Juana Clavero, nieta de un represaliado por el franquismo en Zarza la Mayor: “Las familias nos sentimos muy dolidas con María Guardiola”
Este sábado empiezan las exhumaciones en la mina La Paloma, donde se busca a una veintena de fusilados de 1936 solo 48 horas después de que PP y Vox hayan sacado adelante la derogación de la Ley de Memoria Histórica
Extremadura deroga su ley de Memoria Histórica, el último pago del PP de Guardiola a Vox
Este sábado comienzan las exhumaciones en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor, un lugar señalado desde hace décadas por los testimonios orales como fosa común de los vecinos fusilados en el verano de 1936. Desde las doce del mediodía, los técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han iniciado la recuperación de tres de los cuerpos aparecidos a 36 metros de profundidad, bajo toneladas de piedra.
Entre los familiares que aguardan el momento está Juana Clavero, nieta de Isidoro Clavero Vinagre, herrero de Zarza fusilado por “defender la justicia social”. Habla desde la emoción y el cansancio: “Me he tenido que tomar una tila, estoy un poco desquiciada porque es un momento muy duro”, dice. “Desde 1936, mi abuela y sus hijos e hijas comenzaron a buscarlo. Ellos murieron sin verlo, y ahora somos nosotras, su siguiente generación, quienes los estamos encontrando”.
Juana se detiene un instante y reconoce la mezcla de alegría y pena que atraviesa a su familia. “Nosotras hemos heredado esa búsqueda. Y también el dolor. Nos tuvimos que ir del pueblo por ser represaliados y rojos. No solo sufrieron ellos, lo hemos sufrido también nosotras”.
Los técnicos le han confirmado que los restos hallados corresponden a los últimos cuerpos arrojados, los más superficiales, y que se encuentran muy deteriorados por la presión de las piedras y los escombros. “Ya han aparecido cráneos con el tiro en la cabeza”, explica Juana, que sigue cada movimiento del equipo arqueológico. Los restos serán trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde se intentará obtener muestras de ADN. “Nos están haciendo pruebas a los familiares. Nos dijeron que puede que logren sacar algo o no, porque los huesos están muy dañados. Va a ser un proceso lento”, se lamenta.
Las familias esperan que, una vez identificados, los cuerpos puedan descansar en paz. “Mi deseo es que los que aparezcan sigan juntos aquí, en Zarza la Mayor, en el cementerio. Que les hagamos un gran homenaje y que permanezcan unidos”, dice. Otras familias prefieren que los restos se entierren junto a los suyos, y ella respeta todas las decisiones.
Juana Clavero Molina, vecina de Zarza la Mayor, afincada en Logroño, lleva décadas reclamando verdad, justicia y reparación. Nació en 1949 en este pueblo cacereño marcado por la represión franquista, la frontera y el exilio. Desde joven se incorporó a la militancia política de izquierdas —primero en el PCE y más tarde en Izquierda Unida—, y su compromiso con la memoria la llevó también al Parlamento de Extremadura, donde fue diputada en los años noventa.
Aunque no conoció personalmente a su abuelo, su historia ha marcado toda su vida. “Crecí escuchando esas historias. Eran de dolor y de muerte, pero también de dignidad”, recuerda Juana, que en su libro de relatos autobiográficos 'Zarza' rescata la memoria de la posguerra rural, la miseria, la emigración y el miedo que sobrevivió durante décadas.
La mina La Paloma es un escenario que hasta hace poco era una herida muda. Asociaciones, historiadores y familiares llevaban años señalando ese lugar como fosa común. Las dificultades técnicas y las trabas políticas han retrasado las excavaciones: galerías inestables, escombros, agua filtrada y toneladas de piedra. Se calcula que podrían hallarse al menos una veintena de cuerpos, entre vecinos de Zarza la Mayor, Ceclavín y otros municipios cercanos.
En una carta abierta reciente, firmada por Juana y dirigida al actual alcalde, denunciaba la paralización de la tercera fase de exhumación por motivos medioambientales —la mina está dentro de una zona protegida de la Red Natura 2000—, y reclamaba que “ningún trámite burocrático justifica el silencio ni la no exhumación de los familiares asesinados”.
El hallazgo de los restos coincide con un momento especialmente doloroso para las familias: la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, sustituida por la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox. La norma, aprobada bajo el gobierno de María Guardiola, borra las referencias a la dictadura, debilita las obligaciones sobre exhumaciones y reduce la participación de las víctimas en los procesos de memoria.
Para Juana y las familias, esta sustitución constituye una forma más de violencia institucional. “Nos sentimos muy dolidas con María Guardiola. Es muy duro ver cómo, mientras encontramos a nuestros muertos, las instituciones borran lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo”, lamenta. Cuando Juana dice “las familias nos sentimos muy dolidas con María Guardiola”, no es una frase hecha: refleja la realidad de quienes han esperado décadas para que se reconociera la memoria de sus seres queridos. Para ella y muchas otras familias, la Ley de Memoria representaba una promesa de reparación —institucional, simbólica y legal— que la nueva normativa parece querer enterrar. “Sé cómo funciona el juego político, pero ante una situación como esta, para mí María Guardiola no tiene ninguna justificación”, añade con firmeza.
Juana Clavero, también apoyada por Amnistía Internacional Extremadura, no busca venganza, sino justicia. Quiere que los huesos tengan nombre y que las familias puedan despedirse dignamente. “El gobierno regional podrá cambiar leyes, pero no podrá borrar la memoria de quienes llevamos este dolor en la sangre”.