El baile de los que sobran, por Marianella Ledesma

El referéndum, es un procedimiento jurídico y político por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación por los ciudadanos. Es un acto muy importante y trascedente, al que se recurre incluso, para reformar la Constitución Política.

La primera Constitución en nuestro país, que incorporó el referéndum y la consulta popular, fue la Constitución del 93, como expresión de una democracia directa, que busca dar voz al ciudadano y fortalecer al modelo de democracia representativa.

En nuestro país, en el último referéndum, se consultó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la reelección de congresistas y con la bicameralidad. Dicha consulta tuvo como respuesta un contundente NO. El 90% de votantes, a nivel nacional, rechazó la propuesta, sin embargo, esa voluntad ha sido ninguneada y pisoteada por los grupos políticos que conforman este Congreso, quienes han reformado la Constitución para permitir que la reelección de los congresistas y dar la bienvenida a la bicameralidad, sin mayor reflexión, debate, ni consulta que le de legitimidad a esas reformas.

Dicho, en otros términos, se ha procedido a una reforma sustancial del ejercicio del poder político, con mandatos y atribuciones constitucionales, evitando así un nuevo referéndum; la reforma constitucional ha sido producto de la negociación de los intereses de los grupos políticos que hoy ejercen el gobierno desde el Congreso y es la que se está imponiendo a los ciudadanos en estas elecciones 2026.

La participación política es una actividad bastante antigua, desarrollada en comunidades organizadas, que motivó a considerarla como una forma de democracia directa con la que debe integrarse o incluso sustituir a la democracia representativa. Muestras de una democracia directa, que consagra nuestra Constitución, tenemos a “los derechos de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.”

No se niega que la voluntad popular expresada en un referéndum puede ser cambiada, siempre y cuando se vuelva a consultar al mismo titular de la respuesta (los ciudadanos), en otro referéndum; sin embargo, un Congreso deslegitimado, con un 2% de aprobación en su labor por la opinión pública, donde el 80% de sus integrantes tienen denuncias por ilícitos penales ante el Ministerio Público, ha procedido a realizar la reforma constitucional, creando la bicameralidad y repartiendo diferentes funciones y competencias a realizar en estas cámaras; aumentado el número de curules  y el gasto del Estado, que según información del propio Congreso costará 180 millones de soles implementar la bicameralidad; a lo que hay que agregar el riesgo que el número de curules, que ya no está fijado en la Constitución sino en una Ley, pueda permitir aumentar el número de curules.

Reformas en agenda

Hay una precarización del ejercicio político, que requiere una reforma constitucional integral y no por parches. La gran reforma política debe tener como centro, empoderar al ciudadano en su ejercicio político, y para ello, el ejercicio de democracia directa sería una opción a desarrollar. Los partidos políticos son un medio en ese ejercicio y no el fin; por ello, incorporar la posibilidad de renovar a los integrantes del Congreso por tercios, podría justificar la reelección de los congresistas, sin embargo, este Congreso ha reformado la Constitución solamente, para habilitar la posibilidad de la reelección, lo que significa que seguiremos reproduciendo la vieja estructura de renovar el Congreso, cada cinco años, ¿acaso no es suficiente lo que estamos viviendo, con la labor de este Congreso, para seguir manteniendo esta vieja formula de representación?

El ciudadano debe tener la posibilidad de renovar en períodos cortos su representación política ante el Congreso, permitiéndose solo así, la reelección en esas condiciones y no limitarle a que sea cada cinco años. Como se aprecia, se ejerce el poder al margen de su voz, a pesar que el propio texto de la Constitución afirma que “el poder del Estado emana del pueblo,” por ello, se requiere afirmar este ejercicio en actos concretos de participación real y efectiva.

La reforma que ha impulsado este Congreso, ha obviado el debate sobre su organización, en relación a sus atribuciones constitucionales que tiene que desarrollar, esto nos lleva a preguntamos, ¿se requiere una, dos o tres cámaras para ello?

Debería analizarse la posibilidad de crear, al margen de la Cámara de Diputados y Senadores, otra cámara que haga las veces de lo que hoy realiza en el Congreso, la Comisión Permanente, Comisión de Ética y la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Una cámara conformada también por congresistas, elegidos por votación popular, exclusivamente para determinar desafueros y sanciones por inconductas funcionales, por citar. Ello llevaría a la redistribución del número de integrantes por cada cámara.

