La Generalitat activa una ayuda clave tras la dana: el detalle que marca la diferencia para decenas de familias
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha resuelto la concesión de las primeras ayudas del Plan Especial de Vivienda Dana, diseñado para atender a las personas afectadas por el fuerte episodio de lluvias y viento registrado el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.
La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, supone la activación práctica de una línea de apoyo largamente anunciada. El objetivo es facilitar una solución habitacional estable a quienes perdieron su vivienda habitual o sufrieron daños estructurales irreparables como consecuencia directa de las inundaciones.
En este primer lote, la Generalitat ha aprobado una inversión inicial de 303.157 euros destinada a apoyar la compra de vivienda por parte de 32 familias. Se trata de personas que han optado por permanecer en sus municipios de origen, apostando por rehacer su vida en el mismo entorno que resultó gravemente afectado por la dana.
Un apoyo directo para la compra de vivienda
Las ayudas concedidas cubren hasta el 10 % del precio de compra de la vivienda, con un límite máximo de 20.000 euros por inmueble. Este planteamiento busca reducir la barrera económica de acceso a una nueva casa en un contexto marcado por la pérdida repentina del hogar y la necesidad de una respuesta rápida.
Desde el Consell se subraya que no se trata únicamente de una compensación económica, sino de una herramienta pensada para garantizar el derecho a la vivienda y reforzar la resiliencia de los municipios afectados frente a episodios climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Pago único y tramitación simplificada
Una de las claves del programa es la agilidad administrativa. El pago de la ayuda se realiza en un solo abono mediante transferencia bancaria, sin exigir a las personas beneficiarias documentación adicional a la ya presentada durante la solicitud.
Este sistema reduce los plazos y evita nuevas cargas burocráticas para familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, acelerando el acceso efectivo a los fondos públicos.
Municipios incluidos en la primera resolución
Las personas beneficiarias de esta primera concesión residen en municipios especialmente castigados por la dana. Entre ellos se encuentran Catarroja, Albal, Paiporta, Chiva, Alfafar, Beniparrell, Algemesí, Alcàsser, Massanassa, Picassent, Benetússer, Sedaví, Silla, Aldaia, l'Alcúdia, Montserrat, Torrent, Utiel, Pedralba y Vilamarxant.
La selección de estas localidades responde a los informes de daños y a la necesidad de intervenir en núcleos urbanos donde la recuperación económica y social depende en gran medida de que la población pueda permanecer en el territorio.
Fijar población como estrategia de recuperación
El Consell considera que facilitar el establecimiento de las familias en estos municipios es un elemento esencial para su recuperación a medio y largo plazo. La pérdida de población tras una catástrofe natural puede agravar el impacto económico, debilitar los servicios públicos y frenar la actividad local.
Por este motivo, las ayudas a la compra de vivienda se conciben como una inversión estratégica en la vertebración del territorio, más allá de la respuesta inmediata a la emergencia.
Un plan integral más allá de la compra
El Plan Especial de Vivienda Dana no se limita a esta línea de subvenciones. Incluye también ayudas al alquiler, de las que ya se han beneficiado más de 1.300 familias, cubriendo la totalidad de las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos.
Además, el programa contempla un plan de construcción de vivienda industrializada que ya ha sido licitado en municipios como Albal, Torrent y Utiel. Esta actuación prevé la edificación de alrededor de 100 nuevas viviendas, con una inversión global de 21,7 millones de euros financiados por la Generalitat Valenciana.
Con la resolución de estas primeras ayudas a la compra, la Generalitat da inicio a una fase clave del plan y sienta las bases de una política de vivienda orientada no solo a reparar los daños causados por la dana, sino a reforzar la estabilidad residencial y social de las zonas afectadas a largo plazo.