Los juicios por despido en Andalucía ya se programan para 2029: “Así, hasta ganar se convierte en un problema”

Durante décadas, Raúl Conde trabajó en la central receptora de alarmas de la sede de Unicaja, en Málaga capital. Era empleado de Grupo Control, pero considera que en realidad él y sus diez compañeros siempre han trabajado para el banco, así que el 25 de marzo de 2019 interpuso una demanda por cesión ilegal de trabajadores. Seis años después, el juicio no se ha celebrado y, tras varios aplazamientos, ni siquiera tiene fecha. Entre tanto, él ha sido despedido. Ha reclamado la nulidad del despido, pero no habrá juicio hasta el 17 de diciembre de 2025, más de dos años y medio después de que lo despidieran, por lo que llegará a esa fecha con el subsidio por desempleo agotado.

Su caso es uno de los cientos que acumulan años en los juzgados de lo social de Andalucía. El pasado octubre se conoció un caso de un juicio laboral previsto en Málaga para febrero de 2029. “Le dije al juez que para esa fecha ya podría estar jubilado”, recuerda su abogado, Damián Vázquez. Ante el revuelo, el juzgado reagendó la fecha. Ahora, los señalamientos ordinarios para varios de los 14 juzgados de lo social de Málaga y otras ciudades andaluzas van ya ordinariamente por 2028, con fechas hasta junio de ese año. Este medio ha podido ver incluso una citación para el 22 de marzo de 2029, correspondiente a una demanda presentada en diciembre de 2023. Por eso, el pasado miércoles CGT celebró concentraciones antes las sedes judiciales de Almería, Jaén, Málaga, Córdoba, Jerez y Cádiz, bajo el lema “Justicia lenta no es Justicia”.

“Los señalamientos tardíos vacían de contenido los derechos de los trabajadores; por un lado, muchos trabajadores optan por no impugnar un despido o una sanción porque los procesos judiciales provocan estrés e incertidumbre”, explica Belén Romero, abogada del sindicato.

“La lentitud de la justicia social vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, protesta Miguel Montenegro, secretario de organización de CGT Andalucía, quien denuncia que las empresas infractoras cuentan con la lentitud de la Justicia para “abusar sistemáticamente” de los trabajadores.

Juicios urgentes a dos años vista

“Están señalando despidos con vulneración de derechos fundamentales [de tramitación supuestamente urgente y preferente] a dos años vista. Es una barbaridad”, cuenta Alba Diz, abogada, recién salida de una reunión en la que ha llegado a un acuerdo para que la empresa que despidió a su cliente lo indemnice. El despido ocurrió en diciembre de 2022, y el juicio se había fijado para este miércoles, pero no se ha celebrado porque a estas alturas ya no le interesaba ni a la empresa ni al trabajador. A este, porque ha encontrado otro trabajo; y a la empresa, porque al exigirse la nulidad del despido, el único resultado posible es la readmisión, lo que la obligaría a iniciar un complejo proceso de regularización de salarios y cotizaciones. “Si el juicio se pone a tanto tiempo, ganar se convierte más en un problema que en una solución. Al final, hay que llegar a un acuerdo forzado porque readmitirlo es una locura”.

Hay múltiples casos similares. A Juan Ríos le fijaron para el 4 de marzo de 2025 el juicio por una demanda de septiembre de 2023 por vulneración de la libertad sindical, y para junio de 2027 el juicio por la suspensión de empleo y sueldo que le notificaron en noviembre de 2024. Gloria Tejero, que interpuso en 2023 dos demandas por vulneración de derechos fundamentales contra Ikea, no tendrá juicio hasta marzo y agosto de 2025. Y tres años le llevará a Araceli Muñoz que se vea, en septiembre de 2026, su demanda para que Konecta la pase a indefinida tras años trabajando como fija discontinua. “La empresa se aprovecha y ni siquiera va al acto de conciliación. Se presenta el día del juicio varios años después, y en la puerta te dicen: ”Tienes razón. Lleguemos a un acuerdo“.

Belén Romero apunta que esto sitúa a la empresa en una posición de ventaja, porque el paso del tiempo no eleva la indemnización por un despido improcedente y puede jugar con los costes que tiene la espera para el trabajador. “Esto contraviene el efecto disuasorio que debería tener la declaración de improcedencia de un despido”.

