El desafío del nuevo marco laboral

Desde la Confederación de Empresarios de Galicia apostamos por un marco laboral equilibrado, en el que las mejoras en derechos laborales vayan acompañadas de medidas que permitan a las empresas adaptarse progresivamente. El diálogo entre administraciones, sindicatos y organizaciones empresariales es fundamental para encontrar soluciones que garanticen tanto el bienestar de los trabajadores como la competitividad de nuestras empresas. En el plano institucional contamos en Galicia con el papel que juegan el Diálogo Social y el Consello Galego de Relacións Laborais. No cabe sino destacar la relevancia de la negociación colectiva en la mejora de las condiciones de trabajo, pero también en la consecución de la paz social y evitación del conflicto laboral. La reducción de jornada venía articulándose a través del juego de equilibrio de intereses en la negociación. Vaya por delante que nadie pone en duda las medidas de reducción de jornada o incremento de SMI , siempre que se realicen dentro de los consensos del diálogo social y del respeto a los convenios colectivos y sobre la base de la garantía de la sostenibilidad del tejido empresarial. Sin embargo, el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión no tienen en consideración dichos elementos ni el necesario respeto a la autonomía de la negociación colectiva, constitucionalizada en el artículo 37 de la CE. Las organizaciones empresariales trasladamos las propuestas en la mesa de negociación, pero no fueron tomadas en consideración, ni se evaluaron. De acuerdo con el Consello Galego de Relacións Laborais, la jornada media pactada en convenios de sector asciende a 1.760,76 horas al año, por tanto reducirla a 1.712 horas producirá de nuevo un incremento del coste salarial y mayor tensión y conflictividad en la adaptación de los convenios colectivos vigentes, en una negociación colectiva ralentizada y tensionada por el importante número de normas laborales que han impactado en ella y que, en muchos casos, no han conseguido aval del diálogo social. Según estimaciones de la CEOE, la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas conllevaría un coste para las empresas de 21.300 millones de euros. Según el informe de BBVA habría un impacto negativo en el PIB de seis décimas de crecimiento en 2024 y siete décimas en 2025. ATA estima un coste para los autónomos de 12.000 millones de euros. Además, este incremento de coste no podrá ser repercutido en el precio de los contratos públicos, afectando a empresas que operan en licitación pública, especialmente a las intensivas en mano de obra. Por otra parte, la tasa de crecimiento de la productividad ha sido reducida en comparación con la de otras economías de referencia y socios europeos y las empresas se encuentran con el problema derivado del incremento de las incapacidades temporales por contingencia común. En Galicia, la duración media de estas bajas es muy superior a la media española: alrededor de treinta días más. Es importante destacar que en Galicia, con una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa y una reducida tasa de actividad, la sostenibilidad del sistema productivo depende, en gran medida, de la capacidad empresarial y de nuestra economía para crecer mediante ganancias de productividad y captar talento. En este contexto, medidas organizativas de flexibilidad e impulsar la formación resultan clave para afrontar los desafíos del mercado. Con respecto al SMI, incrementarlo hasta 1.184 euros mensuales (por catorce pagas) en 2025 supone un reto financiero para cubrir el diferencial de coste en un tejido productivo conformado en un 97 por ciento por pymes, micropymes y autónomos, y especialmente en sectores donde los márgenes de beneficio son reducidos, para los que es preciso medidas de apoyo, como incentivos fiscales o bonificaciones en las cotizaciones sociales, para evitar el impacto negativo sobre el empleo. Para modernizar el mercado laboral gallego, mejorar la calidad del empleo y reforzar la competitividad de nuestra economía es imprescindible que las medidas que se arbitren se hagan con sentido común, sin cambiar las reglas de juego a mitad de partido y teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y el respeto al papel clave que desempeñan las empresas y sus organizaciones en el crecimiento económico de España.