Editorial: Renuncias sin rendición de cuentas

En un gobierno caracterizado por la mayor rotación de altos cargos en la historia del país, las renuncias o destituciones de ministros no generan sorpresa. Hasta el 30 de enero anterior, 15 habían dejado sus cargos, además de 31 viceministros y 16 presidentes ejecutivos de instituciones autónomas.

Sin embargo, la anunciada salida de cuatro más ese día tuvo características desusadas, por la simultaneidad del hecho, por la expectativa político-electoral generada y porque el presidente Rodrigo Chaves convirtió la ocasión en una producción televisiva especial. En ella se vieron obligados a participar y aplaudir todos los miembros de su gabinete y jerarcas de autónomas, mientras el anfitrión llenó de elogios a sus “jaguares” salientes.

Los celebrados fueron Laura Fernández, ministra de la Presidencia (antes en Planificación) durante apenas siete meses; Mauricio Batalla, por diez meses en Obras Públicas y Transportes; Francisco Gamboa, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y Anna Katharina Müller, de Educación, ambos en sus cargos desde el 8 de mayo de 2022. A los tres últimos los relevaron viceministros, mientras que el sustituto o sustituta de Fernández no ha sido anunciado aún.

A ellos se sumó Osvaldo Artavia, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) desde febrero. Este fue reemplazado por su asesor Juan Ignacio Rodríguez Araya, quien solo estuvo siete días en el cargo. Justamente este viernes 7 de febrero dimitió, a solicitud del mandatario, luego de que la prensa revelara que estuvo en contacto con un presunto líder narco del llamado Caso Azteca.

De vuelta al acto del 30 de enero anterior, revestido de un carácter tan especial por decisión del presidente, faltó un elemento fundamental: el rendimiento de cuentas sobre lo hecho, indispensable para aquilatar la labor de los altos funcionarios y justificar los elogios recibidos. En su lugar, Chaves les atribuyó altos índices de popularidad (que pareciera la variable clave para el Ejecutivo), sin aportar datos para sustentar su juicio. Pero, aunque tal cosa fuera cierta, la trascendencia de un funcionario debe medirse por su impacto sustantivo; en estos casos, sus carteras e institución, donde el balance no es motivo de celebración.

La exministra Fernández se inauguró en su cargo con críticas a la reducida “eficiencia” de su predecesora, Natalia Díaz. Sin embargo, a partir de entonces su desempeño no mostró ningún avance en tal sentido. Al contrario, se dedicó a impulsar, con celo y diatribas dignos de mejor causa, la llamada “ley laguar” en tres versiones sucesivas, todas fracasadas. A ello añadió, junto a Chaves, un incremento en la tensión con el Poder Legislativo. Y tuvo momentos de dudosa celebridad con la simulada firma de una ley durante otro de los actos presidenciales, y la promesa de entregar una “bitácora” detallada de presuntos actos de coadministración de la Contraloría, que solo existía en su imaginación.

A Batalla no pueden atribuírsele los recurrentes retrasos del MOPT, pero sí la falta de diligencia y método para intentar reducirlos. No nos referimos a obras con reiteradas parálisis, como la carretera a San Carlos, sino más puntuales, como la finalización de la Circunvalación norte o la intersección múltiple en la Lima de Cartago. Por ejemplo, el puente sobre el río Barranca, entre Caldera y El Roble de Puntarenas, que inauguró durante su último día de labores junto a la ministra Fernández, tuvo un retraso de 18 meses en su inicio, y el costo pasó de ¢2.870 millones –estimados al comienzo– a ¢4.434 millones, al final.

Gamboa, además de escudero en “la ruta del arroz”, impulsó cambios poco eficaces en Banca para el Desarrollo, entorpeció el trabajo de la Comisión para la Promoción de la Competencia y apenas obtuvo mejoras homeopáticas en desregulación.

Sin embargo, el peor desempeño, que casi podríamos calificar como agresión contra un pilar de nuestro contrato social, fue el de Müller. Como ministra de Educación, su método fue destruir o desmantelar sin sustituir o estructurar. Así sucedió con una “ruta de la educación” que nunca logró definirse con claridad, con el programa de informática educativa, con las pruebas FARO y con los programas de afectividad y sexualidad, entre otros casos tristemente célebres. Fue en medio de las críticas por la eliminación de estos últimos que se despidió.

Las renuncias se produjeron un día antes del límite establecido por el Código Electoral para que ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y otros altos jerarcas con aspiraciones presidenciales dejen sus cargos. Por esto, las especulaciones políticas han rodeado sus decisiones. Quienes, de ellos, parecieran más decididos en tal sentido, son Batalla y Fernández, y a la incógnita sobre sus reales intenciones (o las de los otros renunciantes) se añade otra: cuál sería su partido, en vista de que no tienen.

Las posibles aspiraciones deberían haber sido razón de más para rendir cuentas detalladamente, pero esa oportunidad ya pasó. Quizá la desperdiciaron por su debilidad; quizá, también, por un abordaje poco sustantivo de la función pública. Cualquiera sea el caso, los presagios no son buenos.