Los retrasos también afectan a las reclamaciones de salarios. Es el caso de las subcontratas que prestan servicios de atención a menores con necesidades especiales. Las denuncias por incumplimiento de los convenios son frecuentes en este sector, fuertemente precarizado. “Pero cuando ponen fecha al juicio, ya nos han subrogado en una nueva empresa, de modo que se suspende porque hay que ampliar la demanda”, denuncia Carmen Rodríguez: “Las administraciones son cómplices y se benefician de esta lentitud”.

El colapso también afecta a los procesos para el reconocimiento de la incapacidad permanente. La abogada Alba Diz cuenta otro juicio del día, dos años después de que se desestimara la petición de incapacidad de su cliente. “Hay casos de gente desesperada. No te dan la baja y tienes dos años en los que no te puedes mover, pero tienes que ir a trabajar. Tengo una clienta, trabajadora de la limpieza, que llora todas las mañanas. Al final, no le ha quedado más remedio que irse del trabajo voluntariamente, sin derecho a prestación de desempleo. Y ahora, a esperar dos años”. “Son personas que en muchos casos hacen esfuerzos económicos para pagar un informe pericial para un juicio que se celebrará en tres años”, ilustra Belén Romero.

Una situación “alarmante” que ha empeorado

Los retrasos judiciales no son nuevos, ni exclusivos del orden social. El pasado mayo, poco antes de abandonar el decanato para tomar posesión como vocal del CGPJ, el entonces juez decano de Málaga José María Páez alertó de una situación “alarmante” con cifras “francamente inasumibles”, y pidió la creación de entre 36 y 40 nuevas plazas de jueces para la capital de la Costa del Sol.

Según los datos de la memoria que presentó aquel día, Málaga empezó 2023 con 16.855 asuntos pendientes de resolver en los juzgados de lo social, y acabó con 19.605, un 16% más. Pero el atasco es extensible a los órdenes civil, penal, contencioso y los juzgados especializados. Por ejemplo, en primera instancia civil, los asuntos pendientes eran 44.502 al empezar 2023, y 52.062 al terminar, más que en ninguna ciudad andaluza.

Cuando el juez Páez lanzó su llamada de auxilio, en mayo de 2024, los juicios de lo social se señalaban para noviembre de 2026, un plazo de dos años y medio. Hoy se fijan para 2028, a casi tres años vista. A esos tres años pueden luego seguirles cuatro o cinco en recursos a instancias superiores. En total, casi una década. La judicialización durante años de estos conflictos tiene, además, un efecto inmediato: desde que se interpone la demanda, la intervención de la Inspección de Trabajo queda vetada hasta que se resuelve.

Montenegro cree que la solución pasa por aumentar el número de juzgados de lo social, implantar juzgados especializados en acelerar las ejecuciones, agilizar las notificaciones y modificar la ley para aumentar las indemnizaciones a los trabajadores y las sanciones a las empresas incumplidoras.

De momento, lo que está sobre la mesa es la entrada en vigor, en poco más de un mes, de la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que contempla un nuevo sistema de reparto de asuntos y, para el orden social, un refuerzo de los mecanismos de mediación. Los abogados consultados son escépticos respecto a su efectividad.

Hasta ahora, antes de llegar a un juicio laboral es obligatorio pasar previamente por el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales), en el caso de conflictos colectivos, o el CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación), para la mayoría de casos individuales. Además, justo antes del juicio el letrado de la administración de justicia (antiguo secretario judicial) media entre las partes para procurar un acuerdo. En el SERCLA intervienen personal de los sindicatos más representativos (CCOO y UGT en Andalucía) y la patronal. Hasta noviembre, en el SERCLA se habían registrado 907 expedientes de conflicto colectivo, casi un 12% más que en 2023.

A partir de ahora, habrá una tercera mediación obligatoria en casos ya judicializados. En Málaga, la tarea la asumirá el Colegio de Graduados Sociales. Este martes, el consejero de Justicia José Antonio Nieto presentó el acuerdo, y lo presentó como una iniciativa pionera que descargará parte de la presión que sufren los juzgados de lo social.