Con estrategia civil, judicial y militar, México y EU fortalecen cooperación contra crimen organizado
La cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos está por entrar a una nueva fase durante 2026, con un mandato dual del Ejecutivo y del Congreso estadunidense para profundizar el intercambio de inteligencia, el entrenamiento militar conjunto y la asistencia institucional judicial al gobierno mexicano.Adicional al anuncio realizado el viernes en torno a una mayor cooperación en la lucha contra el narco entre los dos países tras la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en Washington, 2026 inicia con una serie de acciones preparadas para que ambos países eleven su intercambio y colaboración a niveles inéditos.La directriz legislativa forma parte del Acta de Autorización de la Defensa Nacional de 2026 (NDAA, por sus siglas en inglés), la ley que regula los gastos y operaciones estratégicas del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Año Fiscal 2026.La legislación, que administra y distribuye un presupuesto de más de 850 mil millones de dólares, fue aprobada por una amplia mayoría bipartidista en ambas cámaras del Congreso en diciembre y promulgada el 18 de ese mes por el presidente Donald Trump.Colaboración para enfrentar el crimen organizadoMás allá de las tensiones públicas y los señalamientos en redes sociales que han elevado la fricción bilateral en los últimos meses, la NDAA 2026 contiene un lenguaje claramente orientado a fortalecer la cooperación estratégica con México en distintos niveles, desde el civil y el de inteligencia, hasta el judicial y el militar.Aquí el reporte:▶️ Durante esta semana, autoridades mexicanas entregaron al gobierno de EU a 37 operadores de cárteles que cumplían condena en penales federales. El traslado se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de colaboración. ???? #MILENIO22h con @vhmichel pic.twitter.com/4lOhip0I4A— Milenio (@Milenio) January 26, 2026
Entre otros, el documento instruye al Poder Ejecutivo estadunidense a incrementar la colaboración, el intercambio de inteligencia y el entrenamiento con autoridades mexicanas, bajo un enfoque de asistencia y fortalecimiento institucional. Lo anterior, sin plantear en ningún momento acciones unilaterales y lejos del lenguaje bélico utilizado en foros públicos.Por ejemplo, en la Sección 8365, bajo el subtítulo Estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales en México, la ley establece:“Nada en esta sección puede ser considerado como una autorización para el uso de la fuerza militar contra México o ninguna entidad al interior de México”.Ese párrafo funciona como colofón de una instrucción directa del Congreso al secretario de Estado, Marco Rubio, para que cuantifique, evalúe y profundice la ayuda que Estados Unidos brinda a México en materia de seguridad.En particular, se le ordena entregar un reporte a los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, con el detalle de la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar, de manera conjunta con la administración Sheinbaum, a las organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio mexicano.Dicho informe deberá incluir un plan detallado sobre cómo la asistencia del gobierno estadunidense contribuye a que México desmantele organizaciones dedicadas al tráfico de drogas —incluido el fentanilo—, trata de personas y otras actividades ilícitas que impactan a ambos países.En este punto, la ley es particularmente clara: no plantea una ruptura ni medidas unilaterales. Por el contrario, señala que debe incrementarse la capacidad operativa de las fuerzas armadas mexicanas y de las instituciones de seguridad pública del país, con el objetivo de mejorar la seguridad en las fronteras norte y sur del país y debilitar a los cárteles del narcotráfico.En ese mismo tono, la sección 1274 instruye al Secretario de Guerra, Pete Hegsheth, consultar al gobierno de México para evaluar las actividades de entrenamiento conjunto entre las fuerzas armadas de los dos países, detallando las tácticas, técnicas y procedimientos empleados para contrarrestar a los cárteles de la droga.Asimismo, se le pide a Hegseth “incluir, según corresponda y en consulta con las agencias civiles pertinentes del gobierno de Estados Unidos especializadas en el combate a las organizaciones criminales transnacionales, una lista de recomendaciones para actividades adicionales destinadas a contrarrestar la amenaza de las organizaciones criminales transnacionales”.En ese apartado, cuyo lenguaje es muy similar a lo planteado por el grupo de implementación de Seguridad, se pide analizar la estructura de redes criminales mexicanas, tácticas empleadas en el combate al fentaniloy acciones para limitar el financiamiento de organizaciones criminales, además de realizar evaluaciones de “nodos clave de actividad de las organizaciones criminales transnacionales”.Y se establece: “Cualquier recomendación de una actividad adicional que se incluya en el informe requerido deberá ser adicional y no podrá estar destinada a sustituir, reemplazar o interrumpir la cooperación en materia de seguridad o el entrenamiento ya existentes entre Estados Unidos y el gobierno de México”.La NDAA puntualiza también la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial