Magistratura inicia 16 procesos penales contra jueces por favorecer a la corrupción
El Consejo de la Magistratura en Cochabamba inició 16 procesos penales contra jueces y vocales y otros 72 disciplinarios contra administradores de justicia por presuntos hechos de corrupción.
La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó este miércoles que durante la gestión 2025 se iniciaron los procesos penales por distintos delitos, entre ellos consorcios entre fiscales y jueces, uso indebido de influencias, retardación de justicia y uso indebido de bienes del Estado.
“Se ha iniciado alrededor de ocho procesos penales exclusivamente contra jueces y vocales por delitos de corrupción”, señaló Alcocer.
Asimismo, indicó que existen otros procesos penales que ya derivaron en resultados concretos, como el alejamiento de jueces que “realizaban sus actividades en desmedro de la función judicial”.
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Alcocer precisó que los procesos no solo alcanzan a jueces y vocales, sino también a autoridades de Derechos Reales, administradores del sistema informático y otros funcionarios públicos que trabajan en el Órgano Judicial y que incurrieron en actuaciones irregulares que motivaron el inicio de acciones penales.
Además, informó que durante la gestión 2025 se iniciaron 72 procesos disciplinarios por faltas establecidas en la normativa del Órgano Judicial, cometidas tanto por jueces como por servidores de apoyo judicial.
“Si bien hasta la fecha no todos los procesos cuentan con una resolución final que determine sanciones como la suspensión de jueces o servidores judiciales, estamos realizando el seguimiento correspondiente y, en el transcurso de esta semana, se remitirá a sala plena un ajuste y modificación a los procesos disciplinarios”, explicó.
La autoridad señaló que el objetivo es hacer más efectivos los procesos disciplinarios, acortando los plazos y estableciendo un trámite más sumario para lograr resultados más eficientes.
Además, informó que en la presente gestión se abrieron dos procesos penales por el delito de prevaricato, ante una alta incidencia de irregularidades en el Órgano Judicial de Cochabamba.
“Se insta a los jueces a trabajar con compromiso hacia la sociedad y con apego a los principios éticos que rigen la justicia, a fin de brindar seguridad jurídica y legalidad”, mencionó.
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