¿Por qué hay que distribuir a los menores extranjeros por las comunidades y no se les devuelve a su país de origen?
Mientras el Gobierno ultima un borrador para el reparto de menores extranjeros no acompañados, la crisis de Canarias se agrava. La isla tutela en la actualidad alrededor de 5.600 menores pero siguen llegando más. Los CETI están desbordados y el Gobierno sigue sin lograr un acuerdo con el resto de comunidades y que desde algunas fuerzas políticas han advertido que podría suponer un "efecto llamada".
El Ejecutivo quiere busca reformar la la Ley de Extranjería, en concreto en su artículo 35 que regula la situación de los menores extranjeros no acompañados. Las principales propuestas incluyen la "distribución obligatorio" de los menas entre las comunidades autónomas. Según el ministerio de Política Territorial hay un punto de coincidencia: que prime el factor de la población, aunque también estaría incluido que se tenga en cuenta la capacidad de acogida y la situación económica de cada región. En la reforma también el Ejecutivo busca que se fije un plazo máximo de 15 días para el traslado de los menores desde su llegada hasta su ubicación en la comunidad autónoma asignada, agilizando así el proceso de acogida y evitando la saturación de los centros en regiones fronterizas
Mientras, el PP insiste en que no se puede repartir a los menores como si fueran "paquetería exprés" reclaman que se tenga en cuenta el acuerdo que ellos firmaron con el presidente canario– por el que le correspondería al Gobierno central gestionar el 50% extra de la ocupación– además de que se pida ayuda a la UE.
Clavijo ve posible que se pueda llegar a un acuerdo con Junts para sacar el decreto adelante, aunque los de Carles Puigdemont han mostrado siempre su rechazo frontal a que en ese reparto entre Cataluña y el PP no está dispuesto a que haya excepciones con ninguna comunidad.
Los de Feijóo persisten también en que se apuesta por el "control de fronteras", perseguir las mafias y agilizar las devoluciones.
Pero, ¿por qué no se llevan a cabo las devoluciones de los menores extranjeros no acompañados?
En las llegadas ilegales, según se desprende del informe "Inmigración en España: buenismo o eficacia" elaborado por NEOS, el aumento de los menas -menores extranjeros no acompañados- ha ido en aumento. De hecho, no se ha producido ninguna repatriación de esos menores salvo en algún caso concreto, apunta. Destaca que esto es debido a varios factores, uno de ellos sería el "estatutos particular previsto y la naturaleza generalmente económica de su razón para emigrar" que podría estar compartida por sus familiares lo que, indica, "parece no permitir la repatriación a su hogar, a pesar de no existir impedimentos aparentes".
Dicho informe destaca que hay una falta de interés por parte de los países de origen en las repatriaciones lo que completaría el obstáculo además de la dispersión de la competencia y supervisión de estos menores al estar atribuidas a las comunidades autónomas quienes, recuerdan, "se sirven de asociaciones para la gestión de centros asistenciales".
NEOS ponte también de relieve que en los últimos módulos aprobados para asignar menas a las comunidades autónomas, se ha utilizado por el Gobierno el "módulo de 50 mil euros por menor". Sin embargo, desde las comunidades se estima un coste más elevado, cercano a los 100.000 euros por menor.
Además, advierte de que "no existen estudios que muestren un relato de éxito en la integración social y laboral de los menores tutelados y de los extutelados" y destaca cómo, el barómetro de Cataluña del CEO en 2023 muestra que un 25% se muestra a favor de las repatriaciones de menas.
En teoría, un menor extranjero no acompañado podría ser devuelto si se demuestra que tiene familiares que pueden hacerse cargo de él en su país, existe una institución de protección que pueda garantizar su bienestar o se respetan todas las garantías legales.
Sin embargo, en la práctica, estos requisitos son difíciles de cumplir, por lo que la mayoría permanecen en España hasta la mayoría de edad.
Con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, cuando Marruecos abrió la frontera y llegaron cientos de menores que, incluso, habían sido engañados ya que creían que venían entonces a España a ver a Cristiano Ronaldo, Interior sí que llegó a realizar devoluciones amparado en un acuerdo suscrito en 2007 entre España y Marruecos sobre “prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado” que aseguraba que en el operativo se respetarán “en todo momento” los “intereses y los derechos” de los menores y que Marruecos se haría cargo de los niños y adolescentes hasta que, lo antes posible, fueran entregados a sus padres -muchos de ellos entonces los buscaban sin saber que habían pasado la frontera-. Sin embargo, el freno está en la justicia. Y es que, entonces, un juzgado de Ceuta ordenó al Gobierno a devolver a los menores que repatrió a Marruecos considerando que se habían vulnerado los derechos de los menores. El juez recriminaba que la administración había actuado al margen de la legalidad porque no se hicieron los trámites obligatorios para analizar caso a caso y determinar si "era preceptiva la repatriación".
Amparados por la legislación
Son varias las normas que amparan a los menores extranjeros no acompañados. La convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establece que España está obligada a garantizar el interés superior del menor en todas las decisiones que les afecten (art. 3) y prohíbe la devolución de menores a situaciones de "peligro o abandono". También el Reglamento de Dublín III (UE, 2013) hace referencia a algo parecido cuando indica que si un menor no acompañado solicita asilo, España es responsable de su protección y de procesar su solicitud si no tiene familiares y no se podrá hacer si no tiene garantías en otro país europeo, o la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, art. 35) que prohíbe la expulsión de menores no acompañados subrayando que solo pueden ser repatriados si se garantiza que en su país de origen tendrán un "entorno seguro y adecuado" de manera que de no tener esa garantía deben recibir tutela en España hasta los 18 años. También la Ley del Protección del Menor obligaría a las administraciones a asumir la tutela de los menores en situación de desamparo garantizando el derecho a la educación, la sanidad y la integración.