El Gobierno recuperará las competencias migratorias si Junts aplica criterios xenófobos
- Pulso contra la inmigración entre Junts y Aliança Catalana
- Delegación, no cesión
- Deriva xenófoba
- Cuándo podrá expulsar la Generalitat y cuándo no
- Las reglas estatales
El Partido Socialista se ha guardado un as en la manga para revertir las competencias migratorias “delegadas” a la Generalitat en el acuerdo con Junts. Delegadas: el Gobierno reiteró varias veces esta palabra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y no por casualidad.
El Ejecutivo ha tenido máxima cautela para no ceder dichas responsabilidades y esquivar cualquier viso de inconstitucionalidad, pero también para guardarse la potestad de recuperar las competencias en caso de que un futuro Govern independentista exceda las normas estatales que rigen las devoluciones y expulsiones del país.
Pulso contra la inmigración entre Junts y Aliança Catalana
Tras la irrupción de Aliança Catalana, la derecha independentista ha comenzado una guerra para conquistar el electorado más ultra que ha llevado a Junts a extremar sus posturas en inmigración.
El partido dirigido por Silvia Orriols, abiertamente islamófobo, pide directamente el “cierre de fronteras” para los “inmigrantes económicos” y se muestra “partidaria de preservar el linaje como patrimonio cultural catalán”, según recoge textualmente su programa electoral.
Delegación, no cesión
Por eso, el Gobierno ha hecho especial hincapié en calificar de “delegación” y no “cesión” la transferencia de las competencias migratorias. Esta decisión obedece a dos motivos principales: el primero, esquivar cualquier viso de inconstitucionalidad en la ley.
La Carta Magna impide ceder íntegramente las competencias en materia fronteriza y migratoria, de ahí que se utilice el término delegar para tratar de preservar la potestad última en el Estado.
Y, en segundo lugar, evitar cualquier deriva ultra en la Generalitat. Aunque actualmente gobierna el socialista Salvador Illa, temen que en los próximos años Junts consiga acceder al poder e imponga criterios exclusivos.
Deriva xenófoba
El partido dirigido por Carles Puigdemont exigió el 100% de las competencias alegando un aumento masivo de la población extrajera que se evidencia en la exposición de motivos de la proposición de ley.
“La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de
manera sostenible [el incremento de la llegada de inmigrantes], sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”, afirman PSOE y Junts en el preámbulo de la norma.
Algunas voces socialistas se muestran críticas, en privado, con apartados como este y con haber cedido, en parte, ante exigencias basadas en considerar la inmigración como una amenaza. Unas tesis más cercanas a postulados de Vox que a la defendida por el Gobierno.
La cúpula del partido teme que en los próximos años, si el Congreso de los Diputados aprueba la medida, un hipotético gobierno independentista termine extremando las posturas en inmigración y haciendo un uso excesivamente restrictivo del derecho de asilo o de los permisos de residencia, que la PL delega en la Generalitat.
Cuándo podrá expulsar la Generalitat y cuándo no
La Generalitat podrá impedir el acceso en Cataluña a una persona que tenga prohibida la entrada en España. Este supuesto representa la gran minoría de los casos.
Si la situación requiere de un expediente, —los casos más comunes— la Administración autonómica podrá proponer una resolución atendiendo a la valoración que realice previamente la Junta de Seguridad de Cataluña —presidida por el Govern— basándose en sus criterios orientativos.
Esto es, la Generalitat podrá incoar, instruir y proponer la expulsión, pero la resolución dependerá de los principios de la Junta. Es aquí donde el ejecutivo regional puede tener un criterio más o menos laxo.
Las reglas estatales
La proposición de ley no modifica la ley de Extranjería ni cambia los criterios para expulsar a un ciudadano extranjero. La normativa estatal continúa rigiendo en qué supuestos una persona puede permanecer en España, pero hay cierto margen a la interpretación a la hora de valorar cada caso. Por ejemplo, en casos de arraigo.
El Gobierno teme que Junts, si llega a la presidencia de Cataluña, pueda endurecer sus estimaciones y proponer sanciones más severas contra las personas inmigrantes.