El juez que investiga a García Ortiz cita como testigo al decano del ICAM ante posibles "perjuicios corporativos" a la abogacía

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, declarará como testigo en el Tribunal Supremo (TS) en el marco de la investigación por revelación de secretos al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la difusión de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha acordado el magistrado Ángel Hurtado, que considera pertinente su testimonio en la medida en que a raíz de los hechos investigados "pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva", así como "derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa". El decano del ICAM -que denunció los hechos mediante la presentación de una querella y ejerce la acusación popular en el procedimiento- deberá acudir al alto tribunal el próximo día 21.

Ribón explicó a LA RAZÓN en una entrevista publicada el pasado 16 de diciembre que tras la divulgación de esos datos reservados, que le hicieron incluso dudar de la autenticidad de la nota de la Fiscalía, "para corroborar su veracidad" se puso en contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien a través de un mensaje le pidió "tener una conversación informal", en el curso de la cual le preguntó "si la nota es veraz y si son conscientes de la trascendencia de su publicación, recordando que esto estaba despertando, como no podía ser de otra manera, los fantasmas de la intervención de comunicaciones de Garzón" (que culminaron con la condena por prevaricación del entonces juez de la Audiencia Nacional por autorizar las escuchas de las conversaciones en prisión de los principales cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados).

"La relación entre un cliente y un abogado se basa en la confianza y, también, en el secreto de esas comunicaciones -explicó al respecto al decano del ICAM-. Y la revelación por parte de la Fiscalía socava el derecho de defensa, que es la piedra angular del Estado de derecho. El secreto profesional no solo es un derecho del abogado, sino que es una garantía del ciudadano y del sistema judicial. Por lo tanto, dinamitar ese principio básico de nuestra Constitución equivale a deshacer los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Rodríguez le convocó a una reunión al día siguiente con el propio fiscal general para intentar calmar las aguas (como así consta en los mensajes del móvil intervenido a Rodríguez). En esa reunión con García Ortiz, señaló Ribón en esa entrevista, "prácticamente se reprochaba la actuación de la Abogacía defendiendo la atípica divulgación de la Fiscalía y eso nos llevó a tomar medidas" con la presentación de la querella que llevaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a imputar a Pilar Rodríguez y al fiscal de delitos económicos Julián Salto (que después sería apartado del procedimiento) y a pedir posteriormente al Tribunal Supremo la imputación de García Ortiz, que llevó el alto tribunal a abrir una investigación penal contra él.

A Ribón le sorprendió, relató, que desde la Fiscalía "se estaba tratando de defender la divulgación de esas conversaciones íntimas entre el abogado y el Ministerio Público con vulneración del secreto profesional y se nos pedían incluso disculpas por la petición de explicaciones". A consecuencias de lo cual, añadió, la posición del ICAM "no podía ser otra que exigir responsabilidades por esa divulgación, en el bien entendido de que no solo se protege el secreto profesional, sino también la confianza ciudadana en la Justicia y, por tanto, a la sociedad misma".

Para el decano del ICAM la divulgación de esos datos confidenciales de la investigación por supuesto delito fiscal al novio de Ayuso y del cruce de correos con su defensa para intentar cerrar un acuerdo de conformidad (que en un correo del 2 de febrero del pasado año la entonces defensa de González Amador propuso al fiscal del caso a cambio de admitir el fraude tributario que se le atribuye) supone "la ruptura de un principio básico en el derecho de defensa que es el secreto profesional", por lo que el Colegio "no tuvo otra alternativa que, cumpliendo con sus fines, defender el Estado de derecho y presentar la correspondiente denuncia" ante la "extrema gravedad" de esa divulgación, que según el ICAM "dinamita las posibilidades de negociación entre las partes, que en ese momentos son aproximaciones para valorar un posible acuerdo". Un acuerdo que una vez hechas públicas esas conversaciones, resultaba "imposible" -insistía- "porque la confianza se ha roto y, por lo tanto, el procedimiento queda viciado".

Ribón también apuntó a este periódico que "bajo ninguna cirscunstancia" que la Fiscalía intentase desmentir un bulo (que el ofrecimiento de acuerdo había partido de la Fiscalía, y no del abogado del empresario, y que desde la Fiscalía General del Estado se había frenado ese posible acuerdo por tratarse del novio de Ayuso) justificaba la difusión pública de datos reservados. "El deber de confidencialidad y el sigilo profesional no pueden ser relativizados bajo ninguna circunstancia", argumentaba. "Desmentir un bulo no es una justificación válida para vulnerar principios fundamentales como el secreto profesional", defendió el decano del ICAM.