Un arsenal normativo pone la lupa sobre la opacidad fiscal del ecosistema cripto

El mercado de los criptoactivos empieza 2026 absolutamente entroncado dentro de los mercados financieros globales, con solo el bitcoin rozando una capitalización de 1,9 billones de dólares. Con este telón de fondo, la Unión Europea y España han ido avanzando en sus esfuerzos de supervisión fiscal con instrumentos como la directiva DAC8 o el modelo 721, con el objetivo de estrechar la vigilancia sobre un sector que ya juega un papel relevante en el sistema financiero. «El refuerzo de la supervisión sobre los criptoactivos forma parte de una estrategia más amplia impulsada desde la Unión Europea y la OCDE», explica Guillermo Rodríguez, socio del área fiscal del sector financiero de KPMG Abogados. Las nuevas obligaciones de reporte «se alinean con iniciativas desarrolladas en los últimos años para aumentar el control sobre posiciones y transacciones con activos financieros, especialmente aquellas de carácter transfronterizo», comenta. Este enfoque permitirá a las autoridades fiscales españolas disponer de más información sobre las operaciones realizadas con criptoactivos, añade Rodríguez. Con este esquema ya en marcha, el sistema deja todavía algunos supuestos fuera de las obligaciones de información, señala Rodríguez. «Las posiciones intermediadas o custodiadas por plataformas situadas fuera de la Unión Europea no están sujetas a DAC8 y dependen de que el inversor las declare a través del modelo 721», explica. De igual modo, conforme al criterio de la Dirección General de Tributos, los saldos no custodiados por un tercero quedan fuera de las obligaciones actualmente en vigor. Estos espacios, añade, «previsiblemente se reducirán con la aplicación de los estándares CARF de la OCDE». «La aplicación efectiva de este marco supone un desafío relevante en términos de gestión del dato», explica Fernando Vallés Barbudo, director de finanzas, riesgos y cumplimiento de NTT DATA. El sistema obliga a tratar y cruzar grandes volúmenes de información procedente de fuentes diversas, lo que exige integrar datos de las blockchains con información fiscal, de identificación y operativa. Para ello, añade Vallés, «las organizaciones deben garantizar coherencia, fiabilidad y niveles adecuados de seguridad en el tratamiento de la información». Desde una perspectiva operativa, «la dificultad pasa por industrializar los procesos de identificación, verificación y reporte, evitando enfoques manuales que no son sostenibles a gran escala», señala Vallés. Las tecnologías disponibles permiten responder a las exigencias de transparencia «si estas se incorporan de forma estructural en los modelos operativos», comenta Vallés. Herramientas de analítica avanzada, automatización y arquitecturas flexibles facilitan la gestión del cumplimiento. El desafío de fondo, añade el director de finanzas, riesgos y cumplimiento de NTT DATA, «no es solo tecnológico, sino también organizativo». Alfonso González Guerrero, experto en blockchain y cripto de AFI, explica que un entorno regulatorio claro puede actuar como catalizador de confianza institucional desde la óptica del mercado. Este tipo de reglas «reduce la incertidumbre legal y ofrece mayor protección frente a fraudes y riesgos operativos, lo que favorece la entrada de capital profesional», señala. El problema surge cuando las exigencias resultan excesivamente estrictas o costosas, ya que empresas y proyectos pueden optar por trasladarse a jurisdicciones más flexibles, como puedan ser Estados Unidos, Emiratos Árabes o Singapur. «El nuevo entorno regulatorio está empujando al mercado cripto hacia una mayor normalización sin alterar su esencia», apunta González Guerrero. La estandarización del intercambio de información hace que los flujos sean más trazables y el riesgo fiscal más predecible, reduciendo uno de los rasgos históricos del sector: la opacidad. Este escenario facilita la entrada de inversores institucionales, al permitir integrar criptoactivos en carteras con procesos de cumplimiento y control comparables a los de otros activos financieros. Con todo, «persiste una dualidad entre mercados regulados y entornos DeFi, y la volatilidad sigue formando parte del ecosistema», matiza González Guerrero. «El intercambio automático de información está modificando la forma en que los usuarios gestionan sus obligaciones fiscales, explica João Augusto Teixeira», chief compliance officer de Bit2Me. Los exchanges con clientes residentes en España comunican anualmente las operaciones a través de los modelos 172 y 173, mientras que los criptoactivos mantenidos en