Yolanda Díaz carga contra el coeficiente reductor de la jubilación anticipada de Elma Saiz
Sumar pide en el Congreso revisar la norma que fija coeficientes reductores para trabajos peligrosos y plantea oficializar el silencio administrativo positivo en las peticiones de jubilación anticipada que no tengan resolución expresa.
Lo ha hecho a través de una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea una revisión de varios artículos contenidos en el real decreto de 2025 por el que se regula la jubilación anticipada con coeficientes reductores en la Seguridad Social para algunos trabajos peligrosos.
La norma, auspiciada por el Ministerio de Seguridad Social de Elma Saiz, establecía el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas mediante coeficientes reductores. Sin embargo, desde el grupo que lidera Yolanda Díaz entienden que este real decreto de mayo del año pasado plantea algunas dudas, ya que con la legislación actual se establece que los colectivos que ya cuentan con coeficientes reductores no pueden revisarlos para aumentarlos hasta pasados diez años desde la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta 2035.
Esto supone en la práctica que profesiones que tienen reconocido un coeficiente inferior al que conlleva la peligrosidad de su profesión, como por ejemplo los buceadores profesionales, no podrán mejorar su situación hasta 2035, algo que el grupo «no es razonable».
Por otro lado, los plurinacionales apuntan que la falta de revisión de algunos coeficientes podría generar la «incoherencia de que un nuevo colectivo obtenga un mayor coeficiente que un colectivo reconocido previamente». Sumar también expone que el artículo 22.2 del real decreto establece el silencio administrativo como desestimatorio en la respuesta a un colectivo que demande un coeficiente reductor.
Por ello, considera que hay que modificar los artículos 9, 21 y 22, que se establezca la posibilidad de revisión de un coeficiente reductor y que fijar el silencio administrativo positivo sin resolución expresa.