Estado peruano en silencio: jóvenes kukama exigen justicia para crímenes cometidos durante época del caucho
Las palabras de Katy Ordoñez Tamani (23), miembro del colectivo Tsiuni, que significa escuchar en lengua kukama, resuenan con melancolía y firmeza. Su voz, como el de otros diez pueblos amazónicos del Perú, se ha convertido en un símbolo necesario para contar lo vivido por sus ancestros durante la época del caucho, periodo descrito en los libros de historia como era de apogeo económico, pero construido bajo sistemas de trabajo esclavistas, crueles y explotadores.
Usar esos adjetivos no resulta en una exageración. Prueba de ello es la historia del bisabuelo de Katy, quien, al no alcanzar los 70 kilos de caucho exigidos, fue privado de las medicinas que necesitaba para tratar la enfermedad de uno de sus hijos. “Solo logró recolectar 60 kg. Por eso, el patrón se negó a entregarle las pastillas y su hijo murió(...) Mi abuelo, Santiago, también recuerda los maltratos físicos que sufría su padre. Muchos de sus hermanos huyeron de la violencia y nunca más volvieron a encontrarse”, narra.
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El inicio de una lucha histórica
Para el discurso oficial, este periodo ha permanecido relegado e invisibilizado de la memoria colectiva. Casi un siglo después de lo sucedido, hasta el momento no existe una cifra total y exacta que determine cuántas personas murieron a causa del genocidio perpetrado durante esa época, que afectó y exterminó a pueblos indígenas enteros de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, según describen los autores Alberto Chirif y Manuel Cornejo Chaparro en su texto titulado 'Imaginario e imágenes de la época del caucho: Los sucesos del Putumayo'.
Por ello, con el fin de obtener una justicia, aunque considerablemente tardía, este lunes 13 de octubre, en Loreto, previo al Día de la Resistencia Indígena, más de 40 jóvenes de los pueblos kukama, murui, murui buee, boras, secoyas, achuar, kichwa y maijuna interpondrán una demanda judicial contra el Estado peruano ante la Corte de Justicia de Nauta. Entre los pedidos, se exige la conformación de una Comisión de la Verdad, que investigue los crímenes cometidos. Quienes impulsan esta acción conversaron con La República para explicar los motivos que sustentan esta lucha histórica.
“Los testimonios han sido el principal motivo para que nosotros exijamos una respuesta al Estado, que en su momento se omitió. El pueblo kukama ha sido uno de los más goleados durante la época de la conquista y el caucho”, enfatiza Danna Gaviota (25), integrante del colectivo.
“Estamos dispuestos a seguir peleando porque se sepa la verdad. Hoy, la impunidad también se ve frente al clamor de todas las comunidades. Hace tiempo fue el caucho, ahora son otras actividades extractivas que tienen el mismo modelo de opresión contra nuestros territorios amazónicos”, enfatizó Pedro Alca (27), otro joven miembro de Tsiuni.
“El Estado permitió el genocidio de nuestra gente, de nuestros abuelos, de nuestros tíos (…) Con esta demanda se busca evitar que las grandes empresas, y que ese el mismo estado, siga viendo a la Amazonía como solo un espacio para extraer recursos”, añade Katy.
El temido Tigre Negro
La iniciativa, que demandará al Poder Ejecutivo, al Concejo de Ministros y a ministerios como el de Economía y Finanzas, Cultura, Midis, MIMP y Educación, surgió hace muchos años, cuando, al escuchar los relatos de sus abuelos, las nuevas generaciones comenzaron a cuestionarse por qué, desde la época de la conquista, la Amazonía peruana había sido concebida únicamente como una fuente de recursos y no como un territorio vivo que debe ser preservado y protegido.
El auge de la explotación cauchera, producto de la demanda de gomas por parte de producciones europeas, inició a mediados de la segunda mitad del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Dicha actividad extractiva trajo consecuencias devastadoras para las comunidades y los pueblos indígenas en situación de aislamiento. En los relatos descritos, se oye con frecuencia hablar del temido “Tigre Negro”, que emergía de las aguas del río Marañón para asesinar a los ‘shirigueros’, “lanzar bebes al luego” y “hacer tiro al blanco con los niños”, cuentan.
