La fundación de José María Aznar ante el boicot del ciclo 'Letras en Sevilla': «Reescribir la Guerra Civil es imperdonable»

La fundación FAES que preside José María Aznar se ha pronunciado este martes sobre la polémica sobre el aplazamiento del ciclo 'Letras en Sevilla' que se iba a desarrollar esta misma semana en la sede hispalense de la Fundación Cajasol. La presencia del expresidente del Gobierno en el cartel de la jornadas organizadas por Jesús Vigorra y Arturo Pérez-Reverte titulada '1936. La guerra que todos perdimos', junto con la de Iván Espinosa de los Monteros, fue tomada como pretexto por el escritor David Uclés para rechazar a última hora su participación en un encuentro para el que ya se había comprometido meses atrás. A esta renuncia se sumaron otros invitados de izquierda convocados para la cita. Ante la amenaza además de un escrache en la puerta de Cajasol por parte de grupos radicales, los coordinadores optaron por la suspensión temporal de esta undécima edición. Ayer explicaron ante la prensa la cronología de los hechos y anunciaron la nueva fecha: del 5 al 9 de octubre, un día más de lo inicialmente previsto y, esperan, nuevos invitados. En esta semana larga en la que han corrido tantos ríos de tinta, faltaba por conocer la opinión de la figura que, según Uclés, ha originado la polémica. Hasta este martes, y a través de la fundación creada por el político. En un comunicado, ha lamentado que se usara a José María Aznar como una «justificación del boicot». A su entender, es «imperdonable» el intento de la izquierda de «reescribir» la Guerra Civil con fines partidistas. «Nada más nocivo para la concordia que el intento de volver a 1936 para rescatar con fines partidistas nuestro último naufragio colectivo , como si durante noventa años el frente se hubiese congelado y hoy pudiera presentarse a competidores democráticos como herederos directos de los bandos en guerra», señala la fundación que preside Aznar en un editorial titulado 'No a la guerra', continúa el escrito. Según FAES, la suspensión de las jornadas (de la que se cayeron además A ntonio Maíllo, María Márquez, Paco Cerdá, la historiadora Zira Box y Carmen Calvo ) ha sido atribuida, a una «campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes». «El anunciado concurso del presidente Aznar ha querido presentarse como justificación del boicot por aquellos que entienden el intercambio libre de opiniones como provocación intolerable», añade la fundación. Según subraya, en la España de hoy «el sectarismo tronado que revienta espacios de diálogo es fruto de una cosecha sembrada a conciencia» y su origen se remonta al momento en que «una izquierda hasta entonces institucional decidió impugnar la Transición», decretando «una historia oficial que arrojar al adversario». «Se quiso sustituir el trabajo de los historiadores confundiendo Parlamento y Comunidad académica, para que la política reescribiese la historia; cuando su verdadero cometido consiste en garantizar que los historiadores debatan con libertad la interpretación y el alcance de los hechos que estudian», afirma FAES. Tras asegurar que la izquierda ha querido «justificar su política memorial apelando a una necesidad de justicia reparadora», destaca que antes de 2007 -fecha de la primera Ley de Memoria histórica- «ya se habían reparado muchas cosas». Así, recuerda que la reconciliación nacional «era un hecho consagrado jurídicamente en la Ley de Amnistía de 1977 y traducido política e históricamente en una Transición que culminó en una Constitución de consenso». Además, destaca que con el PP de Aznar se aprobó en 2002 en el Congreso por unanimidad la Declaración del 20 de noviembre «condenando la represión de la dictadura y pidiendo reconocer los derechos de los exiliados». Antes, prosigue, el primer Gobierno Aznar ya había promulgado la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939. FAES ha señalado que «nadie opuso impedimento alguno» para que los descendientes y familiares de los asesinados en los dos bandos durante la guerra y en los primeros años de la dictadura recuperasen los restos de sus familiares, ni para que, en esa tarea, pudieran contar con el apoyo económico del Estado. «Lo que ocurre es que quienes impulsaron las nuevas políticas de memoria, no trataban, en el fondo, de reparar derechos conculcados», afirma, para añadir que querían «reparar el pasado» y «reescribirlo» tal y como «debiera haber sucedido en su imaginario». Según la fundación, ese no es un propósito que debiera perseguir un gobernante «responsable, custodio de nuestra reconciliación nacional». «Todavía peor es haberla querido comprometer por un bajo interés partidista: eso es literalmente imperdonable. Aquí sí procede gritar, sin vacilación alguna, alto y claro: NO A LA GUERRA», concluye, en alusión a las manifestaciones que se produjeron en 2003 contra la implicación de España en la guerra de Irak.