Reforma descafeinada de las 40 horas: nadie quedará contento

En los próximos días en comisiones del Senado comenzará la discusión de la iniciativa que recorta la jornada laboral semanal, mejor conocida como la reforma de las 40 horas. Una reforma que no dejará contento a nadie, a pesar de ser un avance en cuanto a derechos de los trabajadores.

Y es que la iniciativa, presentada en Palacio Nacional el 3 de diciembre con bombo y platillo y presumida como un consenso entre gobierno y sector privado, llegará al Congreso más que descafeinada. De entrada, la reducción de 48 horas a 40 a la semana será en un largo proceso gradual, dos horas menos cada año a partir de 2027 hasta llegar a 40 horas en 2030. Eso no gustó nada a los impulsores de la modificación.

Además, uno de los objetivos primordiales del proyecto, que es contar con dos días de descanso obligatorios a la semana, simplemente no se incluyó, se queda en “al menos un día”, lo que llevó a Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, partido promovente de ese cambio, a calificar de “simulación” el acuerdo anunciado y exigir “40 horas, ¡ahora!”.

El Frente Nacional por las 40 horas consideró que la propuesta “es un fraude”. Apenas el lunes denunciaron que “nos pretenden imponer un esquema de explotación y de precarización laboral peores de los que tenemos actualmente”.

No hay duda de que la reforma es necesaria. México es el primer lugar de los países de la OCDE con más horas de trabajo al año por empleado, con un total de 2 mil 193, cuando el promedio es de mil 735. Lo peor es que más horas de trabajo no se traduce en mayor productividad, pues, también según la OCDE, México es el penúltimo lugar en productividad laboral, sólo después de Colombia.

Pero no sólo del lado de los promoventes de la reforma hay quejas, pues si bien las cúpulas empresariales dijeron estar de acuerdo, la verdad es que tampoco están muy conformes.

“Creemos que cualquier ajuste de esta materia debe estar alineado con las capacidades económicas de las empresas, su estructura, orientación y ramo de actividad, y la necesaria revisión de los eventuales incrementos en costos laborales y posibles efectos negativos sobre la productividad”, acotó Francisco Cervantes, entonces presidente del CCE, en la mañanera del 3 de diciembre.

“Necesitamos el respaldo fiscal del Estado para sostener la formalidad y evitar despidos”, advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco.

Los avances en derechos laborales, como el alza al salario mínimo –que durante décadas fue tabú y se combatió con el fantasma de la inflación como un crucifijo exorcizador– o los 12 días de vacaciones al año, son vistos por un sector del empresariado como afectaciones a las que ahora se suma la reducción de la jornada.

Si el sector patronal accedió a acompañar esta propuesta no fue de gratis, esas dos concesiones, excluir los dos días de descanso y la gradualidad hasta 2030, fueron sin duda condiciones para que la IP cediera.

Ahora, ¿sería viable recortar de un día para otro la jornada a 40 horas a la semana? Óscar Ocampo, del Imco, nos dice que no. “Estamos hablando de una reducción de 16.7%. Tiene que ser gradual, porque un incremento así de golpe sí sube el costo de una forma importante y desincentiva a las Pymes para que se vayan a la formalidad”.

Considera que una alternativa para amortiguar el trancazo sería flexibilizar el acceso a la seguridad social, por ejemplo incentivar la contratación por hora.

Pero ante ese argumento de los patrones, de que deberán contratar trabajadores temporales para cubrir ese faltante de horas, la diputada de MC Patricia Mercado comenta a esta columna que “la ecuación: ‘muchas horas de trabajo = productividad’ no ha funcionado en los últimos 30, 40 años. (...) ¿Por qué no aceptar que uno de los elementos que hace a nuestra economía y a nuestras empresas mediocres es que quieren seguir basadas en la sobreexplotación por horas de trabajo?”.

La gradualidad es una cosa que se veía venir, pero lo que más sorprendió a los naranjas es que todas las iniciativas en el Congreso hablaban de dos días de descanso, y la propuesta de Palacio sólo de uno.

Mercado recuerda que somos el primer país de la OCDE en estrés laboral, y si se aprueba así la iniciativa, los trabajadores van a seguir padeciéndolo, y “ello lo que provoca es no solamente ausentismo, sino también presentismo –están pero no están–, además de problemas de salud mental y física”.

En ese sentido, la senadora Alejandra Barrales nos comenta que los empleados necesitan un descanso óptimo para ser más eficientes y así aumentar su productividad. Por ello la emecista plantea la necesidad de abrir una discusión nacional sobre cómo mejorar los esquemas de productividad en el país.

Ajustar la propuesta para cumplir con el objetivo de un descanso reparador implicaría que la IP retire el apoyo y vuelva a su discurso amenazante de recortar empleos y caer en la informalidad. Por ello la ‘4T’ no permitirá mover una coma, para no generar fricciones con empresarios y seguir pregonando el supuesto consenso.

También es cierto que ante un crecimiento tan magro como 0.7% en 2025 según INEGI, y una creación de empleos tan baja: 278,697 (segunda cifra más baja para un año en la última década sin contar el año de la pandemia), o peor aún, tan sólo 72,176 puestos netos, si no se considera la formalización de trabajadores de apps, tampoco es que la situación para los empleadores sea muy holgada como para soportar sin merma estos cambios.

El punto es que toda reforma tiene un costo, pero como suele ocurrir, siempre es el trabajador –o el consumidor o el usuario, según sea el caso– el que está condenado a asumirlo.