Cargos territoriales se niegan a defender la gestión de Sánchez

Pedro Sánchez compareció el pasado martes ante las huestes socialistas en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo para fijar las líneas políticas de cara al nuevo periodo de sesiones que arrancó en 2025. En la intervención ante la interparlamentaria de su partido, el presidente del Gobierno pidió a los suyos «repetir, repetir y repetir» la gestión del Gobierno «por tierra, mar y aire» para tratar de acallar el «ruido» de la «coalición negacionista» –como se refiere a la entente de PP y Vox–, de manera que sea el mensaje del Ejecutivo el que se imponga. Todo estaba pensado. Sánchez había ideado una «semana fantástica» para el Ejecutivo con la vocación de marcar la agenda y recuperar la iniciativa política, después de que sean los frentes judiciales quienes marquen el ritmo y la frecuencia informativa. En el guion estaban la subida del salario mínimo, la aprobación en el Congreso del decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte o la reforma de la Ley de Dependencia, entre otras medidas con las que exhibir músculo.

Sin embargo, todo se torció apenas unos minutos después de que Sánchez arengara a los suyos y les instara a pertrecharse de estas políticas públicas para «difundir el mensaje». La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reventó esta estrategia y demostró que si existe un ruido que invisibiliza la acción del Gobierno es precisamente el que emite o promueve el propio Gabinete desde su seno o a través de sus pactos para mantener el poder, y no tanto el que promueve la oposición. La decisión de Hacienda de oficializar que algunos perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que tributar por estas rentas de subsistencia convirtió una buena noticia en una crisis interna y eclipsó cualquier rentabilidad política del anuncio.

Desde los territorios del PSOE se rebelan contra la orden de Sánchez de defender la gestión del Gobierno y se muestran muy críticos con las decisiones que se toman en Madrid. Consideran que siguen una lógica de supervivencia política, que nada tienen que ver con los intereses de las regiones. «Es indefendible», sentencian sobre la polémica tributación del salario mínimo. Una crítica que es extensible a otras decisiones, como las cesiones a Cataluña para contentar a Junts, que generan agravios y, en consecuencia, un importante perjuicio electoral en algunos puntos de la geografía española. En concreto, se refieren a la financiación singular para Cataluña o la ampliación de competencias en materia de inmigración, que todavía se está negociando. Dos extremos que generan incomprensión y que llevan al extremo de sentenciar: «No son políticas progresistas». A esto se suma la decisión de que tributen las rentas mínimas, aunque sea en un porcentaje del 20%. «La carga irá sobre solteros jóvenes, justo el colectivo al que tampoco estamos sabiendo darle una respuesta con la crisis de la vivienda», se queja un dirigente territorial.

Las fuentes consultadas también reflexionan sobre el coste que estas decisiones pueden tener personalmente para María Jesús Montero. La «mujer para todo» de Pedro Sánchez atesora una acumulación de cargos que la convierte en casi plenipotenciaria dentro del partido y del Gobierno, lo que, para algunos, supone un lastre. «Demasiados frentes abiertos», resuelven. Y específicamente en su papel de candidata en Andalucía: hay quienes aprecian que la gestión que lleva a cabo desde el Gobierno le puede desgastar y hacerle vulnerable frente a Juanma Moreno. «¿Cómo va a defender la financiación singular o la tributación del SMI en Andalucía?», señalan, con la mirada puesta en la próxima campaña electoral de 2026. Aunque se haya tratado de proyectar una imagen de paz interna en el marco de los procesos de renovación territorial, también hay voces que cuestionan el desembarco de medio Consejo de Ministros en los liderazgos autonómicos porque consideran que proyectan una imagen de federaciones teledirigidas desde Madrid, sin autonomía y sin atender a los intereses «de la tierra». Quien sigue sin pelos en la lengua es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que esta semana ya alertó –a cuenta de la comparecencia en el Congreso de un terrorista yihadista condenado durante la comisión de investigación sobre los atentados de las Ramblas– de la «humillación» a la que se está sometiendo al Estado por contentar a Junts. «Se ha llegado a santificar el lema de hacer de la necesidad virtud para justificar las cosas más horrorosas, incluso que un terrorista humille, ni más ni menos, que a la sede de la soberanía nacional», dijo.