El tigre hace referencia a los empresarios caucheros que llegaron, desde distintos países del mundo, a la cuenca amazónica para explotar el caucho y producir cuero, látex y otros insumos indispensables para la industria de la época. Uno de los nombres más infames de este periodo es el de Julio César Arana del Águila, propietario de la empresa Peruvian Amazon Company, y señalado como "capataz que azotaba sin cesar a los indígenas" (Chirif y Cornejo, 2009).
Arana construyó un vasto imperio que se extendía desde el río Huallaga hasta el Putumayo. Bajo el discurso de la “prosperidad económica”, su compañía esclavizó comunidades enteras: torturó, secuestró, violó y asesinó, provocando su exterminio. Pese a estas atrocidades, llegó a representar a la región de Iquitos en el Senado peruano en 1922.
La impunidad no es discurso de siglos pasadas. En mayo del 2024, el actual gobernador regional de Loreto, René Chávez, encabezó la inauguración de la denominada ‘Alameda del Caucho’, un espacio que ha sido duramente criticado por priorizar la figura del “patrón”, por encima de los pueblos indígenas. “Cuando tú hablas de la época del caucho, hemos visto a políticos referirse a ese periodo como una etapa de “apoyo” que debería repetirse ahora. Nos ha parecido una total deslegitimación, una burla a la memoria de nuestros abuelos. ¿Cómo puedes querer repetir una época marcada por el asesinato y la explotación?”, sentencia Gaviota.
Justicia tardía
“Tuvimos media hora de fiero combate e infligimos numerosas bajas a los salvajes que tuvieron que retirarse ante la enérgica actitud de nuestros combatientes”, escribió en sus memorias Zacarías Valdez, quien trabajó de la mano con Carlos Fermín Fitzcarrald, cauchero peruano de origen norteamericano que operó entre el Urubamba (Cusco) y Madre de Dios.
Solo en el Putumayo, se estima que alrededor de 44.000 personas indígenas fueron exterminadas. Según los censos de Perú y Colombia de 1920, en la zona residían cerca de 60.000 personas. Aproximadamente, el 73 % de la población indígena fue aniquilada. No obstante, aunque ya no están en el plano terrenal, para el pueblo kukama, “los espíritus de sus ancestros siguen presentes al momento de contar esas historias”, afirma Pedro Alca.
Durante el V Encuentro Kukama, realizado en Nauta y organizado por el colectivo, los testimonios transmitidos por hijos, nietos y abuelos permitieron reconstruir lo ocurrido en ese periodo y mantener viva la memoria de los pueblos. Son conscientes, sin embargo, de que muchas de las víctimas no alcanzarán justicia cuando se inicie el proceso judicial. Añaden que este es un tema que le compete a todas y todos.
“Imagínate escuchar a tu abuela contar todo lo que sufrió: muertes, violaciones. Esa es parte de nuestra historia y, como país, debe ser contada para que se entienda que, como Estado, hemos fallado”, enfatiza Danna.
Al respecto, Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y una de las profesionales que ha seguido el proceso, precisó que se tratará de un recorrido prolongado, similar al que tomó investigar los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno. Enfatizó que la actitud del Estado no ha sido transparente ni diligente en la sanción de los responsables de estos crímenes.
“El Estado peruano ha sido responsable, junto con los propios caucheros y sus defensores, de haber construido un relato que continúa presentándolos como defensores de la patria y agentes civilizadores. Jamás ha pedido perdón a los pueblos indígenas afectados por los crímenes cometidos ni por no haber actuado en defensa de la persona humana. Mucho menos ha implementado medidas de reparación frente al daño infligido a estas comunidades”, sentenció.
Finalmente, Quispe señala que el Poder Judicial tiene la obligación de admitir el proceso y convocar a una audiencia en la que los demandantes serán escuchados. Sin embargo, advirtió que, en caso de que la demanda sea declarada infundada mediante una sentencia en última instancia, el caso podría ser llevado ante instancias internacionales. El Estado tiene, una vez más, la oportunidad de contar la verdadera historia.