Sito Miñanco o la última bala del mito: sus planeadoras eran para avistar delfines

Para José Ramón Prado Bugallo (Cambados, 1955) la vida en los 90 era una vida de narcocorridos a la gallega, de navegar con planeadoras sorteando las bateas de la comarca pontevedresa del Salnés con la adrenalina a tope, de mujeres, de excesos y de «comprar», en definitiva, a toda una sociedad: desde las instituciones locales y regionales, a las famlilias del pueblo, pasando por su propio equipo de fútbol –el Cambados, que subió a lo más alto– y hasta pagando tratamientos médicos a gente que lo necesitaba. Todos veneraban a José Ramón, más conocido como «Sito Miñanco» y aún a día de hoy sigue gozando del cariño y el respeto no solo de la gente que trabaja para él –cuando alguno ha estado en prisión ayuda a sus familias económicamente– sino también de mucha gente de la comarca. Y eso a pesar de que todas esas inyecciones de dinero estaban «manchadas» con el dinero de la droga y dejó a toda una generación de chavales veinteañeros en el cementerio por el desconocimiento que había en aquellos años hacia la droga que él y otros introducían sin pudor.

El principio del fin de aquella impunidad podría tener dos nombres: Carmen Avendaño y Baltasar Garzón. La primera creó, junto a otras madres de hijos adictos, la asociación contra las drogas «Érguete» y comenzaron a hacer «escraches» en los pazos de los narcos cuando todavía ni se había acuñado ese término. El segundo, dio el primer gran golpe al narcotráfico gallego con la «operación Nécora» en 1990.

A pesar de ello, los que cambiaron el contrabando de tabaco por el hachís y la cocaína siguieron metiendo droga a espuertas y Sito –uno de los narcotraficantes más importantes de Europa en torno a cuya figura se ha creado un mito al más puro estilo serie de Netflix, no quiso reinventarse a pesar de los reveses judiciales. Así, ha pasado casi la mitad de su vida entre rejas (31 años, según dijo él mismo).

«No sabe hacer otra cosa, no lo hace por dinero, es el ego de decir: ‘Yo te pongo aquí ocho toneladas mañana directamente desde Colombia’. No lo puede remediar. Es cierto que es un tipo con férreos códigos de honor, que nunca deja tirada a su gente, que nunca ha delatado a nadie y es muy educado en el trato. Además, se implica en sus operaciones, él mismo conducía planeadoras, no siempre se quedaba en un chalé a esperar que su gente coronara», explica un agente que le conoce bien.

Es este ego el que le lleva a volver a las andadas cada vez que empieza a gozar de permisos penitenciarios. Como, sospechan, hizo la última vez: en 2017 trató de introducir casi cuatro toneladas de cocaína y blanquear 11 millones. La Fiscalía pide ahora para él 31 años de cárcel aunque desde esta última detención encadenó la prisión preventiva con el cumplimiento por otra causa de blanqueo, después de que el Supremo le condenara a tres años y ordenara el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego.

Estos últimos años ha pasado por la prisión de Zuera, en Zaragoza, y Estremera (Madrid) y ha sido, quizás, su etapa privado de libertad más dura. Porque en septiembre cumplió 69 años y porque ahora, cuando concluya el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, puede que le confirmen que pasará la última etapa de su vida entre rejas.

Lo que se juzga ahora, esas cuatro toneladas, dio nombre a la «operación Mito», bautizada así precisamente en honor a lo que ha sido esta persona en el mundo del narcotráfico. Esta semana le tocó defenderse de las acusaciones contra él y, lógicamente, negó la mayor.

«Soy totalmente inocente», dijo. «El fiscal dice 314 veces que trafiqué con drogas pero no ubica la venta de un solo gramo», explicó, para asegurar que en la época de los hechos se dedicaba a gestionar aparcamientos y vender teléfonos móviles encriptados, embarcaciones y motores.

Sito contó que en 2016 se encontraba terminando de cumplir una sentencia por otra causa relacionada con el narcotráfico en régimen abierto en un centro de Algeciras (Cádiz), donde residía y donde a comenzó a trabajar como encargado de zona de una empresa que gestionaba aparcamientos. Dijo que sus desplazamientos desde Algeciras a Chiclana y a las localidades malagueñas de Marbella y Torremolinos se debían a la recaudación de dinero de aparcamientos de la empresa para la que trabajaba y no para preparar operaciones de narcotráfico.

Según recogió Efe, Prado Bugallo añadió que se dedicaba a vender teléfonos y que en un momento determinado le presentaron al holandés Raymond V.R., otro de los acusados en esta causa, con quien comenzó a vender móviles encriptados que les proporcionó importantes ingresos ya que cada uno costaba unos 2.000 euros.

«Si el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa hubieran tenido teléfonos encriptados no les habría pasado lo que la prensa dice que les pasó», añadió Miñanco en referencia al supuesto espionaje al Gobierno.

Avistamiento de cetáceos

Además, sostuvo que aprovechando sus contactos en Galicia vendió cuando estaba en Algeciras motores fueraborda y embarcaciones semirrígidas (prohibidas desde 2018) pero no para ser utilizadas para el narcotráfico. Fue en este momento cuando dio quizás uno de los argumentos de defensa más surrealistas que ha empleado nunca y que, reconocen, ha sacado media sonrisa a los agentes de Estupefacientes que le conocen desde hace décadas. «Valen para muchos usos. Se pueden usar para pesca submarina, para avistar ballenas, delfines y también para abastecer los barcos que hay allí. Se le dan diferentes usos». En resumen: que las potentes planeadoras no eran para introducir fardos de droga, sino para el avistamiento de cetáceos.

Pese a ello negó cualquier lazo con el astillero del que según la Policía salían las embarcaciones para la recogida de la droga. «Con Astilleros Facho, relación ninguna. Estuve trabajando allí en el año 2000. Tenía amigos allí, sobre todo el difunto Ramiro Sotelo, que nos criamos juntos y era un hermano para mí».

El abogado de Puigdemont

Durante las pesquisas el 6 de febrero de 2017 les fueron confiscados en el aeropuerto de Madrid casi 900.000 euros a cinco colaboradores de Sito que trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas, según mantiene la Fiscalía. Entre los acusados se encuentra también Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

Boye, que llevó la defensa de Sito Miñanco en otros procedimientos, está acusado de ayudar a elaborar documentos falsos para justificar la procedencia de esos 900.000 euros confiscados en el aeropuerto. Su defensa argumenta que estas acusaciones son infundadas y que su única participación fue de asesoramiento legal pero no contaba, quizás con que se iba a producir una confesión en el juicio y delatarían su papel en la trama. Su futuro procesal es ahora más oscuro que cuando empezó el juicio.

La confesión que nadie esperaba

Uno de los acusados, Manuel Puentes Saavedra, alias «El Gordo», reconoció esta semana en la Audiencia Nacional que él coordinaba los envíos de dinero a Colombia que le proporcionaba Luis Enrique García Arango, mano derecha de Sito, y que se reunió con el abogado Gonzalo Boye en su despacho dado que éste asumió la gestión de recuperar casi 900.000 euros incautados en Barajas.

«El Gordo» dijo que en un principio él creía mover dinero solamente para otro acusado sin conocer la procedencia del mismo pero en una reunión que se celebró para ver cómo recuperar las cantidades incautadas en Barajas coincidió con «Mario» –alias que presuntamente usaba Sito Miñanco– y que éste le confesó que el dinero era suyo.

En la reunión con Boye y otro abogado encausado le dijeron que existían unos pagarés que servirían para justificar el dinero incautado, si bien ha añadido que él nunca llegó a ver esos documentos.