El Parlamento andaluz se embarra con la corrupción tras el cese de la interventora que denunció los contratos sanitarios

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha decidido destituir a la máxima responsable de fiscalizar su gestión desde dentro -y a la mitad de la cúpula de la Intervención General- en pleno proceso judicial que investiga un posible delito de prevaricación en los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2024. Hay tres altos cargos de la Junta imputados en una causa que también pilota la Fiscalía Anticorrupción: la actual gerente del SAS y sus dos predecesores.

La importancia de esta coincidencia es minimizada por el Ejecutivo de Moreno como algo “circunstancial”, e hiperbolizada por todos los grupos de la oposición de izquierdas, que ven una relación causa efecto entre el cese fulminante de la interventora general de la Junta, el pasado 8 de enero, y el informe que ésta elevó a la Consejería de Hacienda en 2022 alertando de un posible “fraude de ley” en el fraccionamiento masivo de contratos menores en el SAS.

Así de efervescente ha empezado este periodo de sesiones en el Parlamento andaluz, al que ha regresado con toda la fuerza posible la corrupción como leit motiv del debate político. Aunque Moreno se ha jactado más de una vez de haber desterrado de los titulares la corrupción desde que él gobierna, en realidad el PP nunca ha dejado de usar este recurso dialéctico para mantener la cabeza gacha de los socialistas, expulsados del poder en 2018 por el macrofraude de los ERE, entre otras cosas.

La novedad hoy es que el PSOE andaluz ha perdido el complejo escénico de venir a la Cámara aireando asuntos de corrupción que salpican al Ejecutivo de Moreno. Y junto a él lo han hecho también el resto de formaciones políticas en la oposición: Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Montero ya lo hizo, Montero ya lo dijo

La consejera de Hacienda, Carolina España, ha acudido este miércoles al Parlamento a dar explicaciones sobre los cinco ceses consecutivos en la cúpula de la Intervención de la Junta en el último mes y medio. El debate no ha aportado grandes novedades, pero el rifirrafe entre la consejera y portavoz de la Junta y sus oponentes de izquierdas ha servido para ensayar la fórmula que se repetirá en el Pleno de la Cámara, una y otra vez, hasta que expire la legislatura. A saber: María Jesús Montero ya lo hizo. Montero ya lo dijo. Y Montero lo hizo antes.

Los de Moreno han desempolvado los 16 años de intervenciones parlamentarias de la nueva secretaria general del PSOE andaluz -a la sazón, consejera de Salud en el Gobierno de Chaves y de Griñán; y titular de Hacienda con Susana Díaz- para citar sus comparecencias una y otra vez como respuesta a los ataques de los socialistas, que hoy dirimen sus contradicciones en la insondable bancada de la oposición.

Claro que como este formato es del todo previsible, España se ha topado con la portavoz de la coalición Por Andalucía, Inma Nieto, recuperando citas de aquel PP en la oposición que defendía la palabra de los interventores contra el Gobierno socialista asediado por la corrupción del caso ERE. También el diario de sesiones esconde un volumen considerable de contradicciones de un PP que antaño exigía explicaciones a Montero en el Parlamento por el cese de su interventor jefe, a la par que reclamaba una y otra vez una comisión de investigación sobre los desmanes en la concesión de ayduas socialaborales que ya investigaba la Justicia.

La consejera de Hacienda no se ha salido del guión: dijo en su momento que el cese de la interventora jefe de la Junta, María Ángeles González Pavón, había sido por “a petición propioa y por motivos personales”, y se ha reiterado en la tribuna. Los otros cuatro interventores destituidos, que formaban parte de la cúpula de la Intervención General, también eran puestos de libre designación que fueron sustituidos por el nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa.

“En ningún caso ha sido por motivos disciplinarios”, ha asegurado España, desligando estos ceses de los informes de la Intervención en el SAS que denunciaron las irregularidades en los contratos de emergencia con clínicas privadas -reclamados por el juez y la Fiscalía Anticorrupción que investigan la querella del PSOE- y de los informes que destaparon “un fraude de ley” en el fraccionamiento masivo e indebido de contratos menores. “Ninguno de los que han sido cesados tenían competencias en la Intervención del SAS”, dice España.

473 ceses en la Intervención en nueve años

La consejera portavoz ha circunscrito los ceses en la “normalidad” de una Administración, recordando que entre 2015 y 2024 se han producido 473 cambios en el cuerpo de interventores de la Junta de Andalucía -entre 70 y 80 ceses al año entre el personal de máximo nivel- y ha destacado que la media de duración en el cargo de los últimos cinco interventores generales de la Junta, desde los últimos gobiernos del PSOE a los primeros del PP, es de dos a tres años. González Pavón ha estado casi tres.

Pero España sí ha tenido que admitir en la Cámara que existe un pulso enconado con el cuerpo de interventores de la Junta, antes incluso del cese de su jefa, y que les enfrenta por un conflicto laboral y salarial desde hace meses. “Ruido mediático”, lo ha llamado la consejera, para referirse a una negociación larga por las retribuciones de los auditores, que acusan al Gobierno andaluz de haber aprobado una Ley para regular el cuerpo de inspectores sin dotarles de más personal, medios y recursos.