mexicano para combatir la corrupción y consolidar el Estado de derecho.Así, el Departamento de Estado deberá informar sus planes para “fortalecer la capacidad institucional de las corporaciones civiles de seguridad pública, de las fiscalías y de los tribunales, con el fin de consolidar el Estado de derecho, corregir la corrupción pública relacionada con las actividades e influencia de las organizaciones criminales transnacionales y combatir la impunidad”.A lo anterior, se suma “incluir un panorama general de los mecanismos y compromisos de cooperación bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, tales como intercambios diplomáticos, programas de asistencia en materia de seguridad, asistencia técnica y otras formas de cooperación que impulsen las prioridades (nacionales)”.La NDAA contiene tres secciones que se refieren de manera específica a México y las tres están encaminadas a profundizar la cooperación institucional.Cooperación en inteligenciaUno de los apartados más relevantes de la NDAA 2026 es el relativo a la cooperación en materia de inteligencia, donde el Congreso instruye elevar el nivel de coordinación operativa con México.En esta sección se ordena a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos profundizar su colaboración con las instituciones mexicanas como parte de la estrategia para reforzar el combate de la administración Sheinbaum contra el crimen organizado, utilizando capacidades avanzadas del aparato de inteligencia estadunidense.Bajo el título Plan para mejorar la colaboración, coordinación y cooperación antinarcóticos con el gobierno de México, la ley instruye a la directora Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, a coordinar una evaluación integral del estado que guarda la relación entre las agencias de inteligencia estadunidenses y sus contrapartes mexicanas.El objetivo es fortalecer el intercambio de inteligencia operativa susceptible de ser utilizada por autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado.De acuerdo con la legislación, en un plazo no mayor a 60 días, los titulares de las 16 agencias que integran la comunidad de inteligencia estadunidense deberán entregar al Congreso un diagnóstico detallado de su relación con instituciones mexicanas, así como una estrategia para ampliar la cooperación antinarcóticos mediante el uso de herramientas de inteligencia.En términos de calendario, el plazo vencería a mediados de febrero de 2026.Entre las agencias involucradas en esta evaluación general se encuentran la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), con capacidades clave en vigilancia satelital, intercepción de comunicaciones y análisis estratégico.Este apartado contrasta con episodios recientes de desconfianza política que han tensado la relación bilateral y, en sentido contrario, muestra el interés del Congreso estadunidense en mantener una cooperación funcional y de carácter operativo con México.De manera textual, la legislación establece que cada una de las agencias deberá presentar:Una descripción y evaluación de su relación con las dependencias correspondientes del gobierno de México.Una estrategia para fortalecer la cooperación y coordinaciónantinarcóticos.Recomendaciones y una descripción de los recursos necesarios —capacidades, personal y tecnología— para implementar de manera eficaz dicha estrategia, en función del interés nacional de Estados Unidos.Aunque el documento no menciona nombres específicos, las agencias mexicanas que históricamente mantienen vínculos con la comunidad de inteligencia estadunidense incluyen al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.IOGE
Entre otros, el documento instruye al Poder Ejecutivo estadunidense a incrementar la colaboración, el intercambio de inteligencia y el entrenamiento con autoridades mexicanas, bajo un enfoque de asistencia y fortalecimiento institucional. Lo anterior, sin plantear en ningún momento acciones unilaterales y lejos del lenguaje bélico utilizado en foros públicos.Por ejemplo, en la Sección 8365, bajo el subtítulo Estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales en México, la ley establece:“Nada en esta sección puede ser considerado como una autorización para el uso de la fuerza militar contra México o ninguna entidad al interior de México”.Ese párrafo funciona como colofón de una instrucción directa del Congreso al secretario de Estado, Marco Rubio, para que cuantifique, evalúe y profundice la ayuda que Estados Unidos brinda a México en materia de seguridad.En particular, se le ordena entregar un reporte a los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, con el detalle de la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar, de manera conjunta con la administración Sheinbaum, a las organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio mexicano.Dicho informe deberá incluir un plan detallado sobre cómo la asistencia del gobierno estadunidense contribuye a que México desmantele organizaciones dedicadas al tráfico de drogas —incluido el fentanilo—, trata de personas y otras actividades ilícitas que impactan a ambos países.En este punto, la ley es particularmente clara: no plantea una ruptura ni medidas unilaterales. Por el contrario, señala que debe incrementarse la capacidad operativa de las fuerzas armadas