Chile, una encrucijada de miedo y esperanza
Chile acudió a las urnas el pasado 16 de noviembre en su primera vuelta presidencial con una participación histórica: apenas un 15% de abstencionismo. A pesar de ello, ningún candidato logró superar el 50%, lo que empujó al país a una segunda vuelta el 14 de diciembre.
El enfrentamiento es polar: de un lado, Jeannette Jara, exministra de Trabajo, militante comunista y abanderada de una coalición de centroizquierda, una figura que encarna la continuidad de las reformas sociales; del otro, José Antonio Kast, abogado ultraconservador y líder del Partido Republicano, cuyo proyecto es refundar el Estado.
En un país que no ha cesado de movilizarse intensamente desde 2019, esta elección se convierte en un referéndum que no solo arriesga las reformas sociales recientes sino también el rumbo mismo de la democracia chilena.
Kast al estilo Bukele
Las encuestas confirman que seguridad e inmigración son las principales ansiedades de los votantes. Kast ha cimentado su campaña sobre este descontento, definiendo la seguridad como una “emergencia nacional” que requiere medidas draconianas.
Sus propuestas parecen inspiradas en El Salvador. Si bien el modelo redujo los índices de criminalidad, este sigue siendo objeto de serios cuestionamientos por su impacto en los derechos humanos y la consecuente concentración del poder.
Kast propone criminalizar la migración irregular, excavar zanjas y construir muros en la frontera norte –idea de dudosa factibilidad para el árido desierto de Atacama–, y expandir cárceles de máxima seguridad. Además, plantea llenar aviones con migrantes sin documentos y desplazar al Ejército a barrios de alta criminalidad.
Su admiración por Nayib Bukele lo hizo visitar El Salvador hace un año y recibir, hace una semana en Santiago, a su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Claras señales de una inclinación hacia medidas de excepción que ponen en riesgo la institucionalidad democrática, agravadas por la falta de precisión sobre su costo y por la escasa coherencia con los compromisos internacionales de derechos humanos
Refuerzo policial pero con pulso social
Jara reconoce la preocupación por la delincuencia, pero propone una respuesta más integral y equilibrada. Su programa busca aumentar el financiamiento de la Policía y su modernización, así como la aplicación de control biométrico en las fronteras.
Quiere construir cinco nuevas cárceles antes de 2033 y utilizar las Fuerzas Armadas en la protección de fronteras. Pero, a diferencia de Kast, Jara defiende la expansión de planes de reinserción juvenil para atacar las causas estructurales de la violencia, como el abandono escolar y la desigualdad.
Promete, además, levantar el secreto bancario para combatir el narcotráfico y desmantelar la base de poder: sus finanzas. Su visión no contempla derogaciones constitucionales ni una militarización generalizada; la clave está en la coordinación interinstitucional.
Chile, a pesar del aumento de los homicidios en la última década (cifra que ha descendido desde 2022), mantiene mejores indicadores que sus vecinos, por lo que el desafío es también mejorar la percepción de seguridad sin sacrificar la democracia.
Desregulación a cualquier precio
Kast defiende una agenda económica de reajuste fiscal y liberalización extrema. Su propuesta central es recortar $6.000 millones del gasto público en solo 18 meses (un 7% del presupuesto), bajo el supuesto de eliminar programas ineficientes.
También propone una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% (y eventualmente al 20%) así como agilizar permisos ambientales y de inversión. Sin embargo, su meta de elevar el PIB al 4% anual parece irrealista, considerando la proyección del Fondo Monetario Internacional (2%).
Este plan enfrenta dilemas éticos y financieros. Reducir impuestos y gasto en el actual contexto fiscal de Chile implicaría recortar programas sociales claves, sin que Kast, hasta ahora, especifique cuáles áreas –educación, salud o red de cuidados– serían sacrificadas.
Economistas, incluso de derecha –como el caso de Ignacio Briones–, calificaron su promesa de recorte como irreal, incluso con el riesgo de empujar una recesión. Es un guion de austeridad ciega que promete crecimiento, pero no detalla el costo social.
Crecimiento con equidad y un salario digno
Jara apuesta por crecer de forma inclusiva, priorizando la protección social. Ambiciona un ingreso mínimo de $780 mensuales con incrementos graduales, transferencias directas y subsidios a pequeñas empresas. El plan podría costar $300 millones, monto asumible que se financiaría con alzas tributarias progresivas.
Su programa no renuncia a la disciplina fiscal, al reconocer la necesidad de crecer más para sostener el gasto social. Respalda la reciente reforma de pensiones (2025) que aumenta la cotización obligatoria y mejora el régimen, especialmente para las mujeres.
Además, defiende la implementación de la ley de 40 horas laborales, un avance de alto impacto. En definitiva, su apuesta es por la inversión pública, la innovación y la transición verde, sin recurrir a recortes abruptos ni privatizaciones masivas.
En riesgo derechos sociales y diversidad
Chile es un referente latinoamericano en diversidad: la aprobación del matrimonio igualitario (2021), la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas (2023) y la reforma de pensiones, son claros ejemplos y conquistas que hablan de una sociedad más plural y un Estado comprometido con los derechos humanos.
Sin embargo, la posibilidad de una mayoría ultraconservadora con Kast abre la puerta a un retroceso. Las advertencias de las organizaciones LGBTI+ sobre el aumento de la retórica contra las minorías son un recordatorio de que estos derechos no están garantizados.
La segunda vuelta presidencial en Chile se perfila como un punto de inflexión con repercusiones más allá de sus fronteras. El país enfrenta dos proyectos antagónicos y su desenlace definirá un mensaje para América Latina: retroceder en derechos sociales y diversidad abriría la puerta a un giro autoritario, mientras que avanzar en reformas inclusivas consolidaría a Chile como el referente que ha sido.
La elección se convierte así en una encrucijada de miedo y esperanza, donde cada voto representa un acto de confianza en la capacidad de mi país para equilibrar orden y justicia sin ceder a la tentación –una vez más– del autoritarismo.
Juan Pablo Ferrari Saavedra es periodista.