Editorial: Retrocesos nacionales en derechos humanos
En cada uno de sus períodos de sesiones, por lo regular tres al año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedica una semana a audiencias públicas, en las que participan representantes de la sociedad civil y los Estados. Siguen dos modalidades: las regionales, con temas de alcance hemisférico (por ejemplo, poblaciones originarias), y las nacionales, que a su vez pueden referirse a asuntos específicos o a la situación general de determinados países en la materia.
La última vez que la CIDH celebró una audiencia de esta índole sobre Costa Rica fue el 4 de abril de 2016, de manera presencial. Se realizó a petición del gobierno y contó también con la presencia de cinco organizaciones no gubernamentales (ONG). El propósito del pedido oficial, según manifestó entonces la embajadora Gioconda Rojas (fallecida el 21 de octubre de 2020) fue dar seguimiento a informes presentados en ocasiones anteriores y rendir cuentas sobre “los esfuerzos constantes que se han venido desarrollado desde la institucionalidad nacional en materias varias de derechos humanos”.
El pasado miércoles se realizó una nueva audiencia general, esta vez virtual, sobre su situación en nuestro país. Las circunstancias fueron muy distintas: el solicitante no fue el Estado, sino 12 ONG que actúan en el país, en ámbitos de acción muy diversos, vinculados con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El objetivo fue exponer sus inquietudes por acciones y omisiones que se han venido acelerando durante años recientes, en un claro proceso de deterioro.
La representación estatal, encabezada por el vicecanciller para asuntos multilaterales, Alejandro Solano, tenía la misión de manifestarse sobre esas preocupaciones. Y si bien estos encuentros no tienen carácter contencioso, sino de monitoreo, el desarrollo de la audiencia fue muy sintomático de los riesgos en la materia, algo desusado en nuestro país, y que debe llamarnos, por lo menos, a una gran reflexión –y preocupación– como sociedad democrática.
Entre las ONG participantes, estuvieron el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Alianza de Mujeres Costarricenses, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos y Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI).
Sus señalamientos y críticas apuntaron al deterioro de la inversión pública en ámbitos clave como la educación, la salud, la educación, la seguridad y la justicia; el retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y de la población sexualmente diversa; los problemas ambientales, reflejados por una crisis hídrica, contaminación por agroquímicos y la presión sobre áreas protegidas por la tala de árboles, y los discursos de odio o la deslegitimación de la crítica provenientes de actores oficiales.
Las organizaciones solicitaron, entre otras cosas, implementar presupuestos nacionales con un enfoque de derechos humanos, restablecer los Programas de Afectividad y Sexualidad en el sistema educativo, que la CIDH mantenga un monitoreo constante sobre Costa Rica en la materia, y que, cuando corresponda, emita manifestaciones públicas y recuerde al Estado sus obligaciones, muchas de las cuales emanan de convenciones internacionales ratificadas por el país.
Además, destacaron la necesidad de que los actores estatales respeten la institucionalidad democrática, la libertad de expresión y la acción de los activistas en derechos humanos. Con estas finalidades, recomendaron crear mecanismos de protección a quienes actúan en estos ámbitos y un “protocolo de investigación” ante las amenazas contra activistas y comunicadores.
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Aunque, en un boletín, la Cancillería calificó la actividad como una “conversación”, fue algo muy distinto: la manifestación de preocupaciones legítimas y muy graves, que debía, al menos, clarificar de manera precisa. Su respuesta, sin embargo, tuvo un nivel de abstracción y evasión que añade a la inquietud. Por ejemplo, mencionó una política exterior “que emplea instrumentos jurídicos internacionales para enfrentar los desafíos globales” y promueve “un compromiso genuino y cooperativo entre los diferentes sectores de la sociedad”; habló del “proceso constante”, “inacabado” y de largo plazo en derechos humanos, así como del compromiso “de reflexión constante y de acción continua” al respecto. De este modo, obvió atender las observaciones y solicitudes específicas.
La inquietante síntesis de la actividad es que existen evidentes retrocesos en una amplia gama de derechos, que afectan a diversos sectores de la población y a la institucionalidad democrática en general.
El alineamiento entre lo que el Estado proclama externamente en derechos humanos, desarrollo sostenible, paz, seguridad y justicia, y lo que practica en el país, ha sido una de las enormes fortalezas de nuestra política exterior; también, un bastión esencial para la convivencia ciudadana. Esta audiencia demostró que retrocedemos en las dos vertientes. Preocupan ambas, pero, sobre todo, su impacto en la vida nacional y la democracia.