Un juez prohibió que se le saquen los planes a quienes protesten y el Gobierno apelará
El 28 de febrero de 2025, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, resolvió parcialmente a favor de una medida cautelar que impide al Gobierno excluir de los programas sociales "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" a quienes participen en protestas que alteren el orden público. La decisión judicial suspendió la aplicación de la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano, que establecía como causal de egreso de estos programas la participación en actos de violencia o la obstrucción del tránsito.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
El magistrado consideró que las medidas gubernamentales presentaban "indicios de ilegitimidad" y podrían atentar "contra el derecho a ser oído" y a defenderse en un proceso administrativo. Además, afirmó que la exclusión de los beneficiarios generaría un "daño irreparable" en personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el Gobierno rechazó estos argumentos, señalando en un comunicado que el derecho a ser oído no se vería afectado, ya que los beneficiarios podrían recurrir las decisiones administrativas.
El juez basó su resolución en la premisa de que las autoridades actuarían de manera arbitraria al aplicar las causales de egreso, lo que, según el Gobierno, refleja un "prejuicio" infundado. La cartera ministerial destacó que la valoración del magistrado se realizó desde un plano abstracto, sin presentar casos concretos de arbitrariedad. Además, subrayó que la condición de vulnerabilidad no justifica actos de violencia o la afectación de derechos de terceros.
El comunicado oficial también criticó que la resolución judicial no considerara otras causales de egreso, como viajes al exterior, lo que, según el Gobierno, evidencia un "favor" o "concesión" hacia organizaciones sociales que, en su opinión, explotan a personas vulnerables para promover protestas. "La experiencia ha demostrado el ejercicio de actos extorsivos sobre la condición de vulnerabilidad de ciudadanos que necesitan recurrir a programas sociales", señaló el Ministerio.
Ante esta situación, el Gobierno anunció que apelará la decisión judicial. El objetivo, según explicó, es evitar "extorsiones y aprovechamientos espurios" por parte de grupos que, según su perspectiva, instrumentalizan a los beneficiarios de planes sociales para alterar el orden público. La cartera ministerial reiteró su compromiso de garantizar que los programas sociales cumplan su función sin ser utilizados como herramientas de presión.