Más de una decena de delitos y Adif en la diana: la derivada judicial de la tragedia de Adamuz
La tragedia de Adamuz se prepara para iniciar su recorrido judicial. El siniestro ocurrido el domingo 18 de enero que ha dejado un total de 45 personas fallecidas ha recalado en el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) en forma de un aluvión de denuncias y querellas. A falta de que las víctimas se organicen para litigar en el procedimiento, las actuaciones arrancan ya con el foco puesto en altos cargos de Adif por más de una decena de delitos, entre los que se destacan homicidio imprudente, lesiones y contra los derechos de los trabajadores.
Al igual que ocurriera con las muertes del coronavirus, la dana de Valencia o el apagón de abril del año pasado, denunciantes y víctimas confían que este procedimiento sirva no solo para depurar responsabilidades penales, en caso de que las hubiera, sino especialmente para conocer las causas reales que propiciaron el descarrilamiento del tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid y su colisión con un tren Alvia de Renfe que venía de frente.
Por el momento, el juzgado ha canalizado una decena de denuncias, provenientes, en su gran mayoría, de asociaciones y partidos políticos. No obstante, se espera que el volumen aumente considerablemente cuando las víctimas y sus familiares se organicen para personarse o bien de manera individual o bien mediante colectivo como acusación particular. Ello propiciará casi con total seguridad la unificación de acusaciones, especialmente las populares, para evitar dilaciones en un procedimiento que se antoja largo y complejo.
Asociaciones denunciantes
Hasta la fecha destacan las denuncias de Manos Limpias, Liberum (asociación que la ha reconvertido en querella), la petición de personación de Iustitia Europa o Hazte Oír o la querella interpuesta por Vox. Se trata de entes que ya ejercen la acusación popular en otros procedimientos especialmente mediáticos como el caso Koldo, las causas contra David Sánchez y Begoña Gómez, hermano y mujer del presidente del Gobierno, respectivamente. El Partido Popular, por su parte, no ha entrado en la vía judicial y se ha limitado a pedir la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre lo ocurrido. De no hacerlo, la forzarán en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.
Las mismas se dirigen en su mayoría contra altos cargos de Adif, por ser el gestor de la red ferroviaria. Así, destaca, por ejemplo, la querella de Vox contra Isabel Pardo de Vera y Marco de Peña, expresidenta y actual responsable de la empresa pública, respectivamente, por un total de ocho delitos, entre los que se encuentran delito de homicidio imprudente por imprudencia grave, infracción muy grave del deber de cuidado, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y exacciones legales, en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas.
La asociación Liberum, por su parte, transformó la denuncia en querella que dirige directamente contra el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), Pedro Lekuona; el director Corporativo de Seguridad en la Circulación de Adif, David Gómez Rey; el subdirector de circulación de Alta Velocidad de Adif, Francisco Martín, y "cualquier otro sujeto (del) que se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño". La querella, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se hace eco de las advertencias lanzadas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) en agosto del año pasado hacia los querellados en la que les expresaron su preocupación por el estado general de las vías, así como las incidencias registradas a diario.
Pendiente de los peritajes y las cajas negras
La asociación precisa que el tramo accidentado se encontraba en los alertados por el sindicato y que, pese a las advertencias, "omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado". Por ello, añaden los delitos de lesiones por imprudencia grave para cada uno de los heridos en la tragedia y, también, un delito contra los derechos de los trabajadores, al no facilitar los medios necesarios para que los maquinistas y resto de tripulación "desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas".
Por su parte, Hazte Oír ha solicitado su personación en la causa razonando que es "imprescindible que se determinen todas las responsabilidades", mientras que Iustitia Europa anunció también su personación como acusación popular en la causa "para impulsar todas las diligencias de investigación que resulten necesarias". Su presidente, Luis María Pardo, declaró que ha utilizado "en numerosas ocasiones" la línea Málaga Madrid para acudir a la sede de la asociación y que en dichos viajes experimentó situaciones "objetivamente preocupantes" que le llevaron a dejar de coger esta línea.
Con todo, el foco está puesto ahora en las víctimas y los familiares de los fallecidos que, al igual que ocurrió con el accidente de Angrois o con el del avión de Spanair en Barajas, se unirán en asociaciones para litigar en el procedimiento. En su caso, al tratarse de perjudicados directos, se les otorgará el estatus de acusación particular. A falta de que se produzcan estas personaciones, la Guardia Civil ya ha movido ficha y ha entregado un primer informe preliminar sobre las primeras pesquisas del accidente. Las mismas se han centrado en recoger los datos genéricos del suceso, como las fotografías del siniestro, o el testimonio del maquinista de Iryo, que fue el primero que advirtió sobre el descarrilamiento, en llamada telefónica al centro de mando de Adif en Atocha.
Angrois o el aceite de colza: los antecedentes
No obstante, las pesquisas continúan y ahora la Policía Judicial profundizará en las causas del siniestro, que ya apuntan al estado de las vías como causante de lo ocurrido, tal y como señaló la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en su informe. En ese sentido, será determinante el análisis de las "cajas negras" de los trenes así como de nuevos indicios que aparezcan durante la instrucción. Con todo, se prevé que una investigación larga y compleja, como ocurrió con el accidente de Angrois el 24 de julio de 2013 o la tragedia del aceite de colza. Las víctimas tuvieron que esperar once años para conocer el fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, pro el que se condenó al exmaquinista del Alvia y al que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif. Hace apenas unos días la Audiencia Provincial de A Coruña resolvió los recursos de apelación y corrigió parcialmente el fallo inicial al absolver al exalto cargo de la empresa pública.
En relación con el aceite de colza, la derivada judicial se zanjó 16 años después mediante un pronunciamiento inédito del Tribunal Supremo que obligó al Estado a indemnizar a todos los afectados (más de 30.000) como consecuencia de esta intoxicación, considerada la más grave de la historia de España.
En este tipo de casos las instrucciones se suelen alargar tanto por la complejidad de la investigación (en el marco de la cual se presentarán peritajes independientes del juzgado y de las partes) y, también, por el volumen de partes personadas.