelga decir que a sus mandamases les cayó como una patada en la ingle. «El régimen nunca estuvo dispuesto a permitir que se conociese la existencia de la proposición y se esforzó por borrar cualquier rastro de la misma», añade Thomás. Los papeles fueron ocultados y las transcripciones llevadas a cabo por algunos investigadores, censuradas. «Aquello no cuadraba con la imagen mítica construida por los franquistas para poder ensalzar a su mártir más importante», finaliza el autor.