“Si el PBI crece 3%, no absorbe a los jóvenes”: por qué el mercado laboral peruano sigue excluyendo, según laboralista
El balance del empleo en el Perú entre 2024 y 2025 muestra un panorama mixto: por un lado, señales claras de recuperación; por otro, brechas que continúan siendo un reto estructural. Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y del Banco Central de Reserva (BCR), el país ha vivido meses consecutivos de mejora en el mercado laboral, aunque la formalización sigue avanzando lentamente.
En mayo de 2024, el Ministerio de Trabajo reportó que la tasa de empleo formal alcanzó 29,1%, un incremento de tres puntos porcentuales respecto al nivel registrado en 2022, cuando se situaba en torno al 26%. Este avance marca una tendencia positiva y coloca al país en un punto cercano al 30% de formalidad. Sin embargo, la cifra también recuerda la dimensión del desafío pendiente: más del 70% de la fuerza laboral peruana sigue en la informalidad.
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Los datos del Banco Central de Reserva coinciden con este diagnóstico. A junio de 2024, el BCR registró 15 meses consecutivos de expansión del empleo, impulsados principalmente por sectores como servicios, agropecuario y comercio. Este dinamismo evidencia una recuperación sostenida del mercado laboral, respaldada por el repunte de la actividad económica.
El BCR señala además que el crecimiento del Producto Bruto Interno mostró una recuperación significativa desde 2024 y se proyecta que en 2025 alcance un incremento de 3,1%. Sin embargo, aunque el desempeño económico ha contribuido a la expansión del empleo formal, no se han logrado cambios estructurales profundos.
"A mayor PBI, hay mayor crecimiento, más empleo y mayor absorción de jóvenes. Si el PBI crece solo un 3%, no logra incorporarlos al mercado laboral”, afirmó el laboralista César Puntriano, profesor de ESAN y socio del estudio Muñiz, para La República.
El país, de esta manera, estaría terminando el 2025 con una tendencia positiva pero insuficiente para revertir décadas de informalidad.
Los jóvenes, los más golpeados por la precariedad
Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es la situación del empleo juvenil. Y es que siguen siendo el grupo con mayores dificultades para acceder a un empleo formal, estable y bien remunerado.
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De acuerdo con Puntriano, la combinación de informalidad estructural, baja productividad, educación técnica insuficiente y escasas oportunidades de inserción laboral hace que gran parte de la población joven permanezca atrapada en empleos precarios.
La raíz también está en la ausencia de políticas públicas sostenidas. Los programas laborales que se han implementado en los últimos años han sido temporales, “parches” que no generan continuidad ni un ecosistema capaz de absorber a los jóvenes que buscan empleo.
“Para insertarlos necesitas un mercado que los pueda absorber. Si el PBI crece 3%, no absorbe a esa gente”, explicó Puntriano a La República.
A esta fragilidad se suma un problema clave: la brecha entre las habilidades que adquieren los jóvenes y las que realmente demandan los empleadores. Puntriano señaló que no se trata de un “problema del joven”, sino de una falta de alineamiento entre el sistema educativo y las necesidades del mercado
El Estado, subrayó, debería impulsar programas de capacitación más conectados con las especialidades que buscan las empresas, desde el Ministerio de Trabajo y con pautas claras del Ministerio de Educación.
El laboralista sostuvo que, si el país forma a jóvenes en aquello que el mercado demanda, las empresas no tendrían que buscar talento fuera. Y si ese esfuerzo educativo se articula con un régimen laboral y tributario más flexible y atractivo para contratar jóvenes, se generaría un círculo virtuoso: empleadores motivados a ofrecer contratos, incluso indeterminados, bajo condiciones que faciliten la inserción y reduzcan los costos iniciales de contratación.
Sin embargo, el escenario actual muestra lo contrario. Los sectores que más han impulsado el crecimiento del empleo —servicios y comercio— suelen ofrecer puestos temporales, informales y de baja calidad, donde los jóvenes son mayoría.
Esta precariedad no solo afecta sus ingresos presentes: tiene un impacto directo en la productividad futura del país y limita el potencial de crecimiento económico. Peor aún, una parte de los llamados “ninis” —quienes ni estudian ni trabajan— termina expuesta a riesgos mayores.
“Afectan a la economía porque no producen, no pagan impuestos, y muchos se ven tentados al lado oscuro, a la delincuencia”, advirtió Puntriano. “La falta de ocupación y oportunidades los vuelve más vulnerables a ser captados por organizaciones criminales”.
A ello se suma un problema cultural profundamente arraigado: la normalización de la informalidad y el conformismo con empleos de corto plazo, porque “es lo que hay”. Para el especialista, esto refuerza un círculo vicioso del que es difícil salir si el Estado no marca la pauta ni asume liderazgo.
