Valencia prepara batalla judicial para salvar 20 millones en ayudas y denuncia el «matonismo» de Óscar Puente

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que presentará un requerimiento previo a emprender la vía judicial contra el Ministerio de Transportes después de que el departamento que dirige Óscar Puente denegara la ampliación de los plazos par ejecutar obras en la ciudad, relativas a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En total, el consistorio de la capital del Turia podría perder cerca de 20 millones de euros procedentes de fondos europeos. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, enfatizó que «se está produciendo una persecución política» contra el consistorio de la capital valenciana «por parte del ministro Puente». No se quedó ahí. Habló de «un ejercicio de matonismo, maltrato y ninguneo » contra el Ayuntamiento que lidera la popular María José Catalá. El responsable municipal consideró que las argumentaciones de la administración central para justificar esa denegación se asientan en «premisas falsas» y en «contradicciones» de Puente. Detalló además en el paquete de ayudas en riesgo están recogidos proyectos de peatonalización, carriles bici, así como la remodelación de la avenida Pérez Galdós, «la obra más importante de Valencia desde hace treinta años». «De un total de 20 millones de ayudas correspondientes a trece proyectos, quedan por ejecutar solo 3 millones de euros que se corresponden a Pérez Galdós y dos carriles bici -Gaspar Aguilar y San Vicente- que estarán acabados en el primer trimestre de este año», insistió el concejal, al tiempo que expuso que son iniciativas que no fueron «ni siquiera iniciadas por el anterior gobierno» local -con Compromís y PSPV- «durante dos años». «El Ayuntamiento de Valencia llegará donde haga falta para que no se pierda un solo euro de las ayudas europeas», aseguró Carbonell, que avanzó que «se va a iniciar una batalla judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la nueva ofensiva contra» este consistorio «al negar la ampliación de plazos de ejecución de fondos europeos por los retrasos que provocó la dana». Al respecto, argumentó, que el Ayuntamiento de Valencia justificó también la solicitud de ampliación de plazos en las consecuencias derivadas de la dana, sobre lo que lamentó que «la denegación del ministerio no justifica ni menciona en ningún momento por qué motivo la dana no es elemento suficiente para justificar esta ampliación de plazos». El concejal responsabilizó directamente a Óscar Puente, cuya «actuación personal obedece a motivos políticos y no técnicos». A este extremo, afirmó que el responsable de Transportes y Movilidad Sostenible « no aplica los mismos criterios para aprobar prorrogas en la ejecución de los proyectos europeos que otros ministros del Gobierno» central como las titulares de Hacienda o de Transición Ecológica, que «han modificado las bases para poder ampliar los plazos como consecuencia de la dana para sus propias convocatorias de ayudas». Carbonell criticó que el Ejecutivo central no tenga «unidad de criterio», y lamentó que Puente «se contradice consigo mismo porque en el mismo paquete de ayudas concedió doce meses de prórroga para determinados carriles bici que ahora deniega en esta resolución». «Nunca puede contradecir las bases ni tampoco la convocatoria, porque las bases tienen carácter de norma reglamentaria y contemplaban un plazo de doce meses», dijo. Igualmente, el edil expuso que «la resolución del ministerio que ha llegado al Ayuntamiento, además, cita artículos que no se corresponden con la convocatoria de las ayudas europeas aplicable a este caso, la del año 2022». Carbonell habló por ello de «premisas falsas». «Nos está aplicando unos plazos de ejecución que no se corresponden con los que nosotros estamos debatiendo», agregó. También se refiere a que «no aporta el informe técnico sobre el que dice justificar la denegación de la ampliación de los plazos» y resaltó que eso genera «indefensión» al consistorio porque desconoce «cuáles son los términos que indica» para apoyar su decisión de no ampliar los plazos. «Por tanto, hay falta de motivación en su resolución e indefensión para el Ayuntamiento», apostilló. «Las ayudas sobre las que cuestiona los plazos Puente nada tienen que ver con la no aprobación de la ZBE» en Valencia porque «las ayudas no están sujetas a que esté operativa la Zona de Bajas Emisiones», precisó. Por su parte, la concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia Elisa Valía aseguró que María José Catalá «es la única responsable de que se pierdan ayudas europeas por su negacionismo ». La socialista afirmó que la primera edil «quiso cambiar» una actuación «que protegía la salud de las personas por un proyecto que mejoraba la circulación de los coches».