Cuando Katherine Ampuero tenía manos de seda, por René Gastelumendi

Pasado el tiempo, es muy fácil como jurisconsulto, político en funciones o exprocurador, pregonar absolutismos sobre el caso Lava Jato. Subir o bajar el dedo. Decir qué está bien, qué está mal, como aquella frase que dice “todos somos generales después de la batalla”. No obstante, en el caso puntual de la exprocuradora, Katherine Ampuero, quien ahora se pasea por cuánto canal puede, acaso porque está en campaña política para ser senadora de Renovación Popular, pontificando, trazando fronteras dicotómicas, no hablamos de alguien que emite juicios después de la batalla sino de alguien que formó parte de esta batalla, de esta lucha contra la corrupción y que la hizo documentadamente mal.

Ampuero fue procuradora ad hoc del caso Lava Jato durante seis meses, en el año 2017, por tanto, podemos evaluar su gestión del ayer y compararla con sus declaraciones del ahora. Refresquemos la memoria para así dimensionar la perspectiva de quien hoy critica de manera furibunda desde un altar que, pienso, no merece y que podría, en las próximas elecciones, llegar a ocupar un escaño en el congreso. Vamos al grano: es un hecho comprobado que doña Katherine Ampuero omitió, sin justificación alguna, incorporar a la empresa española Enagás, como tercero civilmente responsable, en el complejo caso Gasoducto Sur Peruano dentro del esquema corrupto de Lava Jato. Enagás, junto a Odebrecht, fue parte del consorcio que ganó la buena pro del Gasoducto Sur Peruano en junio del 2014. Graña y Montero entró después.

El consorcio, una vez ganada la buena pro, se convirtió en la Concesionaria GSP S.A., una nueva empresa, comprometiéndose a una inversión de más de 7 mil millones de dólares para facilitar el ansiado consumo barato de gas a todo el sur del Perú. En un primer momento, en julio del 2015, el caso, a nivel fiscal, estuvo a cargo del magistrado Reynaldo Abia quien, además de las empresas del consorcio, investigaba a dos personajes claves en la trama: a Edgard Ramírez Cadenillas por su papel como presidente de Proinversión, que otorgó la buena pro y a Claudia Hokama, como representante del consorcio.

Un año después, en julio del 2016, la procuraduría anticorrupción logra incorporarse en el proceso como actor civil, con la idea de que en el futuro se pueda incluir a las empresas del consorcio como terceras civilmente responsables, con miras a que estas asuman el eventual pago de la reparación civil de manera solidaria con los investigados. Este pedido se solicita al Poder Judicial en marzo del 2017, luego de haberse creado la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, cargo que recayó en Ampuero.

Lo que se cuestiona es lo siguiente: la exprocuradora Ampuero, tan crítica hoy, en su pedido no solicita la incorporación de Enagás. Esto a pesar de que, en su escrito de solicitud al Poder Judicial, sí se menciona a la compañía española como parte del esquema ilícito, pero, inexplicablemente, la exonera. La hoy “implacable” Katherine Ampuero, tuvo la deferencia, la cortesía de no involucrar a Enagás, impidiendo al Estado peruano la posibilidad de cobrarle también a esta empresa la reparación civil. ¿Se le escapó la paloma a la gran cazadora Katherine Ampuero?

En julio del 2018, sin que la procuradora vocifere en los medios o en las redes, la exonerada Enagás nos emplaza ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la suma de más de 500 millones de dólares que es, según ellos, el costo de la parte de su inversión en los tubos por donde iba a pasar el gas y que la empresa ya había colocado. La posición del Estado peruano estaba debilitada y, por el contrario, la de Enagás fortalecida debido a que Ampuero la exoneró de una demanda por reparación civil a favor del Perú. Precisamente, en diciembre último, el CIADI le dio la razón a Enagás por el 30% del monto solicitado. ¿Qué pasó allí, doctora Ampuero? Ante los ojos de cualquier tribunal internacional, no es lo mismo que una empresa libre de cuestionamientos te demande, a que lo haga una compañía vinculada a un proceso penal donde el Estado peruano le pide el pago de una reparación civil.

Luego del reportaje que hicimos en Cuarto Poder en el año 2020, Ampuero, quien no nos dio la entrevista en su momento, dijo en otro medio que no había solicitado la incorporación de Enagás porque ningún funcionario de esa empresa estaba incluido en el proceso. Asimismo, dijo que entre febrero y marzo del 2017, fecha en la que vencía el plazo de la investigación preparatoria para solicitar su incorporación, aún no existían pruebas o indicios reveladores respecto a que Enagás hubiese pagado coimas, como si existía en el caso de Odebrecht, que ya tenía sentencia en Brasil, Suiza y EEUU. ¿Qué tal deferencia con Enagás, no? Porque, jurídicamente hablando, no es necesario que se investigue a un funcionario de la empresa para incorporar a esta como tercero civilmente responsable.

Las normas son claras, señora Ampuero, artículos 92 y 95 del código penal, los cuales señalan, claramente, que la reparación civil es solidara entre los investigados penales y los terceros civilmente responsables. Por eso el término “civilmente”. Además, el artículo 111 del código procesal penal, que establece los requisitos para que una persona o empresa sean incorporados como terceros civilmente responsables, solo exige la vinculación jurídica, desde la perspectiva de la responsabilidad más no penal con los investigados. Es decir, no se necesitaba demostrar la dependencia formal entre un investigado y Enagás sino el beneficio económico que obtuvo dicha compañía al obtener la licitación junto a su consorciada Odebrecht. Sin embargo, Ampuero ahora parece haber cambiado de opinión. Para defenderse dice que la inclusión de una empresa como tercero civilmente responsable no evita que esta te pueda demandar ante el CIADI. ¿Y por qué no dice lo mismo respecto a Odebrecht, cuando reclama a viva voz que el acuerdo con la empresa brasileña no haya incluido una cláusula para evitar que nos demande por el Gasoducto, un proyecto que no formaba parte de dicho convenio?

Pero la omisión de Enagás no fue el único acto grave. En una audiencia de julio del 2017, la señora Ampuero se desiste con un escrito de incorporar también a la concesionaria GSP como tercera civilmente responsable. Otra inexplicable deferencia que favoreció a Enagás y debilitó la posición del Estado peruano que jura defender. A ese hecho, se suma otra gravedad: Ampuero solicitó de manera extemporánea la incorporación de Odebrecht en ese caso, con lo cual el pedido termino siendo rechazado.

¿Qué habrá ocurrido con la perspicaz, desconfiada y ahora implacable doctora Ampuero cuando fue procuradora ad hoc? ¿Por qué siempre la vemos atacando a Odebrecht, pero exculpando a su consorciada Enagás de toda responsabilidad? ¿Nos estará diciendo toda la verdad sobre el tema? Que la verdad se abra paso.