Editorial: Empate y polarización en Ecuador

El más claro resultado de las elecciones celebradas el domingo en Ecuador se puede resumir con dos palabras: empate y polarización. Su consecuencia inmediata será una segunda vuelta por la Presidencia, por celebrarse el 13 de abril; la más prolongada, un gran desafío político para quien finalmente se imponga en la contienda.

El empate lo reflejan los números En una competencia presidencial con 16 aspirantes, dos de ellos sumaron, casi en mitades iguales, el 88% de los votos, con 44,16% para el presidente Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), y 43,99% para su opositora, Luisa González, de Revolución Ciudadana (RC). En la Asamblea Nacional (parlamento), de 151 miembros, se presentó un cuadro similar, con 66 y 67 escaños, respectivamente, para los partidos de cada uno. Los 18 restantes se los repartirán el movimiento indígena Pachakutik (ocho escaños), el Partido Social Cristiano (5) y otras agrupaciones.

La polarización no solo emerge de esa casi paridad de fuerzas, que deberá ser definida mediante complejas negociaciones legislativas, sino también de las grandes diferencias programáticas que existen entre ellas sobre cómo afrontar los enormes desafíos del país. Y podría exacerbarse aún más si el confrontativo expresidente Rafael Correa, padrino político de González y enemigo acérrimo de Noboa, se dedica a atizar las divisiones, como lo ha hecho en el pasado. Aunque vive autoexiliado en Bélgica, para evadir procesos judiciales que califica de sesgados, su influencia es aún desproporcionada.

Noboa, de 37 años y heredero de la mayor fortuna del país, llegó al poder en unas elecciones especiales celebradas en noviembre de 2023, luego de que Guillermo Lasso, mandatario de entonces, renunciara –por mandato constitucional— tras disolver el Congreso. Por este motivo, no estuvo limitado de volver a presentarse.

Su corto gobierno ha tenido luces y sombras. Las primeras, de tipo económico, incluyen medidas para contener el déficit fiscal, principalmente con un incremento en el impuesto al valor agregado del 12% al 15%, la reducción de costosos subsidios a los combustibles, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, avanzó en un tratado de libre comercio con Canadá.

Su combate al narcotráfico y la violencia, que había elevado la criminalidad a niveles récord, muestra un saldo mixto. Si bien logró bajar la tasa de homicidios de 46 por 100.000 habitantes en 2023 a 39 el año pasado, lo hizo tras decretar un “conflicto interno no internacional”, similar a un estado de excepción, y dar a las fuerzas militares poderes que han conducido a claros excesos. Además, enero de este año ha sido el mes más violento en la historia del país. A lo anterior se añaden prologados apagones eléctricos –en algunos casos de 14 horas–, producto de una sequía que ha reducido drásticamente la capacidad de generación hidroeléctrica, y estos también han pasado cuentas políticas.

Además, un enorme e indebido control de los órganos judiciales y electoral (salvo la Corte de Constitucionalidad), que allanaron el camino para que pudiera hacer campaña sin renunciar a la presidencia y con el aparato del estado como apoyo.

Que, a pesar de lo anterior, Luisa González, de 47 años, y su partido lograran el virtual empate, con extendida huella regional, demuestra el descontento de amplios grupos por el curso del país, y la creencia de que esta fuerza opositora puede marcar un cambio positivo. Es algo sobre lo que tenemos serias dudas. Si bien la candidata ha planteado un discurso de izquierda moderada, con un estilo mucho menos confrontativo y autocrático que el de Correa, tanto ella como su partido mantienen fuertes tendencias estatistas y un manejo poco responsable de las finanzas públicas.

Las diferencias entre ambas fuerzas mayoritarias podrían allanarse si, de parte de ambas –y, sobre todo, de sus líderes— existiera una voluntad negociadora que lograra convergencias mínimas y evitara cuatro años de confrontaciones y una eventual parálisis política.

La campaña hacia la segunda vuelta, como es usual, estará dedicada a obtener el apoyo de los partidos y dirigentes minoritarios, a hacerles promesas, marcar las diferencias y exacerbar los ánimos. No se puede pedir otra cosa. Pasado este período, y definido si Noboa o González ocupará la Presidencia, es que deberían abrirse los procesos negociadores, con transparencia, respeto a las instituciones y apego a la racionalidad. Para ello, habrá que esperar a mediados de abril.