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Un pueblo de Segovia declara 'persona non grata' a Óscar Puente: le exigen pagar el arreglo de una carretera del Estado

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El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) ha declarado 'persona non grata' al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a propuesta de una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular.

Así ocurrió ayer, cuando el Pleno del Consistorio acordó por mayoría otorgar este (des)reconocimiento al político castellanoleonés. El motivo es la reclamación de casi 600.000 euros que el Ministerio de Transportes reclama al Ayuntamiento de El Espinar para cubrir los gastos de la reparación del socavón que se produjo en la carretera nacional que atraviesa el municipio en marzo de 2025, a la altura de la travesía de San Rafael. Una vía de titularidad estatal que, sin embargo, el Estado quiere que pague el Ayuntamiento.

Precisamente este es el conflicto: el Consistorio sostiene que dada su titularidad el arreglo es responsabilidad del Ministerio, por lo que los gastos deben correr a su cargo. "Este ayuntamiento no causó ese hundimiento y, por tanto, no debe pagar esa reclamación", argumentó el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo.

¿Qué supone ser declarado persona non grata?

En el ámbito diplomático, ser declarado persona non grata no supone más que una mera desaprobación formal por parte de un Estado o institución. La medida, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, permite al país receptor manifestar que un representante extranjero ha dejado de ser aceptable en su territorio, sin necesidad de ofrecer explicaciones públicas.

En la práctica, esta declaración supone que la persona afectada debe abandonar el país en un plazo razonable. De no hacerlo, el Estado puede retirarle el reconocimiento oficial, lo que conlleva la pérdida de inmunidades y privilegios diplomáticos. Por ello, la figura de la persona non grata es considerada una expulsión diplomática de alto contenido político, habitual en contextos de tensión entre países.

Sin embargo, no es el único significado que tiene. Fuera del ámbito estrictamente diplomático, dentro de la política la expresión también se emplea en resoluciones aprobadas por parlamentos, ayuntamientos u otras instituciones. En estos casos, la declaración tiene un carácter simbólico o político y no conlleva consecuencias legales directas, como sanciones o prohibiciones de entrada, aunque sí busca dejar constancia de un rechazo institucional.

Así, ser declarado persona non grata significa que una persona deja de ser bienvenida en un determinado territorio o institución, con efectos jurídicos inmediatos únicamente cuando la medida se adopta en el marco del derecho internacional diplomático.