mexicanas y de las instituciones de seguridad pública del país, con el objetivo de mejorar la seguridad en las fronteras norte y sur del país y debilitar a los cárteles del narcotráfico.En ese mismo tono, la sección 1274 instruye al Secretario de Guerra, Pete Hegsheth, consultar al gobierno de México para evaluar las actividades de entrenamiento conjunto entre las fuerzas armadas de los dos países, detallando las tácticas, técnicas y procedimientos empleados para contrarrestar a los cárteles de la droga.Asimismo, se le pide a Hegseth “incluir, según corresponda y en consulta con las agencias civiles pertinentes del gobierno de Estados Unidos especializadas en el combate a las organizaciones criminales transnacionales, una lista de recomendaciones para actividades adicionales destinadas a contrarrestar la amenaza de las organizaciones criminales transnacionales”.En ese apartado, cuyo lenguaje es muy similar a lo planteado por el grupo de implementación de Seguridad, se pide analizar la estructura de redes criminales mexicanas, tácticas empleadas en el combate al fentaniloy acciones para limitar el financiamiento de organizaciones criminales, además de realizar evaluaciones de “nodos clave de actividad de las organizaciones criminales transnacionales”.Y se establece: “Cualquier recomendación de una actividad adicional que se incluya en el informe requerido deberá ser adicional y no podrá estar destinada a sustituir, reemplazar o interrumpir la cooperación en materia de seguridad o el entrenamiento ya existentes entre Estados Unidos y el gobierno de México”.La NDAA puntualiza también la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial mexicano para combatir la corrupción y consolidar el Estado de derecho.Así, el Departamento de Estado deberá informar sus planes para “fortalecer la capacidad institucional de las corporaciones civiles de seguridad pública, de las fiscalías y de los tribunales, con el fin de consolidar el Estado de derecho, corregir la corrupción pública relacionada con las actividades e influencia de las organizaciones criminales transnacionales y combatir la impunidad”.A lo anterior, se suma “incluir un panorama general de los mecanismos y compromisos de cooperación bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, tales como intercambios diplomáticos, programas de asistencia en materia de seguridad, asistencia técnica y otras formas de cooperación que impulsen las prioridades (nacionales)”.La NDAA contiene tres secciones que se refieren de manera específica a México y las tres están encaminadas a profundizar la cooperación institucional.Cooperación en inteligenciaUno de los apartados más relevantes de la NDAA 2026 es el relativo a la cooperación en materia de inteligencia, donde el Congreso instruye elevar el nivel de coordinación operativa con México.En esta sección se ordena a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos profundizar su colaboración con las instituciones mexicanas como parte de la estrategia para reforzar el combate de la administración Sheinbaum contra el crimen organizado, utilizando capacidades avanzadas del aparato de inteligencia estadunidense.Bajo el título Plan para mejorar la colaboración, coordinación y cooperación antinarcóticos con el gobierno de México, la ley instruye a la directora Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, a coordinar una evaluación integral del estado que guarda la relación entre las agencias de inteligencia estadunidenses y sus contrapartes mexicanas.El objetivo es fortalecer el intercambio de inteligencia operativa susceptible de ser utilizada por autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado.De acuerdo con la legislación, en un plazo no mayor a 60 días, los titulares de las 16 agencias que integran la comunidad de inteligencia estadunidense deberán entregar al Congreso un diagnóstico detallado de su relación con instituciones mexicanas, así como una estrategia para ampliar la cooperación antinarcóticos mediante el uso de herramientas de inteligencia.En términos de calendario, el plazo vencería a mediados de febrero de 2026.Entre las agencias involucradas en esta evaluación general se encuentran la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), con capacidades clave en vigilancia satelital, intercepción de comunicaciones y análisis estratégico.Este apartado contrasta con episodios recientes de desconfianza política que han tensado la relación bilateral y, en sentido contrario, muestra el interés del Congreso estadunidense en mantener una cooperación funcional y de carácter operativo con México.De manera textual, la legislación establece que cada una de las agencias deberá presentar:Una descripción y evaluación de su relación con las dependencias correspondientes del gobierno de México.Una estrategia para fortalecer la cooperación y coordinaciónantinarcóticos.Recomendaciones y una descripción de los recursos necesarios —capacidades, personal y tecnología— para implementar de manera eficaz dicha estrategia, en función del interés nacional de Estados Unidos.Aunque el documento no menciona nombres específicos, las agencias mexicanas que históricamente mantienen vínculos con la comunidad de inteligencia estadunidense incluyen al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.IOGE