Los propietarios de pisos turísticos propondrán un sello de calidad para mejorar su regulación

En el punto de mira desde su proliferación en las grandes capitales españolas, los medianos municipio s tampoco escapan al fenómeno de los apartamentos y pisos turísticos, sobre todo aquellos enclaves más visitados. ¿Entre sus atractivos? Mayor privacidad y flexibilidad a la hora de adaptarse a diferentes tipos de viajeros, además de resultar más económico, sobre todo si se viaja en grupo -familia, amigos...-. Clemente Oria es presidente de la Asociación de Vecinos Recinto Amurallado de Segovia, en pleno casco históricos, y ha visto como de un tiempo a esta parte se han desarrollado este tipo de negocios, «complicando un poco la vida a los residentes de las zonas visitadas». Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad y otra de las urbes con mayor atractivo para el turismo, se veía recientemente envuelta en la polémica a cuenta de una controvertida ordenanza aprobada que prohíbe estos alojamientos por encima de la planta baja o del primero en edificios donde haya residencia habitual y turística, una medida que ya ha anunciado que recurrirá la asociación de propietarios de este tipo de alojamientos. La Junta de Castilla y León trabaja desde hace meses en una nueva regulación que pretende mejorar la obsoleta normativa actual y adaptarla a los nuevos tiempos. Con ese fin, está manteniendo reuniones con las alcaldías de las capitales y este martes lo hará con la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León. El objetivo, señalan fuentes del departamento que dirige Gonzalo Santonja, es «recoger sus demandas, ver en qué se puede mejorar y llegar a un consenso». El colectivo implicado teme que cunda el ejemplo de Salamanca y se sigan aprobando «ordenanzas similares». Por eso, en este encuentro quiere poner sobre la mesa un conjunto de medidas o recomendaciones que, bajo su punto de vista, ayudarían a evitar situaciones indeseables sin perjudicar a un sector «clave» que «genera empleo y riqueza en las zonas donde se ubica» y que permite «descentralizar» la oferta, defiende en ABC su presidenta, María José de la Torriente. Para esta asociación, es «fundamental» contar con una normativa «clara y coherente» , pero considera que tiene que ser lo suficientemente «flexible» no solo para adaptarse a las «particularidades» de estos alojamientos, sino también las que tienen los enclaves donde están asentadas: «No podemos aplicar un modelo único». Aboga, además, por «establecer unos requisitos mínimos de calidad», y creen que en ese sentido ayudaría la creación de «un sello» como «un elemento diferenciador» de aquellas viviendas y apartamentos que cumplan con «los más altos estándares». También lo haría impulsar «mecanismos para combatir la competencia desleal y el intrusismo en el sector». No obstante, es consciente de que para mejorar la regulación hay que escuchar a todas las partes, por lo que defiende que se haga en «un marco de diálogo con todos los agentes implicados -asociaciones, ayuntamientos, administraciones públicas y representantes de vecinos- para encontrar soluciones que beneficien a todos». Ángel de Román es el presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Castilla y León, entidad que ha participado en la redacción de la ordenanza salmantina, con la que cree que el «problema» de convivencia que podría generarse con la comunidad local «se reducirá de forma sustancial». Desde el Consejo ve necesario que los ayuntamientos se pongan de acuerdo y regulen en el mismo sentido: «Los residentes tenemos las mismas necesidades, por lo tanto no entendería que -las normas- fueran diferentes», sostiene De Román, quien defiende que la «huella» dejada en esa ordenanza «no es solamente pensando en las comunidades de Salamanca, sino de toda España». Por su parte, la Asociación de Apartamentos Turísticos considera, en cambio, que e l sector está siendo objeto de «campañas de desprestigio»: «Se nos ha acusado de generar molestias a la comunidad local, de atraer turismo de baja calidad e incluso de ser responsables de la subida de los precios de la vivienda», acusaciones que rechazan «rotundamente». «Es cierto que, como en cualquier sector, pueden existir casos aislados de malas prácticas, pero no podemos permitir que se utilicen para demonizar a un sector que contribuye de forma tan significativa a la economía y desarrollo de Castilla y León», concluye.