La Junta rechaza «el pago político» que «mantiene» a Sánchez «en la Moncloa»

La respuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al acuerdo entre el Gobierno central y ERC anunciado por el propio líder de la formación independentista no se hizo esperar al mostrar su contundente «rechazo» al «pacto» de condonación de la deuda a «los separatistas» al considerar que los 17.000 millones de euros de quita a la Generalitat «es el precio que pagaremos todos los españoles para mantener a Sánchez en La Moncloa». «Los separatistas despilfarran, Sánchez perdona y los españoles pagamos», insistió Mañueco desde la red social X antes de exigir «una financiación justa para la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Vivienda o el Transporte en todas las comunidades autónomas». En la misma línea, se pronunciaba poco después y con todo lujo de detalles el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al afirmar que no se puede admitir que las cuestiones que afectan a todas las comunidades autónomas lo decidan «los partidos separatistas» y anunciar que, como el resto de las comunidades gobernadas por el PP, votará mañana en contra de la propuesta que el Gobierno llevará al CPFF para condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las regiones. «Ha sido el señor Oriol Junqueras el que nos ha informado del acuerdo con el Gobierno» , resaltó Fernández Carriedo, en declaraciones a Europa Press, y en referencia al anuncio realizado por el máximo responsable de ERC sobre el pacto por el que el Ejecutivo central condonará a Cataluña 17.100 millones de euros. Al respecto, matizó que no se trata de una «condonación» porque «la deuda no deja de existir», sino que Cataluña «deja de deber ese dinero», por lo que «serán los españoles» los que tendrán que asumirla como «pago político para que Pedro Sánchez sea presidente».También criticó que el Gobierno no trasladara este acuerdo cuando convocó oficialmente el CPFF el pasado viernes, de manera que censuró que no se cuente ni escuche a las comunidades y se obligue al resto a cumplir con lo pactado con los separatistas. «Es un trágala que se tiene que aceptar por el resto», remachó. Carriedo recalcó además que la condonación perjudica a Castilla y León, ya que con una quita de 3.643 millones a la Comunidad tendrá que asumir una cantidad mayor de los 83.252 millones que con la propuesta de la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero se «mutualiza a todos». En este punto, argumentó que la deuda autonómica a condonar representa el 4,3 por ciento del total pero tendría que asumir el 6 por ciento de la misma, que no corresponde ni a población ni superficie. Asimismo, quiso dejar claro que la Comunidad y sus habitantes «no son menos que nadie» y aseveró que los ciudadanos «merecen dignidad y ser tratados igual que el resto», por lo que insistió en su 'no' el acuerdo que se lleve al CPFF porque se quiere imponer al resto de territorios «lo que se ha acordado con los separatistas». «No creo que se enfade la ministra -en referencia a María Jesús Montero- por decirle que lo que a todos afecta se tiene que negociar de formal multilateral y no sólo con los separatistas», continuó Fernández Carriedo, quien apuntó que lo suyo sería «entre todos» sentarse a evaluar el coste efectivo de los servicios que prestan las comunidades autónomas. Igualmente, ironizó al tachar de «casualidad» que el anuncio de la «mal llamada condonación de la deuda» a Cataluña y la decisión de Junts de retirar la petición de confianza al presidente Pedro Sánchez se produzca al día siguiente de al elección de Montero como nueva secretaria regional del PSOE de Andalucía. «No era bueno que los socialistas andaluces votasen en el congreso conociendo este acuerdo», afirmó el portavoz, quien insistió, al igual que el presidente autonómico, en defender una financiación autonómica «acordada entre todos». Para concluir, insistió que es un procedimiento «injusto» y defendió que ellos quieren la aprobación del nuevo sistema, caducado desde 2014, y , como se comprometió el Gobierno, con más fondos que permitan una mejor prestación de los servicios públicos.