El pasado noviembre amagaron con ir a una huelga que la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, logró evitar proponiendo mejoras laborales y salariales que, dicen, “no se han cumplido”. España ha hecho referencia a este conflicto laboral de la élite de la Administración pública, y ha usado términos firmes y beligerantes, que indican que el conflicto está lejos de apaciguarse.

La Consejería de Hacienda es partidaria de aprobar un complemento salarial -en torno a 5.000 euros más- pero sólo para los interventores que, entre sus funciones, está firmar expedientes, contratos o ayudas que aprueba el Gobierno, que aportan “un marchamo de legalidad” a los contratos públicos, pero también les hacen corresponsables. Por ejemplo los contratos de emergencia que autorizó el SAS, y que ahora investiga la Justicia. Una parte del colectivo reclama que ese plus salarial sea extensible a todos y la consejera ha respondido hoy con firmeza: “No se pueden generar agraviso ni habrá café para todos como se está pidiendo”.

“Caza de brujas” y “ley del silencio”

En el cese de la interventora general se han mezclado ambos asuntos, tanto el conflicto laboral interno como los informes en contra de los contratos sanitarios, generando una bola de nieve que ha desembocado en una enorme bronca en el Parlamento. Toda la oposición ha respondido a la consejera con acusaciones de corrupción política en la contratación del SAS, con más o menos dureza.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afeado a España que simplificase la destitución de cinco interventores de la Junta “sólo porque quieren cobrar más dinero”. “A ustedes les sobra la Intervención, han decidido declararles la guerra porque son independientes. No lo hacen por los informes que hayan podido hacer, sino por lo que hagan en el futuro. Es la ley del silencio, quieren que se autocensuren, y eso es la muerte de la Administración democrática”, ha dicho.

Desde la coalición Por Andalucía, Nieto ha recordado a la consejera la defensa ferviente que hizo el PP de la labor independiente de los interventores de la Junta, como parte de su estrategia política en la instrucción de los ERE para derrocar al Gobierno socialista. “Ustedes defendían aquello porque eran los suyos, y ahora que les miran a ustedes, buscan interventores más dóciles”, dijo.

La diputada de Vox, Alejandra Jiménez, ha acusado al Gobierno andaluz de “vulnerar la ley” de contratación al abusar de la adjudicación de emergencia -a dedo, sin publicidad ni concurrencia- y ha denunciado que “Moreno teme que se extienda la mancha de la corrupción en Andalucía” a partir de la investigación judicial de esos contratos. “El hedor de la corrupción y la mala gestión sanitaria fue el principio del fin del Gobierno socialista y parece que también lo será de este”, advirtió.

Desde el PSOE, la diputada María Márquez ha hablado de “caza de brujas” al referirse a los cinco interventores cesados, ha asegurado que el Gobierno de Moreno “se siente impune” tras su mayoría a dura, y ha exigido “mano dura” con la corrupción, no con los auditores de la Junta. Márquez ha hecho el discurso más duro, extendiendo el tema de la corrupción a otros casos que salpican al PP en España, desde la causa por financiación ilegal contra el extesorero del partido, Luis Bárcenas, “los sobres a M. Rajoy”, o la caída de Pablo Casado como líder nacional “tras denunciar la corrupción en torno a Isabel Díaz Ayuso”.

El debate lo han cerrado al contraataque, en términos muy crudos, tanto el diputado del PP Pablo Venzal como la propia consejera. Venzal ha aireado las causas judiciales aún abiertas que salpican al PSOE, como los enchufes en la extinta fundación Faffe de la Consejería de Empleo -en el que acaban de imputar a otra veintena de personas- o el caso ERE. Sobre la investigación a los contratos sanitarios, el diputado ha asegurado que “en el SAS los contratos de emergencia son históricos”, y ha aventurado que la investigación por un supuesto delito de prevaricación “les va a dar bastante poco”, en alusión a la bancada socialista.

“Andaluces avergonzados”

El último aldabonazo lo ha dado la portavoz de la Junta, más cómoda en su perfil político que institucional, sobre todo cuando carga contra el PSOE. “Los andaluces estaban avergonzados de ser andaluces con un Gobierno que les había traicioado”, ha llegado a decir a los socialistas, para enumerar luego “el dinero público para drogas, juergas, prostíbulos”, la imputación de Begoña Gómez, del hermano de Pedro Sánchez, de Ábalos o del fiscal general del Estado. “Que ustedes nos hablen del cortijo de Andalucía...”, ha terminado diciendo.

El PSOE andaluz ha solicitado este miércoles por escrito en el Parlamento la comparecencia de la exinterventora general de la Junta y de los cuatro auditores de su equipo directo cesados por el Gobierno de Moreno. Los socialistas quieren que ellos mismos expliquen las razones de su destitución, después de que la máxima responsable de fiscalizar las cuentas del Ejecutivo autonómico desmintiera la versión oficial que dio su jefa ante 50 interventores de su equipo convocados a una reunión telemática un día antes de oficializarse su cese.