El gobierno anterior —recordó— dejó poco más que “una estadística de la informalidad”, sin acciones concretas para revertirla.
Para Puntriano, el combate a la informalidad y el fortalecimiento del empleo juvenil deben ser tareas prioritarias para el próximo gobierno. Aunque reconoce que no se trata de una agenda atractiva políticamente, enfatiza que es imprescindible. No puede reducirse solo a lo laboral.
“Mucho se dice ‘lo laboral, lo laboral’. No es bajar derechos”, señaló, recordando el rechazo que generó la Ley Pulpín. El punto no es quitar beneficios, sino entender que las soluciones deben ser sostenibles y multidimensionales: requieren consistencia fiscal, política educativa moderna, productividad y políticas públicas de largo plazo.
El salario mínimo y la discusión siempre pendiente
Uno de los debates recurrentes en este contexto es el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), un tema que vuelve a la agenda cada vez que la economía muestra señales de recuperación. Sin embargo, lejos de ser un acuerdo técnico, es uno de los puntos que más evidencia la fragilidad institucional en el mercado laboral peruano.
En el Consejo Nacional de Trabajo —espacio tripartito que reúne al Estado, empleadores y sindicatos—, nunca se ha logrado consenso para definir criterios técnicos que guíen los aumentos del salario mínimo. Por ello, en la práctica, los incrementos de la RMV siempre han sido decisiones del Ejecutivo, no el resultado de un acuerdo social.
A este problema se suma un segundo factor estructural: la baja productividad del Perú. “Si la productividad es baja, ¿cómo justificas un aumento del salario mínimo?”, advierte Puntriano. Un ajuste que no vaya alineado a mejoras en producción, capacitación y competitividad puede terminar afectando la contratación.
El impacto potencial es claro: en un país donde siete de cada diez trabajadores son informales, la remuneración mínima rige solo para el sector formal. Si mañana el Estado aprueba una nueva RMV, “el resultado sería que más trabajadores quedarían fuera del mercado formal”. Las pequeñas empresas, incapaces de asumir mayores costos, optarían por informalizar o dejar de contratar.
“Los trabajadores merecen un salario más alto, eso no se discute. El problema es cómo hacer sostenible ese incremento sin afectar la contratación ni provocar más informalidad”, explicó Puntriano.
Sin productividad, educación, políticas de empleabilidad y crecimiento económico, ningún aumento del salario mínimo es efectivo.
Además, la discusión suele estar rodeada de presiones políticas. En cada ciclo, surgen propuestas populistas que prometen aumentos sin sustento técnico. Pero, sin acompañarse de mayor inversión, capacitación y estabilidad, estos anuncios terminan siendo simbólicos para la mayoría.
La inteligencia artificial acelera los cambios en el mercado laboral
A la recuperación económica y las brechas de informalidad se suma un tercer factor que ya está transformando el empleo en el país: la irrupción acelerada de la inteligencia artificial (IA).
Según el análisis de Puntriano, este proceso no solo impacta a industrias de alta tecnología, sino también a sectores tradicionales que están incorporando automatización para reducir costos o mejorar eficiencia.
El avance de la IA crea oportunidades, pero también profundiza desigualdades si no se acompaña de formación y reconversión laboral. En el caso peruano, el desafío es mayor porque el país arrastra una brecha educativa y tecnológica que limita la capacidad de adaptación de miles de trabajadores, especialmente de jóvenes que buscan empleo formal por primera vez.
En un contexto donde la automatización avanza más rápido que la capacitación, los empleos de baja calificación son los más vulnerables. Tareas administrativas, operativas y de atención básica al cliente ya están siendo reemplazadas o redefinidas por sistemas de IA, lo que obliga al mercado laboral a reconfigurarse.
“La IA no destruye empleo de inmediato, pero transforma puestos y exige nuevas habilidades. El problema es que muchos jóvenes no están siendo preparados para estas exigencias”, advierte el análisis.
El riesgo es claro: la brecha de informalidad puede ampliarse si los trabajadores con menor acceso a educación tecnológica quedan fuera de los nuevos estándares del mercado.
Por ello, especialistas señalan que el Perú necesita políticas urgentes de capacitación y actualización de habilidades digitales, así como una estrategia nacional de reconversión laboral para evitar que la IA profundice las asimetrías existentes.
Finalmente, cabe observar el mercado laboral “a nivel país”, es decir, más allá de los promedios nacionales, debido a que no ha sido uniforme:
- Hay regiones donde la formalidad avanza con más rapidez, especialmente en zonas con fuerte actividad agroexportadora.
- En otras, la informalidad se mantiene por encima del 80%, especialmente en actividades de subsistencia.
- La recuperación económica no siempre llega con la misma intensidad a mujeres, jóvenes o trabajadores de zonas rurales.
Por ello, aunque el país registra cifras positivas, el mapa laboral peruano sigue siendo profundamente desigual.