Denuncia por malversación en el Supremo contra Bolaños y Torres por los contratos adjudicados a la empresa que colocó a la exnovia de Ábalos

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado en el Tribunal Supremo (TS) por malversación a los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres ante lo que tacha de "numerosas irregularidades" en la adjudicación a Tragsa, la empresa pública que en marzo de 2021 contrató a Jessica Rodríguez, la novia de José Luis Ábalos, de contratos por valor de 1,8 millones de euros para llevar a cabo las exhumaciones en Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos. Además, denuncia al presidente de Tragsa, Jesús Casas, por tráfico de influencias en la adjudicación de estos mismos contratos. La asociación de juristas ve "múltiples indicios" de que los fondos fueron empleados "de manera irregular".

En su denuncia, la asociación que preside Polonia Castellanos alude a un informe del Tribunal de Cuentas de marzo del pasado año que apunta a una "gestión de contratos sin control ni transparencia, subcontratando a terceros con graves deficiencias" por parte de la citada empresa pública. Y basándose en ese dictamen, señala que la Administración "no justificó de manera suficiente la razón por la que se encargó a Tragsa un contrato de tal envergadura, cuando en el mercado existen empresas con experiencia y capacidad técnica específica en exhumaciones arqueológicas y forenses". Unas supuestas carencias detrás de las cuales ve indicios de que la decisión "pudo estar guiada por una influencia indebida, en lugar de criterios objetivos de contratación".

Tras recordar que según ese informe la empresa "ha duplicado su facturación" en apenas cinco años, pasando de 800 millones de euros en 2018 a 1.720 millones en 2023, la presidenta de Abogados Cristianos denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez "está dando millones de euros a Tragsa para luego utilizarla para contratar a amigos y a chicas de compañía de sus ministros".

Primera subvención

Según expone en su denuncia, el 31 de marzo se publicó en el BOE la concesión a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de una subvención de 665.000 euros para obras de mejora en el enclave de Cuelgamuros -habilitación de accesos a las criptas del Valle y medidas para la dignificación de los osarios y la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista reclamados por sus familiares-. Una subvención que, subraya, Patrimonio Nacional -dependiente de Bolaños como ministro de Presidencia- "podía emplearla para subcontratar la ejecución del proyecto".

De esa cuantía, señala, Patrimonio Nacional emplea el 90% "para adjudicar las obras en las criptas a Tragsa, "la empresa pública -que forma parte del SEPI- encargada de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros". Respecto al 10% restante (65.000 euros), afirma que "se desconoce en qué se ha empleado o si se lo ha quedado la Fundación o Patrimonio Nacional".

De ese contrato, se queja, "no se encuentra documentación", pues solo consta "una referencia del encargo recibido publicado por la propia empresa en su planificación mensual". No obstante, añade, Patrimonio Nacional "estimó en una cuantía mayor el contrato que le daría a Tragsa": 674.682 euros (la diferencia es de 9.682 euros).

Sin "control adecuado"

Una segunda subvención, esta de 1,1 millones de euros, fue otorgada en julio del pasado año a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para seguir adelante con las exhumaciones, medida que anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Sumada a la anterior, el total asciende a 1.815.224,44 euros.

Respecto al informe del Tribunal de Cuentas sobre la empresa pública, Abogados Cristianos hace referencia a que se ha beneficiado de adjudicaciones de diversas administraciones públicas de forma directa, debido a su condición de medio propio", lo que le permite "ser contratada sin un proceso competitivo". Esto, subraya, "levantó sospechas sobre si este procedimiento estaba siendo utilizado correctamente o de manera excesiva". "El peligro de esta forma de proceder no es otro que el tráfico de influencias y las dudosas comisiones que sobrevuelan a cualquier caso de corrupción", alerta la asociación de juristas.

Tanto Bolaños como Torres -cuya citación como investigados reclama- "han ejercido y ejercen funciones de dirección y administración en materia de Memoria Democrática, participando activamente en la concesión y gestión de subvenciones públicas destinadas al Valle de Cuelgamuros y en la supervisión de Patrimonio Nacional", destaca. El primero, apunta, "ha sido el órgano superior jerárquico del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional", encargado de la gestión del Valle de Cuelgamuros "y receptor de los fondos públicos destinados a las intervenciones en el mismo, gozando por todo ello de una posición de garante". Según pone de relieve, Bolaños no garantizó el "control adecuado" sobre el destino de estos fondos "para evitar que los fondos fueran desviados o utilizados con fines distintos a los previstos", haciendo hincapié en que bajo su mandato Patrimonio Nacional "adjudicó el 90% de la subvención a Tragsa "sin documentación accesible y sin justificar el destino del 10% restante".

Por otra parte, Ángel Víctor Torres, como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó la concesión de la subvención de 1.150.224,44 euros mediante el Real Decreto 661/2024, "siendo responsable y ocupando la misma posición de garante". "Ambos han tenido, por tanto, poder de decisión sobre el destino de los fondos públicos objeto de la presente denuncia". Para Abogados Cristianos, no ha aclarado "la falta de transparencia" en la ejecución de la subvención de 1,1 millones de euros y como responsable de la gestión de estos fondos no garantizó "la correcta fiscalización y control de los mismos, permitiendo el desvío de recursos".