El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate
El Chifagate ha puesto en cuestión el poder real de los lobbys en el Congreso y la forma en que estas gestiones de intereses pueden incidir en decisiones políticas cuando se desarrollan sin control, registro ni transparencia. El caso ha encendido alertas sobre la frontera entre una práctica permitida y la comisión de posibles actos de corrupción.
Las reuniones atribuidas a José Jerí con empresarios chinos, fuera de espacios institucionales y sin constar en agendas oficiales, han reabierto la discusión sobre cómo se ejerce el lobby en el país y qué tan expuestos están los tomadores de decisión a influencias privadas que buscan beneficios concretos del Estado.
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Especialistas en derecho penal y ciencia política coinciden en que la gestión de intereses no es ilegal por naturaleza, pero se convierte en un problema grave cuando se da en contextos informales, sin protocolos, sin publicidad de los encuentros y sin mecanismos que permitan evaluar conflictos de interés.
En este escenario, el Chifagate se perfila como un caso emblemático para analizar la fragilidad de los controles, el cumplimiento del Código de Ética del Parlamento y la necesidad de fortalecer las reglas que rigen la relación entre los congresistas, el sector privado y el poder político.
Andy Carrión, abogado penalista: “El lobby debe regularse porque se presta a favores y delitos de corrupción”
El penalista Andy Carrión sostiene que el lobby es una actividad orientada a la defensa de intereses ante el Estado y que, por sí sola, no constituye un delito. Sin embargo, remarca que en ausencia de regulación clara puede derivar en solicitudes de contraprestaciones, favores o beneficios que encajan en figuras penales como el tráfico de influencias o el cohecho. “El lobby por sí mismo no necesariamente es negativo. Sin embargo, se presta a actividades ilícitas, como solicitar algún tipo de favores o contraprestaciones”, afirmó.
El abogado explica que en varios países existen códigos de conducta para los lobistas y normas que obligan a transparentar reuniones, agendas y los intereses que representan. En el Perú, en cambio, no hay un marco específico que ordene esta actividad, lo que deja amplios márgenes para prácticas opacas dentro del Congreso. “En nuestro país no existe una regulación como tal respecto al lobby”, advirtió.
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Carrión subraya que la transparencia resulta clave para evitar que el lobby se convierta en un canal de presión indebida. El registro de encuentros, la identificación de los participantes y la exposición pública de los temas tratados permiten a la ciudadanía conocer quién influye en las decisiones de los altos funcionarios. “Es fundamental transparentar con quién se reúne un funcionario y qué intereses se buscan dentro del Estado”, sostuvo.
Desde su perspectiva, el Chifagate debería servir como punto de inflexión para impulsar una regulación que fije límites claros y evite que las gestiones privadas se transformen en mecanismos de captura del Estado por intereses particulares. “Este caso debería promover la regulación del lobby y evitar que se convierta en una influencia negativa”, señaló.
Katherine Zegarra, politóloga: “Sin transparencia, el lobby se convierte en un conflicto de intereses”
La politóloga de la PUCP, Katherine Zegarra, recuerda que la actividad de lobby es legal y está reconocida en la normativa peruana, pero su legitimidad depende de la publicidad de los actos y del respeto a las reglas éticas que rigen la función parlamentaria. “Las actividades de lobby no son per se negativas. El problema viene con la opacidad”, precisó.
Advierte que el Reglamento del Congreso y el Código de Ética prohíben a los congresistas recibir obsequios, donaciones o beneficios de cualquier tipo. Viajes pagados, atenciones especiales o favores encubiertos vulneran estas disposiciones y generan sospechas de compromisos indebidos. “Los parlamentarios no pueden recibir ningún tipo de favorecimiento ni obsequios”, recordó.
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Zegarra enfatiza que, cuando un legislador se reúne con representantes de intereses privados, debe declarar ese contacto y abstenerse de intervenir en decisiones que puedan favorecerlos. La omisión de estas obligaciones debilita la confianza ciudadana y abre la puerta a la influencia ilegítima. “Tiene que manifestarlo públicamente y tiene que abstenerse”, indicó.
Para la politóloga, el Chifagate refleja una práctica normalizada de opacidad que distorsiona la representación política, pues algunos parlamentarios terminan priorizando agendas particulares por encima del interés público. “Se ha naturalizado que los congresistas representen intereses opacos”, alertó.
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Jonathan Correa, abogado: “Las gestiones no pueden hacerse en espacios informales”
El penalista Jonathan Correa cuestiona que reuniones de lobby se desarrollen en restaurantes u otros lugares ajenos a la institucionalidad. Sostiene que toda interacción entre el sector público y privado debe seguir protocolos formales, con agendas, seguridad y control administrativo. “No es dable que una gestión de coordinación se dé en un espacio informal como un chifa o un restaurante”, afirmó.
Correa precisa que los mecanismos legítimos para canalizar inversiones o proyectos son las licitaciones, concursos públicos y procesos regulados. Cualquier coordinación al margen de estos circuitos carece de garantías de transparencia y legalidad. “Todo debe darse dentro de los protocolos que tienen las entidades”, señaló.
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Desde su análisis, encuentros no registrados y fuera de la sede oficial impiden verificar quiénes participaron, qué se ofreció y qué se solicitó. Esta falta de trazabilidad compromete la integridad de las decisiones y alimenta sospechas de acuerdos ocultos. “No hay agenda, no hay control, no hay seguridad”, advirtió.
El caso Chifagate, según el especialista, expone una ruptura de las formas que deben regir la relación entre empresarios y autoridades, una situación que debilita la credibilidad del Congreso y de figuras como José Jerí.
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Andy Zeballos, politólogo: “El problema es anteponer intereses privados al bien común”
El politólogo Andy Zeballos recuerda que la Política Nacional de Integridad obliga a todos los funcionarios a registrar sus reuniones y a justificar el motivo de cada encuentro. La gestión de intereses es legal, pero debe realizarse dentro de las entidades públicas y con información accesible. “Todos los funcionarios deben registrar con quién se reúnen, la fecha y el motivo”, precisó.
Zeballos rechaza la idea de que no existan mecanismos para controlar estas citas. Señala que el Estado cuenta con plataformas de debida diligencia que permiten evaluar antecedentes y verificar la idoneidad de las personas que interactúan con autoridades. “Existe una herramienta de uso obligatorio que cruza información judicial y policial”, explicó.
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El especialista advierte que, cuando el lobby se orienta a favorecer a grandes empresas o actores informales en perjuicio del interés general, se vulnera la esencia de la representación política. En esos casos, la frontera entre influencia y corrupción se vuelve difusa. “Se anteponen intereses particulares al bienestar general”, sostuvo.
Finalmente, plantea que el análisis patrimonial de los funcionarios y el levantamiento del secreto bancario constituyen herramientas clave para determinar si detrás de gestiones opacas, como las reveladas por el Chifagate, existieron beneficios económicos indebidos canalizados a través de terceros. “Una forma de verificarlo es revisando el incremento patrimonial y el uso de testaferros”, concluyó.