Editorial: El secreto para saber por quién votar

Los instrumentos destinados a medir las preferencias, reacciones e intenciones de voto forman parte de la dinámica política contemporánea. Nos referimos, en primer lugar, a las encuestas, en sus diversas modalidades, pero también a la “escucha” sistemática de los mensajes que circulan por las redes y plataformas digitales, que añaden otro nivel de análisis sobre las corrientes de opinión.

Cuando estos instrumentos se aplican exitosamente con responsabilidad, rigor técnico, independencia profesional y adecuados protocolos de supervisión, se convierten en aliados de los procesos democráticos. Generan flujos informativos sobre corrientes de opinión que, bien entendidos y analizados, se convierten en insumos relevantes para que los ciudadanos entendamos mejor la realidad electoral.

Todo lo anterior forma parte de lo que podríamos llamar la buena teoría. Sin embargo, esta no siempre logra manifestarse plenamente en el terreno, sobre todo si las encuestas y “escuchas” enfrentan realidades políticas de alta complejidad. Tal es el caso actual de nuestro país.

Por un lado, existen intentos para manipular los instrumentos mismos. Una forma de hacerlo consiste en presentar como serias a encuestadoras que no lo son, o que, peor aún, son instrumentos deliberados para distorsionar y hasta fabricar resultados.

Cuando tal cosa ocurre, también se corre el riesgo de que la gente dude por igual de todas las organizaciones de investigación y análisis de opinión; tanto de las serias como de las espurias. En estos casos, es posible que parte del público decida a cuál otorga credibilidad no en función de su solidez y prestigio, sino del grado de coincidencia con lo que presenten en sus informes. Es el llamado sesgo de confirmación. Se puede generar así una suspicacia generalizada sobre el método, que alimenta la confusión y propicia mayor manipulación.

Pero incluso organizaciones y empresas encuestadoras serias se enfrentan a desafíos externos de gran complejidad. Uno, particularmente agudo en Costa Rica, es que, dada la debilidad de identidades político-partidistas, el alejamiento ciudadano de la esfera pública, la inflación de ofertas electorales y la dispersión en sus preferencias, las actitudes e intenciones pueden cambiar con rapidez y direcciones inesperadas. Esto hace más difícil medir con certeza cómo se mueven las corrientes de opinión.

Otro reto es que, sea por la llamada variable de “conformación social” (decir lo que se supone que es aceptable para quien pregunta), por dudas sobre quién y a nombre de qué entidad se le encuesta, o por temor a las presuntas –aunque altamente improbables– consecuencias de revelar sus preferencias, muchos encuestados no se manifiesten con sinceridad. Y a esto hay que añadir el posible alto nivel de rechazo a aceptar las entrevistas, sean telefónicas o presenciales.

Las organizaciones que realizan al análisis de redes y de plataformas digitales confrontan otro gran desafío. Consiste en cómo asegurarse de que los mensajes que circulan por ellas sobre temas de interés electoral se originan en usuarios reales y espontáneos –es decir, no reclutados–, en lugar de granjas de troles o, incluso, mecanismos automatizados para generarlos. Es algo que, por ejemplo, el Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina tiene muy presente, y lo ha llevado a aplicar una serie de “filtros” para neutralizar riesgos.

Que una entidad responsable lo haga es importante, porque afinará mucho sus informes. Sin embargo, no impedirá que los consumidores de mensajes por redes otorguen a los ataques o elogios emitidos por encargo un carácter real, y que consideren que algún aspirante “sube” o “baja”, aunque todo sea producto de manipulación.

Además, aunque se elimine tal riesgo, la “escucha” en redes no responde, necesariamente, a corrientes de opinión representativas del universo nacional, porque quienes participan en ellas son personas con rasgos psicosociales específicos, que difieren de la totalidad.

La conclusión de todo lo anterior es que debemos ser muy cuidadosos al atribuir a encuestas y estudios de flujos digitales una condición inapelable; menos aún, un poder predictivo. Lo sano es aceptar su valor y conocer sus límites; apreciar los riesgos; saber que, en medio de una mayoría de estudios responsables, hay otros que no lo son, y atender sugerencias bien fundadas para entender mejor los procedimientos, como las que publicamos recientemente.

Más importante aún es, primero, ir a votar y, segundo decidir cómo hacerlo a partir de nuestras convicciones y al margen de si el candidato o candidata por quien nos inclinamos parece ir a la cabeza o en la cola. Esta doble decisión es parte consustancial a la responsabilidad ciudadana.