Evidentemente, la postulación de estos Congresistas, no responderán a propuestas de grupos políticos, sino a colegios profesionales, a fin que sean elegidos conjuntamente en las elecciones generales, como congresistas de la República, pero con una función administrativa disciplinaria en el Congreso.

Como ha señalado el Fiscal de la Nación interino, 105 congresistas tienen denuncias ante el Ministerio Público. Esa situación es preocupante, por tratarse de investigaciones vinculadas con ilícitos penales, como el recortar el sueldo de sus trabajadores, ejercer tráfico de influencias, corrupción, abuso de autoridad, omisión de funciones, aprovechamiento indebido del cargo, etc.

Las denuncias constitucionales que plantea el Ministerio Público son tramitadas ante la sub comisión de acusaciones constitucionales, quienes deciden qué denuncia se archiva o se da tramite; también las inconductas funcionales, son de conocimiento de la Comisión de Etica; en ellas se sigue reproduciendo el mismo esquema, los congresistas son jueces y parte de sus propias fechorías, de sus inconductas reprochables, pero su objetivo es evitar las investigaciones y responsabilidades administrativas y penales futuras, y para ello, se requiere además contar con un Ministerio Público que sea complaciente con sus inconductas para lograr impunidad.

Como dice el dicho popular: otorongo no come otorongo. Opera aquí un espíritu de cuerpo, entre los integrantes del Congreso, el mismo que serviría, además, como una prebenda para futuras negociaciones políticas a cambio de impedir el desafuero del cargo congresal.

Las comisiones del Congreso se han convertido en el paredón de las personas adversas a los grupos políticos que ejercen el gobierno, los que están asociados con redes criminales. Frente a ello, utilizan su poder para debilitar al funcionario encargado de investigarlos; incluso fuerzan situaciones de inhabilitación política y colocan el acelerador a sus decisiones, según los intereses políticos-delictivos que buscan blindar. Estas comisiones, son utilizadas para instrumentalizar la muerte política de sus adversarios; e incluso, se ha convertido en moneda de cambio para obtener beneficios con otras instituciones, sino hay que recordar las imputaciones que se le hace a Patricia Benavides, de haber archivado varias carpetas fiscales contra los congresistas, cuando ejerció el cargo de Fiscal de la Nación, a cambio de votos en el Congreso para otros fines.

¿Qué hacer?

Todos los grupos políticos están felices con estas reformas constitucionales, y ni que decir con las leyes que se han dictado en estos meses, como la ley que debilita el lavado de activos, la colaboración eficaz, el allanamiento, las exoneraciones tributarias, etc.

Nadie propone revisar estos excesos, ni hacer una auditoria a esas reformas constitucionales y legales para corregirlas o invalidarlas. Se pretende sobre el hedor de la corrupción y la criminalidad sostenida en el congreso seguir construyendo una participación política, como si nada tuviera que transformarse.

He escuchado decir, que la delincuencia organizada, tiene a sus propios políticos en cartelera, me pregunto ¿no quedará otra opción que elegir entre los ofertados por estos partidos? A eso se ha reducido la participación política, con las reformas que ha hecho este Congreso. Son los dueños de los partidos, los nuevos amos de la cartelera política, quienes colocan en sus planchas presidenciales y listas congresales, luego de haber derogado la ley de las PASO, que elimina las elecciones primarias en los partidos.

No se trata de cambiar figuritas, de renovar los rostros, para estas elecciones; se requiere enarbolar el compromiso de la transformación del ejercicio político, y la necesidad de revisar este esquema creado por este Congreso, que no ha considerado la voluntad popular expresada en el referéndum sobre la reelección congresal y en el número de Cámaras para la organización del trabajo del Congreso, porque en toda esta narrativa los ciudadanos y sus intereses son los grandes invisibilizados, sencillamente hay voluntades políticas que pesan diferentes y que son dueñas del baile, en la que otros sobran, como diría el grupo musical Los Prisioneros,  y me pregunto ¿hasta cuándo?