El TPI niega la libertad provisional que Duterte solicitó por motivos humanitarios

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha negado este viernes la libertad provisional al expresidente filipino Rodrigo Duterte que sus abogados habían reclamado por motivos humanitarios. En un dictamen publicado este viernes en su página web, la Corte estima que la defensa del expresidente de Filipinas, imputado el mes pasado por tres cargos de crímenes contra la humanidad, no argumenta los motivos que podrían justificar su excarcelación. «No sustenta por qué su detención resulta contraproducente hasta el punto que pudiera justificar su libertad provisional», explican la presidenta de la Cámara Primera de lo Preliminar del TPI, Iulia Antoanella Motoc y sus adjuntas Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera. Asimismo, la Corte también considera suficientes las medidas que ha preparado para «garantizar el derecho a la vida familiar» del expresidente filipino y, en términos generales, considera que el antiguo mandatario se encuentra en situación de «detención legal» y su defensa no ha conseguido concretar, como hace falta, «consideraciones que justifiquen una liberación provisional por razones humanitarias». El exmandatario de 80 años, que se encuentra detenido en La Haya desde el pasado marzo, ha sido acusado formalmente de haber sido «coautor indirecto» de 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao, mientras que los otros dos cargos imputados se refieren su etapa al frente del país. En este sentido, los fiscales han relacionado a Duterte con 14 asesinatos denominados «objetivos de alto valor» en 2016 y 2017, y con otros 43 en operaciones de «limpieza» de presuntos delincuentes entre esos años y 2018. Estas operaciones incluyeron «miles de asesinatos, que se perpetraron de forma sistemática a lo largo de todo el periodo», han señalado en el documento. Filipinas, cabe recordar, se incorporó al TPI en noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.