El PP alerta de un riesgo creciente en Canarias y pide una reacción inmediata del Estado
El incremento de buques con operativas opacas en aguas próximas a Canarias ha llevado al Partido Popular a exigir una reacción contundente del Gobierno. El diputado nacional por las islas, Juan Antonio Rojas, ha reclamado un despliegue permanente de medios aéreos y navales para reforzar la vigilancia en la Zona Económica Exclusiva, una competencia directa del Estado según la normativa internacional.
La advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación por la actividad de petroleros que navegan con escasa transparencia, lo que limita la capacidad de control y respuesta ante posibles incidentes. Desde el PP se insiste en que la vigilancia esporádica resulta insuficiente en un enclave clave para el tráfico marítimo internacional.
Una zona estratégica bajo presión constante
Canarias ocupa una posición central en las rutas marítimas que conectan Europa, África y América. Esta localización convierte a sus aguas en un punto de paso habitual para buques de gran tonelaje, incluidos petroleros que operan en los márgenes de la legalidad internacional.
Rojas ha subrayado que la Zona Económica Exclusiva del archipiélago no puede convertirse en un espacio vulnerable. La falta de presencia continuada de la Armada y de medios aéreos de vigilancia favorece prácticas que incrementan el riesgo de accidentes, vertidos y operaciones ilícitas.
Buques opacos y sistemas de localización inactivos
Uno de los principales problemas detectados es el uso de armadores con estructuras societarias poco claras y banderas de conveniencia. En numerosos casos, estos buques desactivan o manipulan el Sistema de Identificación Automática, dificultando su seguimiento en tiempo real.
Esta práctica, conocida en el ámbito marítimo como navegación sin señal, genera zonas de sombra en el control del tráfico y limita la capacidad de actuación de las autoridades españolas y europeas.
Riesgos ambientales y económicos para el archipiélago
Las aguas que rodean Canarias están catalogadas como Zona Marítima Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional, debido a su biodiversidad y a la fragilidad de sus ecosistemas. Un vertido de hidrocarburos tendría consecuencias directas sobre sectores clave como el turismo y la pesca.
Desde el PP se advierte de que un solo incidente grave podría generar un impacto económico duradero, afectando al empleo y a la imagen internacional del archipiélago como destino seguro y sostenible.
El contexto internacional y las sanciones energéticas
La proliferación de estas prácticas se ha intensificado tras la imposición de sanciones al petróleo ruso derivadas del conflicto en Ucrania. Para sortear los controles, algunas redes utilizan transbordos en alta mar y mezclas de cargamentos que dificultan el rastreo del origen del crudo.
El Atlántico oriental se ha convertido en un espacio propicio para estas operaciones debido a la amplitud de sus aguas y a la falta de una vigilancia permanente en determinadas zonas.
Más medios y coordinación efectiva entre organismos
La propuesta del diputado popular se articula en torno a dos ejes. Por un lado, el refuerzo estable de la presencia de la Armada Española mediante buques de patrulla y unidades aéreas. Por otro, una coordinación operativa real entre Defensa, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y las autoridades autonómicas.
El objetivo es establecer protocolos claros que permitan actuar con rapidez ante buques al pairo, transferencias irregulares o apagados deliberados de sistemas de localización.
Presencia disuasoria como elemento clave
Desde el PP se insiste en que la simple observación por satélite no resulta suficiente. La experiencia internacional demuestra que la presencia física y continuada de medios navales actúa como elemento disuasorio frente a actividades irregulares.
Rojas ha señalado que el aumento del tráfico de alto riesgo exige un refuerzo proporcional de los medios humanos y materiales destinados a Canarias, acorde a su relevancia estratégica.
Una advertencia directa al Gobierno
El mensaje trasladado al Ejecutivo es claro: la protección de las aguas canarias no puede depender de actuaciones puntuales. Requiere planificación, inversión sostenida y una visión estratégica a largo plazo.
El diputado concluye que garantizar la seguridad marítima del archipiélago equivale a proteger su futuro económico, ambiental y social, evitando que la inacción convierta a Canarias en un punto débil del control marítimo español.