Covite denuncia la concesión de un nuevo tercer grado "fraudulento" al etarra Asier García

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión de un nuevo tercer grado "fraudulento" al miembro de ETA Asier García Justo. Una decisión que las víctimas atribuyen a la izquierda abertzale, cuyo único objetivo es vaciar las cárceles de etarras sin exigirles el arrepentimiento real que la legalidad vigente establece como requisito para acceder al régimen de semilibertad. "Lo que estamos viendo es la culminación de la última exigencia de ETA y de la izquierda abertzale que queda por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos, y cuyas consecuencias estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares", ha denunciado Consuelo Ordóñez, presidenta de este colectivo.

Asimismo, las víctimas alertan de la "enorme prisa" con la que se están concediendo estos terceros grados. "Apenas una semana después de que se otorgaran los dos últimos, el Gobierno vasco vuelve a conceder otro más, confirmando una dinámica de aceleración que evidencia la voluntad política de normalizar privilegios penitenciarios a los presos de ETA que siguen vinculados a la izquierda abertzale, al margen del cumplimiento efectivo de la ley", subrayan desde Covite.

Desde el colectivo de víctimas aseguran que Asier García Justo continúa plenamente vinculado al entorno político y social de la izquierda abertzale, ya que figura en la última lista actualizada de Etxerat —de fecha 30 de diciembre de 2025— asociación que agrupa a los presos de ETA adscritos a la órbita de SORTU y EH Bildu, a los que siguen presentando como "presos políticos". Además, este miembro de ETA también fue exhibido públicamente en actos de exaltación como la Itxas Martxa de Plentzia, un festival anual caracterizado por la exhibición explícita de etarras no arrepentidos, tanto del entorno de EH Bildu como de la disidencia.

Maniobra judicial de los etarras

No obstante, señalan que el hecho de que en este último año no haya sido exhibido de forma tan visible como otros miembros de ETA no responde a ningún proceso de desvinculación del entramado de la izquierda abertzale, sino a una estrategia política y judicial, dado que García Justo tenía entonces un juicio pendiente por el atentado contra la periodista Aurora Intxausti y su marido, Juan Palomo. "La invisibilidad puntual no puede confundirse con arrepentimiento; es una táctica coyuntural", advierten.

Según explican desde el colectivo, al igual que en otros casos recientes, la progresión al tercer grado se sustenta en una carta manuscrita privada en la que el preso expresa fórmulas genéricas de reconocimiento del daño causado, empatía hacia las víctimas, renuncia a la violencia y compromiso con vías pacíficas. Los informes penitenciarios también aluden a factores como la buena conducta en prisión, la participación en programas de tratamiento, el apoyo familiar, hábitos laborales o la posibilidad de empleo. Sin embargo, Covite insiste en que ninguno de estos elementos sustituye el requisito legal esencial de los signos inequívocos y verificables de arrepentimiento.

"El artículo 90 del Código Penal no exige textos retóricos ni reflexiones privadas, sino hechos objetivos que acrediten un arrepentimiento sincero", denuncia Consuelo Ordóñez. En este sentido, ha recordado que el arrepentimiento implica necesariamente la ruptura con los entornos políticos y sociales que siguen justificando públicamente la trayectoria criminal de ETA. "No se puede estar en las listas de Etxerat, ser exhibido por la izquierda abertzale y, al mismo tiempo, estar arrepentido, puesto que la izquierda abertzale prohíbe a todos los presos de ETA arrepentirse desde hace muchos años, y cada cierto tiempo se encargan de recordarlo públicamente", ha subrayado.

Desde Covite han reiterado que comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo: cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale. Es más, Consuelo Ordóñez ha criticado que "si tan sincero es ese supuesto reconocimiento del daño, ¿por qué esas cartas no se hacen públicas, en lugar de quedar escondidas en un expediente administrativo? Estas cartas son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten sistemáticamente las palabras".

Finalmente, la presidenta de este colectivo de víctimas ha señalado también la responsabilidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta dinámica de impunidad, ya que es la única institución competente para recurrir los terceros grados y no lo está haciendo. A su juicio, la Audiencia Nacional ha optado "por otorgar validez a escritos que carecen de cualquier credibilidad, lo cual es lamentable y devastador para las víctimas".