Impuestos: el Gobierno deja la puerta abierta para que las empresas le ganen juicios millonarios

Por el panorama del Congreso y el proyecto en materia de impuestos que envió el Gobierno para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias, las empresas podrían iniciar juicios millonarios al estado y ganarlos. El trasfondo de las negociaciones.

Entre los siete proyectos que envió el oficialismo a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, para debatir durante el verano, uno trata sobre el impuesto a las Ganancias: la Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos.

Ese proyecto plantea establecer al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) como indicador para el ajuste además de un "ponete al día" para aquellos que lo hicieron el pasado.

El texto desconoce la reforma que se aprobó durante el Gobierno de Mauricio Macri, por medio de la Ley 27.430, que estableció al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) -inflación mayorista- del INDEC como mecanismo de ajuste de los quebrantos.

El trasfondo

"Que las empresas vayan a litigarlo", habría sido la frase que les dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, José Luis Espert cuando los "bloques dialoguistas" pidieron cambios en la redacción.

En especial, sobre el artículo 2, que pretende que aquellos que hayan actualizado los quebrantos en ejercicios fiscales anteriores a 2025 "regularicen su situación" a partir del pago del gravamen en hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Ante el pedido de cambio de este artículo a los equipos técnicos del ministro de Economía, Luis Caputo, por medio del diputado Espert, el mismo habría deslizado esa frase. "Queremos que se apruebe ese proyecto o ninguno", respondieron altas fuentes de La Libertad Avanza (LLA) ante la consulta de El Cronista.

Sin los votos: sigue el dictamen

Este escenario, en donde aseguran no están los votos de la "oposición dialoguista" para la aprobación del proyecto, deja a las empresas en vilo. Dado que antes del envío, la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) a cargo de Claudia Balestrini -funcionaria de la gestión de Alberto Fernández- sacó un controversial dictamen.

"Conforme la normativa vigente en la ley de impuesto a las Ganancias, cabe concluir que no resulta de aplicación, a los quebrantos, excepción alguna a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 93 de la ley, es decir, y salvo que medie reforma que así lo autorice, es la propia norma que no autoriza la posibilidad de actualizarlo bajo otro índice que no sea 1 (uno)", establecieron en el dictamen.

Es una interpretación que fue criticada por el socio del Departamento de Impuestos de Lisiki, Litvin & Asociados, Martín Caranta. "Afirman que por el artículo 93 de la Ley 24.073 la actualización es por uno, lo que es lo mismo que nada, y que lo que se puede ajustar son los valores amortizables, los costos computables de activos adquiridos después de la reforma fiscal de Mauricio Macri", destacó.

Juicios millonarios

Todos los especialistas consultados por El Cronista concuerdan en que el dictamen y los accionares del fisco responden a la necesidad de recaudación. "¿Te hacen litigar por confiscatoriedad? Parecería ser que sí. Y la confiscatoriedad está probada, van a perder, ¿Quién paga las costas por el juicio? El que pierde", deslizó otra fuente.

Así, un dictamen bajo la directriz de una funcionaria que perduró de la gestión anterior expone al Estado frente a juicios millonarios por parte de las empresas, además de ir en contra de la premisa de buena utilización de los recursos públicos que dice caracterizarse la gestión libertaria.