El juez Peinado decidirá si vuelve a citar a Sánchez y Bolaños por la asesora de Begoña Gómez en Moncloa
La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, que ejerce Antonio Camacho, pide, una vez más, el archivo de la pieza separada de la causa que analiza si hubo un delito de malversación de caudales públicos en que la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, hiciese gestiones de la actividad profesional privada de Begoña Gómez. Defendió que este ilícito implica que lo cometa un funcionario público y –aseguró– que no puede considerarse que ella lo sea.
De igual forma, tanto el Ministerio Fiscal como las representaciones letradas de la alto cargo imputada y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que representa la Abogacía del Estado, han reclamado el sobreseimiento de las actuaciones en su contra.
El abogado de Álvarez, José María de Pablo, ha querido insistir en que su clienta no puede ser responsable de la malversación, en todo sería víctima de este delito. En su intervención, también dejó claro él habla solo por y en defensa de su representada. Por su parte, el Abogado del Estado ha deslizado que la responsabilidad de Martín sería menor al de sus antecesores en el cargo.
Por su parte, la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, que ha solicitado en la vista la práctica de nuevas diligencias de investigación que consideran imprescindibles. Por un lado, que vuelva a comparecer como testigo el propio Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Hay que recordar que Bolaños fue el primer responsable de la Secretaría General de Presidencia, de la que depende Álvarez desde que fue nombrada directora de Programas en julio de 2018.
Según trasladan las citadas fuentes jurídicas a LA RAZÓN, el fin es esclarecer el volumen del desempeño que llevó a cabo Álvarez en el ámbito privado de la esposa del jefe del Ejecutivo.
También han requerido al juez Peinado que interrogue a la actual superior jerárquica de la asesora. La secretaria general Judit González, la única de los que ha tenido estas responsabilidades y que nunca ha comparecido.
Además, buscando esclarecer como se fraguó su contratación, la acusación ha solicitado que se celebre el careo entre la asistente y el alto cargo que firmó su nombramiento, el que fuera vicesecretario general de presidencia, Alfredo González.
Se llegó a convocar para el pasado abril, pero el viaje que alegó tener la asesora impidió su celebración y nunca más se recuperó su práctica.
Como documentales, piden que se aporten todas las declaraciones de la renta de Álvarez desde que trabaja en el Gobierno.
Por último, la acusación quiere que vuelva a declarar como testigo el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, que fue el que reveló que era la alto cargo la que ejercía de interlocutora con él a la hora de abordar numerosas cuestiones de la cátedra.
Hay que tener en cuenta pendiente la entrega por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita de dos informes policiales.
Uno, con el que, tras analizar el registro de llamadas del teléfono profesional de Álvarez, se aclarará si, desde que fue nombrada en julio de 2018, mantuvo comunicaciones telefónicas con las empresas privadas que patrocinaron la extinta cátedra extraordinaria de Gómez (Reale Seguros y Fundación La Caixa).
O con las compañías que desarrollaron, de manera altruista, el software informático (Telefónica, Indra, Google y Manpower) del que se analiza –en la parte principal del procedimiento– si se pudo apropiar indebidamente la esposa de Sánchez.
El otro informe de la Guardia Civil expondrá el contenido de los más de 200 correos electrónicos que el vicerrector de Planificación de la Complutense Doadrio dijo haber intercambiado con la asistente de Gómez.
Como confirmó este diario, los agentes han recibido ya los mails y ahora se encuentran analizándolos.
Estas comunicaciones son claves y pueden dejar al descubierto que, en efecto, las gestiones que hizo la asesora vinculadas a la actividad laboral privada de la esposa de Pedro Sánchez no eran «favores puntuales» –como ambas sostienen como estrategia de defensa– y sí unas tareas constantes en el desempeño de Álvarez como empleada de la Administración.