plataformas extranjeras deben declararse mediante el modelo 721, señala. «Este sistema obliga a declarar con mayor precisión operaciones y saldos, aunque no implica necesariamente un aumento de la carga fiscal», añade. «El impacto del endurecimiento regulatorio varía según el horizonte temporal», apunta Teixeira. A corto plazo introduce mayores exigencias operativas y de cumplimiento, lo que puede traducirse en una mayor prudencia en la actividad del mercado. A medio plazo, en cambio, refuerza la seguridad jurídica y la confianza, favoreciendo un entorno más profesional y transparente. Este escenario facilita la entrada de perfiles institucionales y contribuye a que el ecosistema cripto se integre de forma más estable en el sistema financiero. La presión inspectora de Hacienda dentro del ecosistema cripto se concentrará, sobre todo, en el IRPF, explica Cristina Carrascosa, abogada especializada en criptoactivos de ATH21. Todavía hay muchos contribuyentes particulares que obtuvieron ganancias en años anteriores y nunca llegaron a regularizarlas, señala. Según su experiencia, el nivel de información del que ya dispone Hacienda —gracias a los nuevos modelos declarativos y al software de rastreo que utiliza— permite cruzar actividad real con las declaraciones fiscales. Ese escenario facilita el inicio de inspecciones que suelen acabar en regularizaciones muy elevadas y apunta a un endurecimiento del control sobre las ganancias no declaradas de ejercicios pasados, añade Carrascosa. «En comparación con otros países europeos, España parte de una presión inspectora históricamente alta», advierte abogada especializada en criptoactivos de ATH21. La relación entre la Administración y el contribuyente se percibe como especialmente dura, «con una sensación extendida de que se presume culpabilidad antes de que se demuestre lo contrario», comenta. Los datos de recaudación refuerzan esa percepción: año tras año se baten récords —más de 300.000 millones de euros en 2025 hasta noviembre—, unas cifras que reflejan la intensidad del control tributario. Aunque parte de ese resultado puede deberse a una mayor eficacia, la experta subraya que el nivel de exigencia fiscal en España se sitúa entre los más elevados de la Unión Europea. Por su parte, Joaquim Martinero Tor, abogado especializado en fintech y blockchain de Ceca Magán, considera que «el riesgo para el sector no está en el control fiscal en sí, sino en la forma en que se articula». La regulación no frena la innovación por definición, explica, pero sí puede hacerlo cuando introduce obligaciones desproporcionadas, genera inseguridad jurídica o se construye a partir de normas inconexas. «En un ámbito tan móvil como el de los criptoactivos, la ausencia de un marco coherente y previsible tiene un efecto disuasorio sobre la inversión y la localización de proyectos», apunta. La clave, subraya Martinero, «no es regular más o menos, sino regular mejor». Aun con el refuerzo normativo, el sistema deja áreas de incertidumbre relevantes, advierte Nazario Mendoza, socio del despacho ZADAL. Uno de los principales focos de inseguridad está en el alcance real de las obligaciones de información, «especialmente en servicios híbridos, estructuras internacionales o modelos de negocio que no encajan con claridad en las categorías tradicionales de custodia o intermediación», explica. También sigue siendo compleja la delimitación entre custodia por terceros y autocustodia, un aspecto clave tanto a efectos declarativos como en el ejercicio de facultades de control y embargo. La valoración de los criptoactivos aparece como otro punto sensible, añade, marcada por la volatilidad del mercado y la diversidad de plataformas de referencia. «El ecosistema cripto avanza hacia un entorno más vigilado y transparente, aunque todavía con fricciones», resume Nazario Mendoza. El intercambio automático de información y el endurecimiento del esquema declarativo han reducido de forma notable los espacios de opacidad. Persisten, no obstante, ámbitos difíciles de supervisar desde el punto de vista legal, como las finanzas descentralizadas, los protocolos sin intermediarios identificables o las wallets no custodiales. En estos casos, la ausencia de un agente claro al que exigir información limita la capacidad de control, incluso cuando la obligación de declarar existe. También siguen planteando algunas dificultades operaciones como el 'staking', el 'yield farming' o los 'airdrops'. El gran desafío, concluye Nazario Mendoza, «es consolidar este marco sin erosionar la seguridad jurídica ni la competitividad, en un mercado ya integrado en el sistema tributario».