El acusado de tratar de comprar a un alcalde para no demoler una obra ilegal pacta una condena de dos años de cárcel

Visto y no visto, el juicio con jurado popular que iba a comenzar este miércoles para enjuiciar un delito continuado de cohecho no ha llegado a celebrarse con motivo del acuerdo alcanzado a última hora entre las acusaciones pública y popular y el encausado, S.L.G, quien se ha conformado con una condena de dos años de cárcel tras reconocer que intentó comprar al alcalde de San Vicente de Palacio (Valladolid) para que hiciera la vista gorda y no le obligara a demoler una obra ilegal. La sentencia de conformidad por el delito de cohecho recogida por Europa Press, en la que se aplica al oferente confeso de la dádiva la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, incluye, además de la citada pena privativa de libertad, el pago de una multa de 1.620 euros e inhabilitación especial durante un tiempo de seis años, frente a las peticiones de tres años y medio de cárcel, multas de entre 2.160 y 2.880 euros e inhabilitación especial por tiempo de entre nueve y diez años que solicitaban inicialmente la Fiscalía y el Ayuntamiento de San Vicente de Palacio, personado en la causa como acusación popular. El acuerdo alcanzado en los pasillos del edificio judicial ha hecho innecesaria la selección y correspondiente constitución del jurado popular cuyos integrantes tenían que analizar los hechos y emitir el veredicto. El magistrado presidente del tribunal sentenciador, en este caso de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, ha anticipado por tanto el fallo que ya es firme y que cierra hechos que tienen su génesis en el año 2013, cuando el día 11 de febrero un decreto de Alcaldía paralizó las obras de ejecución del talud que había realizado la empresa Valcárcel, encargada de la explotación de la gasolinera ubicada en la autovía A-6 en dicho término municipal, por carecer de proyecto. El enfrentamiento entre ambas partes derivó en un contencioso-administrativo iniciado por la mercantil, si bien dicho proceso concluyó con una sentencia que mantenía la obligación de demoler el talud realizado para la instalación de unas placas solares. La negativa a cumplir el fallo motivó incluso la imposición de varias multas coercitivas por parte del Consistorio de San Vicente de Palacio. Sin embargo, el delito de cohecho se habría produjo los días 9 y 10 de febrero de 2021, fechas en las que el primer edil de San Vicente y el acusado tuvieron varias conversaciones en las instalaciones de la gasolinera en cuyo transcurso S.L.G. ofreció al primero dinero a cambio de que hiciera la vista gorda y no apremiara a la empresa para que demoliera la obra. «No seas bobo, que estas cosas se arreglan con dinero negro, mira para otro lado«, es lo que el acusado trasladó el día 9 de febrero al alcalde, a quien al día siguiente, en una segunda visita de éste al área de servicio, realizó la misma propuesta pero ya con una cantidad concreta. El ya condenado indicó al regidor que consultaría con el dueño de la empresa y su hija la cantidad a abonar pero ya anticipó que se podría llegar hasta los 7.000 euros, casi la mitad de los 15.000 que costaba la demolición de la obra. El ofrecimiento fue rechazado por el alcalde de San Vicente, quien además presentó denuncia por estos hechos.