El pacto y la Coordinación Fiscal
Desde que se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1978, también se introdujo el Impuesto al Valor Agregado para aprovechar sus ventajas respecto al impuesto sobre ingresos mercantiles, cuyas bondades hicieron que el secretario de Hacienda en esa época, Don David Ibarra, hiciera la propuesta al presidente López Portillo para sustituir el ISIM por el IVA.
En el Congreso se aprobaron ambos en 1978, sin embargo y lo relata el maestro Ibarra, un año después lo convoca el presidente y dice al maestro Ibarra, “que no le va a entrar a lo del IVA”, porque su principal asesor económico –Rafael Izquierdo– y el Consejo Coordinador Empresarial, alegaban que iba a ser inflacionario.
Y que en caso de la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, iba a ser “la reforma de David Ibarra, no la del presidente”, a lo que el maestro Ibarra contestó con una pregunta, sobre el Decreto de Expropiación Petrolera, cuya redacción fue del maestro Don Jesús Silva Herzog, con lo que convenció a López Portillo y se aprobaron ambos acuerdos.
Al crearse el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados firmaron un Convenio de Adhesión al mismo, dejando en suspenso los impuestos. Con el convenio, recibirían a cambio participaciones de la recaudación de impuestos federales, lo que se empezó a llamar, Recaudación Federal Participable.
Lo anterior provocó pereza en la mayor parte de los estados, que preferían recibir las participaciones, que cobrar impuestos, porque “tenían costo político”. Por supuesto que se han dado excepciones notables. Mejor pedir y cabildear con Hacienda que asumir ese falso costo político.
Por otra parte, se empezó a ver que la distribución de las participaciones provenientes de la recaudación federal, esto es del esfuerzo fiscal de la Federación, era inequitativa, inercial, afectando fundamentalmente a las entidades de menor desarrollo económico y social, principalmente las del sur sureste, y particularmente, a Oaxaca, pero también a Chiapas y Guerrero. Esto porque siempre estuvo olvidado el sureste.
Por eso cuando fui coordinador de la Comisión Permanente electo por los estados, propusimos desde Oaxaca un cambio en la fórmula de distribución de participaciones.
No era que nuestros estados no cumplieran su tarea, era porque el modelo de desarrollo apuntó a fortalecer al Centro Norte y la pobreza se concentró en el Sur fundamentalmente.
Al conocer que entonces Tabasco tenía un per cápita de 9 a 1 en las participaciones, respecto a Oaxaca, planteamos una formula diferente, apoyada por 26 entidades federativas, la cual se aprobó en 1989 y entró en vigor en 1990.
Punto relevante fue la figura de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, en el cual las entidades federativas pueden colaborar en algunos aspectos en el esfuerzo recaudatorio de la Federación.
Figura relevante ha sido la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, llegando a tener más de 16 grupos de trabajo con una gran participación de los estados y por supuesto, del personal de la propia Secretaria.
El tema fundamental que quiero comentar es el del llamado Pacto Fiscal a partir lo que señaló el anterior gobernador de Jalisco, pero que en el pasado solo fue mencionado, por tres o cuatro gobernadores.
Y también el tema de la pobre recaudación de la mayoría de los estados, excepciones como la CDMX –la más relevante–, Edomex, Nuevo León, Baja California y Chihuahua, y algunas cuantas mas.