¿Quién da más? Trump (casi) listo para subastar megayate de oligarca ruso
Estados Unidos se acercó a subastar el superyate del multimillonario ruso sancionado, Suleiman Kerimov, uno de los premios más brillantes en sus esfuerzos de confiscación de activos, después de que un juez dictaminara que un segundo ruso que reclama la propiedad, no tiene capacidad legal en el caso.
La decisión del lunes de que Estados Unidos obtuvo la confiscación del barco se produce después de una batalla legal por el Amadea, de 106 metros, luego de un programa de la administración Biden para apuntar a rusos ricos vinculados a la guerra del presidente Vladimir Putin, en Ucrania.
El yate fue incautado en Fiji en 2022 a petición de Estados Unidos, que afirmó que Kerimov era el propietario. Pero un ruso adinerado que no está sujeto a sanciones estadounidenses, el exdirector de Rosneft Eduard Khudainatov, dijo que en realidad le pertenecía. El gobierno sostuvo que Khudainatov era solo un testaferro que enmascaraba el verdadero papel de Kerimov para ayudarlo a eludir las sanciones.
El Amadea es uno de los trofeos más visibles del grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia de la era de Joe Biden, creado en marzo de 2022 para perseguir los activos en el extranjero vinculados a los magnates rusos del círculo de Putin. Pero el destino de los esfuerzos del gobierno para hacer cumplir las sanciones rusas a través de esas incautaciones de activos ahora no está claro, después de que la fiscal general del presidente Donald Trump, Pam Bondi, disolviera el grupo poco después de que Trump asumiera el cargo.
Mientras tanto, los abogados del gobierno siguieron con el caso. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo, este lunes 10 de marzo, que Estados Unidos sigue litigando los casos de decomiso existentes y que la ley que permite que el dinero incautado en virtud de las sanciones se entregue como ayuda a Ucrania expira en mayo y queda a discreción del fiscal general.
En su fallo, el juez de distrito Dale Ho en Manhattan dijo que las pruebas demostraban que la propiedad del Amadea fue transferida a una empresa vinculada a Kerimov tras un pago de 225 millones de euros. Eso es suficiente para concluir que Khudainatov no es el verdadero propietario del yate, sino que simplemente tenía el título de propiedad para otra parte y, por lo tanto, no tiene legitimidad para impugnar la confiscación, dijo Ho. También desestimó la demanda de Khudainatov por su reiterada omisión de proporcionar testimonio previo al juicio en el caso.
El juez falló a favor del gobierno en cuanto al decomiso.
Adam Ford, abogado de Khudainatov, dijo que el juez se equivocó y que su cliente planea apelar.
“El tribunal aplicó incorrectamente la ley que rige la legitimación en los procedimientos de decomiso, haciendo caso omiso de principios bien establecidos que protegen los derechos de los demandantes en tales casos”, dijo Ford en un comunicado. “Además, el tribunal se basó indebidamente en afirmaciones especulativas y poco fiables del gobierno y no dio el peso debido a la amplia evidencia que presentamos en apoyo de nuestra demanda”.
¿Cuánto le ha costado a EU el mantenimiento del Amadea?
El yate, construido en Alemania, ha costado a los contribuyentes estadounidenses casi 750 mil dólares al mes para mantenerlo y asegurarlo mientras permanece bajo custodia en San Diego a la espera de que concluya la batalla legal. Tiene un salón de belleza, una piscina, ocho suites y una cabina VIP con estudio y vestidores, según yachtcharterfleet.com. Una estimación lo valoró en 300 millones de dólares o más, mientras que un tasador independiente posteriormente estimó su valor justo de mercado en 230 millones de dólares.
Kerimov es la decimoséptima persona más rica de Rusia, con un patrimonio neto de 8 mil 900 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.
Durante una audiencia, la abogada del Departamento de Justicia, Rachael Doud, dijo al juez que las pruebas mostraban que Kerimov había comprado el yate a través de intermediarios en 2021, después de lo cual su familia lo utilizó exclusivamente. Ford argumentó que el gobierno no tenía pruebas de que su cliente fuera un testaferro y calificó la incautación de “ilegal” y “un truco político fallido”.