La guerra comercial en Norteamérica
El 1 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas, que establecen un arancel de 25 por ciento sobre los bienes importados de Canadá y México, respectivamente, con la excepción de 10 por ciento para el petróleo y la energía canadienses, los cuales entrarían en vigor el 4 de febrero. En ambos ordenamientos, se advierte que, si estas naciones optan por represalias, el presidente puede incrementar o extender en alcance estos gravámenes.
De forma inmediata, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció un arancel simultáneo de 25 por ciento sobre un cierto monto de importaciones procedentes de Estados Unidos, el cual se ampliaría en tres semanas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México promulgaría medidas de represalia arancelarias y no arancelarias, por determinarse.
Dos días después, Trump difirió los aranceles para el 4 de marzo, fecha en que tanto los gravámenes estadunidenses como los canadienses se hicieron efectivos. Sin embargo, el 6 de marzo, Trump exentó de los aranceles, hasta el 2 de abril, a los productos de Canadá y México que cumplen con las reglas del T-MEC.
Hasta ahora, el gobierno de México ha mostrado prudencia ante los vaivenes arancelarios. En lugar de concretar acciones de represalia, ha insistido en la falta de justificación de las barreras proteccionistas de Estados Unidos, las cuales violan el acuerdo trinacional, y ha impulsado negociaciones con este país.
Es imposible conocer, de antemano, qué decisiones tomará el presidente Trump respecto a estos gravámenes, así como otros que ha anunciado o puede determinar. La incertidumbre sobre la política comercial externa de Estados Unidos no tiene precedente cercano.
Si bien no pueden descartarse futuras acciones de represalia para acomodarse a presiones internas, la postura mexicana ha sido atinada.
El criterio de acierto más claro ha sido el económico. A juzgar por las presentaciones oficiales, el gobierno de México ha reconocido que el principal afectado por los aranceles es el país que los aplica. El costo recae, en última instancia, sobre los consumidores, quienes enfrentan un mayor precio o una menor calidad de los productos. Una vez consideradas la sustitución de importaciones y la recaudación gubernamental, el efecto neto es una pérdida de bienestar.
El país sobre cuyos bienes se imponen los aranceles puede reorientar, al menos parcialmente, sus ventas externas hacia otras latitudes para hacer frente a la disminución de demanda, lo cual amortigua el efecto adverso sobre su producción. Tal ha sido el caso de China que, desde el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos en 2018, ha ido exportando proporcionalmente menos a este país, a favor de otras naciones asiáticas.
México y Canadá representan casos especiales, al contar con estructuras productivas estrechamente vinculadas con Estados Unidos, cuya desintegración, con el propósito de reencausar las exportaciones, sería muy costosa.
Esta especialización resulta particularmente marcada para México, ya que gran parte de su capacidad manufacturera se ha construido con la justificación de la cercanía geográfica con Estados Unidos y el bajo costo de la mano de obra. Teniendo en cuenta la mayor importancia del comercio exterior respecto al PIB y su concentración con el vecino del norte, la producción de México sería la más afectada por el arancel de 25 por ciento.
Lo anterior no significa que el daño sería menor si México respondiera con medidas compensatorias. El perjuicio se magnificaría considerablemente con los efectos mencionados al consumidor mexicano, como ocurrirá con el consumidor canadiense, si se mantienen los aranceles a Estados Unidos decretados por la administración Trudeau.
La cautela de México ha probado ser apropiada, además, desde el punto de vista político. Lejos de ser disuasivas para la imposición de aranceles estadounidenses, las represalias de Canadá sólo han provocado la posibilidad de más aranceles.
Esto se demostró con la reciente amenaza de Trump de que Estados Unidos doblaría a Canadá la tarifa de 25 por ciento sobre el acero y aluminio, aplicada desde hoy a todos los países, como respuesta al recargo de 25 por ciento a la electricidad exportada a Estados Unidos, decretado por la provincia de Ontario en venganza a la mencionada tarifa. El gobierno provincial tuvo que retractarse, para evitar que el arancel a Canadá alcanzara 50 por ciento.
El gobierno de México ha hecho bien en diferenciarse de los líderes de Canadá, al privilegiar el diálogo con Estados Unidos, con objeto de proteger la integración económica con esta nación. La perseverancia en esta actitud le permitiría atender mejor los ingentes desafíos internos.