La "número dos" de García Ortiz cierra filas con Puigdemont y reclama al Supremo que le aplique la amnistía y anule el "invento" de Llarena

El Tribunal Supremo (TS) ha escuchado los argumentos de Carles Puigdemont para que se le aplique la Ley de Amnistía que el magistrado Pablo Llarena le niega. En una vista ante la Sala de Apelaciones, su defensa ha intentado rebatir -con el respaldo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado- al instructor de la causa del "procés", que rechaza que la medida de gracia pueda amparar el delito de malversación por el que el expresident -huido de la Justicia española desde 2017- está procesado. Para el magistrado, la financiación del proceso independentista con dinero público supuso un beneficio personal para el líder de Junts equiparable a un enriquecimiento personal y, además, la tentativa soberanista puso en peligro los intereses financieros de la Unión Europea, dos supuestos excluidos del objeto de la polémica ley.

Ante los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo también han expuesto sus razones las defensas de los exconsellers fugados Lluís Puig y Toni Comín (representado también por Boye), a quienes como al expresident el juez Llarena también se niega a amnistiar el delito de malversación por idénticos motivos. Y, también, la defensa de Marta Rovira, dado que Vox recurrió la aplicación de la medida de gracia a la exdirigente de ERC.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido que "los hechos constitutivos del delito de malversación están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía", por lo que ha pedido a la Sala de Apelaciones la admisión del recurso de Puigdemont y que, en consecuencia, se le aplique la medida de gracia que Llarena le niega respecto a este delito. La "número dos" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reprochado al juez Llarena y a la Sala Penal (alineada con el instructos del "procés") que con esta decisión "se han apartado" de una "multitud de resoluciones judiciales" previas.

La Fiscalía replica a Llarena: "Es una mera entelequia"

Sánchez Conde considera "sorprendente" que se defienda ahora que los responsables del proceso independentista en Cataluña actuaran al financiarlo con dinero público "para conseguir un beneficio patrimonial". La teniente fiscal del Supremo ha asegurado en este sentido que Llarena y la Sala "se inventan un ánimo de enriquecimiento personal" en los condenados y procesados por malversación para negarles la aplicación de la amnistía.

"No puede ser afirmado con seriedad" -ha añadido- que quienes fueron a la cárcel por el "procés" lo hicieron por haber buscado un enriquecimiento personal, lo que ha calificado como "novedosa construcción".

Y en cuanto a la supuesta afección a los intereses de la UE, ha argumentado que "no se ha producido merma alguna" al presupuesto de la Unión Europea. Afirmar lo contrario, ha subrayado, es "una mera entelequia".

El abogado de Puigdemont cuestiona la competencia

En su intervención, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye -que apura con este recurso la vía jurisdiccional antes de acudir al Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido en busca de amparo-, ha defendido la falta de competencia del Tribunal Supremo para pronunciarse sobre este asunto, porque Puigdemont ya no es eurodiputado y el alto tribunal ya no es "el juez competente" en cuyas manos la Ley de Amnistía dejó su aplicación.

"No es competente el Tribunal Supremo, porque la competencia radica en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha insistido. "Tenemos a tres personas que caen en la competencia de otro órgano jurisdiccional", ha añadido antes de advertir de que si se mantiene el criterio esgrimido por Llarena se incurriría en una "vulneración del juez predeterminado por ley" que invocaría ante el Tribunal Constitucional.

Boye ha puesto sobre la mesa el voto discrepante de la magistrada Ferrer -que se apartó del resto de la Sala defendiendo que la malversación del "procés" debe ser amnistiada- y ha hecho hincapié en que negarse a aplicar la medida de gracia a este delito "contraviene el espíritu de la ley", que según ha recalcado "pretende su aplicación a todos los hechos relacionados con el referéndum del 1 de octubre, incluidos aquellos que son considerados malversación".

"Nunca en ocho años de procedimiento -ha asegurado el abogado de Puigdemont y de Comín respecto al otro argumento para negar a ambos la amnistía- ni el magistrado instructor ni la Sala enjuiciadora consideró que había una afectación de los intereses de la Unión Europea". Y por otro lado, ha manifestado, dado que "este proceso ha sido suficientemente ventilado y conocido en Europa", considera que las instituciones europeas "hubiesen actuado de oficio ante una posible afectación de los intereses de la UE". De ahí que sostenga que insistir en que sí se vieron afectados por el intento de separación del resto de España "vulnera el principio de seguridad jurídica".

Por su parte, el abogado de Lluís Puig, Jaume Alonso Cuebillas, ha instado al tribunal a medir la repercusión de su decisión. "En vuestras manos está cómo queréis que os recuerde la Historia", ha afirmado. El letrado ha acusado al Supremo de intentar "torpedear" la aplicación de la Ley de Amnistía, "que, sin duda, acabará imponiéndose", y ha puesto de relieve que "basta saber leer" para entender que la norma "es plenamente aplicable" al delito de malversación.

Vox respalda al instructor

"Esta ley está pensada para este supuesto", ha insistido el abogado, para quien "cualquier interpretación que pretenda apartarse" de esa conclusión supone "imponer la propia voluntad o la propia ideología por encima de la voluntad del legislador", lo que entiende como una "resolución arbitraria". Se trata, ha enfatizado criticando a Llarena y a la Sala Penal, de "unos razonamientos absurdos" que según su criterio "atentan contra el sentido común".

Por parte de las acusaciones, Marta Castro, letrada de Vox, ha replicado a las defensas de los procesados que "la desviación de fondos públicos con fines políticos" es ilícita. "¿Están excluidos estos hechos de la Ley de Amnistía? Sí", ha recalcado Castro, para quien la ley vulnera el principio de seguridad jurídica y el de igualdad ante la ley, entre otros.

"No hay justificación para dar un trato desigual a estos delitos", ha defendido la abogada de Vox, quien ha puesto en relación el "intento de desintegración de la unidad de España" con el principio de territorialidad que recoge el tratado fundacional de la UE.