El recorte de jornada de Yolanda Díaz deja a las empresas sin ayudas y con un coste de 24.000 millones

El Gobierno convirtió ayer la aprobación de la reducción de jornada por el Consejo de ministros en un «hito histórico», con una receta con «mucho amor, síntesis y política» y que va a llevar a los trabajadores a «olvidarse de vivir para trabajar y empezar a trabajar para vivir». Fueron las grandilocuentes palabras –con profundo aire demagógico– que utilizó ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para definir un anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, recogiendo el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, con el rechazo de CEOE y Cepyme, que advierten de las duras implicaciones que tendrá en el empleo, la contratación y en el incremento de los costes laborales.

Según apuntan desde la patronal, el coste de la reducción de jornada por trabajador para el empresario será de entre 1.800 y 2.000 euros, sumando la cotización más el salario, con lo que, en conjunto, teniendo en cuenta que esta medida afectará a casi 12 millones de trabajadores, el coste estaría entre 21.000 y 24.000 millones de euros. «Hagan la cuenta para ese pequeño empresario que tiene uno o dos trabajadores, o para aquellas personas que en su casa tenga un cuidador o alguien dado de alta en el Régimen del Hogar, que sepa que el coste también son 2.000 euros y si se le añade el salario mínimo son 3.000 euros. ¿Ustedes creen que alguien, algún pensionista, alguna familia con un salario medio, puede asumir ese coste de 3.000 euros añadido? Es importante que hagamos esa reflexión para que cada uno analice lo que va a suponer para el tejido empresarial», alertó Lorenzo Amor, presidente de ATA, que cifró esta reducción de horas en un incremento del coste salarial del 6,5%», muy lejos de los incrementos previstos en función de la inflación y otros indicadores. «Por tanto, si tiene ese incremento habrá que buscar medidas que compensen a las empresas. Advierto de que si alguien piensa que va a haber más contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador, aunque digan lo contrario».

Además, fuentes empresariales avisan de que «saltarán por los aires» la mayoría de las negociaciones de los convenios colectivos, a los que la nueva ley obligará a partir de ahora a realizar las adaptaciones necesarias en sus acuerdos entre patronal y sindicatos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma antes del 31 de diciembre de 2025.

Los empresarios insisten en que no se oponen a que se pueda reducir la jornada laboral y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, «pero se debe equilibrar con medidas efectivas que no pongan en peligro la actividad empresarial , grande o pequeña, que genera esos puestos de trabajo, sin discriminar sector o ámbito territorial. Si no fuera así, va a suponer un problema a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas o con plantillas más cortas». Máxime cuando a las empresas se les ha negado una adaptación paulatina, por sectores, por territorios y que estén acompañadas por el sector público con ayudas para su adecuación.

Trabajo ofreció algunas ayudas durante la negociación con los agentes sociales, pero las sacó del acuerdo con los sindicatos al no estar respaldado por las patronales. Díaz había propuesto ayudas directas a la productividad en microempresas de entre uno y cinco trabajadores con hasta 6.000 euros, con las que mitigar el impacto económico que podría tener la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios de los trabajadores.

Pero estas ayudas estaban vinculadas exclusivamente al sí patronal a la nueva ley, algo que no se produjo, por lo que la ministra de Trabajo «castigó» a los empresarios al obviar este paquete de subvenciones en el anteproyecto de ley. Ante esta situación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado proclive a reactivar la parte del acuerdo referente al paquete de ayudas, especialmente para pymes, para que puedan «absorber la rebaja de la jornada laboral sin generales efectos negativos». Algo de lo que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha desmarcado: «Es pronto para decidir».

En esta tesitura, los empresarios, además de tener que afrontar el incremento de costes sin ayudas, también tendrán sobre sus cabezas las multas de hasta 10.000 euros por trabajador –y no de manera global, como hasta ahora– que se aplicarán contra las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Una espada de Damocles que para la vicepresidenta será una de las partes más importantes de este anteproyecto. «El registro horario va a ser digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera va a hacer, de forma objetiva, fiable y accesible», con unos requisitos, entre los que será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido».

Para rematar la presión sobre las empresas, Díaz recordó que la norma incluye el derecho «irrenunciable» a la desconexión digital. «Ningún trabajador va a tener que responder a un mail o a una llamada cuando estén fuera de su horario».