Proinversión exigió a Petroperú S/86 millones para estudios y asesorías, pese a insolvencia financiera de la empresa
A solo días de emitido el decreto de urgencia N.º 010-2025, que pone en manos de ProInversión el proceso de privatización de Petroperú, la agencia estatal solicitó a la petrolera, con carácter de urgencia, la transferencia inmediata de S/86,4 millones, equivalente al 60% del monto total autorizado de S/144 millones para financiar dicho proceso.
La exigencia se produce pese a la insolvencia financiera que atraviesa la estatal, que enfrenta un problema de liquidez, es decir no cuenta con recursos suficientes para atender oportunamente sus obligaciones, considerando que el flujo que ingresa se destina al pago de acreencias financieras, bonos y proveedores.
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Mediante un oficio firmado por Fernando Alarcón Díaz, de la Secretaría General de ProInversión, y remitido el 5 de enero de 2026 a quien era entonces gerente general de Petroperú, Gustavo Villa Mora, la agencia estatal solicitó la transferencia de recursos que considera "críticos e indispensables" para iniciar las acciones de debida diligencia (due diligence), valorización de activos y la estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal.
El saldo restante, S/57.6 millones, deberá ser transferido en un plazo adicional de hasta 90 días hábiles, completando así los S/144 millones autorizados por el decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche de Año Nuevo por el régimen transitorio de José Jerí.
"Esta medida es contradictoria. Se le exige a Petroperú un aporte de S/144 millones cuando todos conocemos su situación crítica", cuestionó el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa.
Proinversión ahora pedirá dinero al Minem
Debido a las alertas públicas, ProInversión emitió hoy un comunicado en el que informa que, debido a la situación financiera de Petroperú, la transferencia de los recursos solicitados para iniciar los estudios, la valorización de activos y la estructuración legal y financiera del proceso de privatización no se realizará directamente desde la empresa estatal, sino que será canalizada a través del Ministerio de Energía y Minas
Proinversión sin experiencia en hidrocarburos
En diálogo con este diario, Aurelio Ocho apuntó también a la falta de experiencia de ProInversión en el sector hidrocarburos. Señaló que "basta recordar el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones (como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna). ProInversión lleva años a cargo y no ha logrado resolverlo. En hidrocarburos, cualquier encargo que se le da es cero a la izquierda".
El proceso de masificación del gas natural en el país no es reciente. Sus antecedentes se remontan al proyecto denominado Siete Regiones, concebido para llevar este recurso a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Sin embargo, la iniciativa ha acumulado sucesivos fracasos desde su planteamiento inicial en 2005. Su intento más reciente, en 2021, concluyó con la declaratoria de desierto del proceso, dejando nuevamente a estas regiones sin una solución concreta para el acceso al gas natural.
El decreto de urgencia y el oficio confirman, además, el acelerado cronograma que el Gobierno busca imprimir al proceso de privatización de Petroperú, trasladando a ProInversión no solo el diseño sino también la ejecución integral de una reestructuración que tendrá implicancias patrimoniales, financieras y políticas de gran alcance.
Exigen transparencia y control sobre la transferencia de S/144 millones
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) espresó su preocupación sobre la transferencia solicitada y exigió máxima transparencia y trazabilidad en el uso de estos recursos públicos, incluyendo la publicación de términos de referencia, contrataciones, consultorías, entregables, responsables y cronogramas.
El sindicato considera indispensable que la transferencia esté sujeta a control concurrente de la Contraloría General de la República y al seguimiento de las instancias competentes del Estado, dada la naturaleza estratégica de Petroperú para la seguridad energética del país
En el plano laboral, el STAPP rechaza que los procesos de reorganización trasladen costos a los trabajadores, afecten derechos o generen incertidumbre laboral, y solicita la instalación de un espacio formal de información y diálogo con Petroperú y las entidades involucradas.
El sindicato sostiene que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 presenta graves vicios de inconstitucionalidad. Afirma que vulnera los límites constitucionales de los decretos de urgencia, el control del Congreso y la protección del trabajo, y señala que no se configura el supuesto de urgencia extraordinaria, dado que los problemas financieros de Petroperú se arrastran desde 2022 y no constituyen un evento imprevisible que justifique el uso de este mecanismo excepcional.