Seis de cada 10 hogares vulnerables recibió más ayudas y prestaciones de lo que pagó en impuestos

El pago de ayudas y prestaciones por parte de la Administración fue capaz de reducir la desigualdad de la renta en un 32,5%, pero esta actuación se realizó a costa de las clases medias y las economías más acomodadas, que sustentaron el 100% de esta intervención pública con la redistribución a través de impuestos y prestaciones, que "permitieron reducir la desigualdad en la distribución de la renta entre los hogares españoles en 2022, el dato más bajo desde el inicio de la serie en 2017".

Así lo determina Fedea en su 'Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles', en el que ha analizado el impacto que los impuestos y prestaciones en la renta disponible de los hogares españoles tiene en su redistribución fiscal. Según apuntan sus analistas, las prestaciones monetarias -como las pensiones o la prestación por desempleo- fueron las responsables del 72% de la reducción de la desigualdad, mientras que las prestaciones en especie -sanidad y educación- lo hicieron en un 25,2%. Completan eje redistributivo los impuestos, que lo hicieron en un 2,8%, según datos oficiales del ejercicio 2022.

Sin embargo, esta redistribución de recursos tiene varias sombras. Mientras que la recaudación tributaria creció un 11,2% en términos agregados, este aumento ha provocado que el tipo medio efectivo del sistema fiscal se eleve ya al 35,1% de la renta bruta de los hogares. Sin embargo, el efecto redistributivo del sistema fiscal en su conjunto "fue el más bajo de los últimos seis años, reduciendo la desigualdad de la renta bruta solo un 1,2%, frente al 1,8% de 2021", apunta el informe. Como sucede habitualmente, el IRPF es el único impuesto que contribuye significativamente a la reducción de la desigualdad de la renta bruta, aunque esta contribución vaya siendo cada vez menor desde 2020.

También apunta que el 60% de los hogares con menor renta bruta fue beneficiario neto de la intervención pública -es decir, recibió más en prestaciones de lo que pagó con sus impuestos-, mientras que el 40% restante fue contribuyente neto. Así, el estudio muestra que los hogares pertenecientes a los tres rangos de renta más bajos fueron beneficiarios netos de la intervención pública, percibiendo un subsidio medio efectivo neto, mientras que los hogares de los dos rangos superiores fueron contribuyentes netos. Este saldo favorable al 60% de los hogares con menor renta bruta es decreciente con la renta bruta: del 85,4% para el primer quintil, al 15,9% para el tercero. Para el 40% de los hogares con más renta bruta, la diferencia negativa entre prestaciones e impuestos va desde el -4,7% para el cuarto rango hasta el -23,6% para los centiles 91 a 99 y el -18,1% para el 1% con mayor renta. Por lo tanto, el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la distribución de rentas brutas.

El Observatorio incorpora por primera vez la "perspectiva de ciclo vital de los hogares", con la que se observa que la desigualdad de la renta entre los hogares antes y después de pagar impuestos y recibir prestaciones es "menor que la indicada con el enfoque anual". Las prestaciones monetarias "pierden parte de su capacidad redistributiva, mientras que el gasto en sanidad y educación la incrementan ligeramente". En el caso de los impuestos, el efecto igualador obtenido por renta anual se convierte en un "efecto desigualador, al reducir los impuestos directos su efecto redistributivo y ser los indirectos más desigualadores", explica Fedea. Por tanto, con una perspectiva de ciclo vital, "la intervención pública reduce la desigualdad siete puntos porcentuales menos que con la perspectiva de análisis anual: un 25,5% frente al 32,5%.

Asimismo, el informe muestra que en 2022 se produjo un aumento de la renta obtenida por los hogares del 12,8% con respecto a 2021, sobre todo gracias al buen comportamiento de las rentas del capital y del trabajo. Al mismo tiempo, las prestaciones monetarias aumentaron un 3%, con un aumento del gasto en pensiones y asistencia social, pero un retroceso en desempleo. Estas prestaciones permitieron reducir la desigualdad de la renta de mercado en un 23,4%. La renta disponible -la que dispone después de impuestos- aumentó un 10,3% a pesar del fuerte aumento de la recaudación tributaria (del 11,2%) y de que el sistema fiscal solo redujo la desigualdad en un 1,2%.

En cuanto a las prestaciones en especie, aumentaron en un 4,9%, sobre todo por el efecto de la educación. Las prestaciones en sanidad y educación redujeron en un 10,8 % la desigualdad entre los hogares. Esto contribuyó a elevar la renta disponible extendida -la que suma de renta disponible y prestaciones en especie- un 9,3%.

En una primera aproximación, el informe incluye también una estimación preliminar del efecto distributivo del gasto público no financiero distinto de prestaciones en especie o monetarias, como servicios públicos generales, defensa y medio ambiente. Este gasto añadió 3,3 puntos a la reducción de la desigualdad generada por la intervención pública, elevándola hasta el 35,8%.